John M. Ackerman
La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abre una oportunidad de oro para retomar el camino de la movilización social y la organización política.
El Acuerdo Técnico entre la CIDH y el gobierno mexicano, que creó el GIEI, se firmó el 12 de noviembre de 2014, en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. La fuerza de millones de mexicanos en la calle protestando a escalas nacional e internacional en favor de los estudiantes de Ayotzinapa y contra el mal gobierno obligó a las autoridades a abrir las puertas a una vigilancia externa.
Sin embargo, desde el principio el gobierno hizo todo lo posible por recortar y minimizar el trabajo de los expertos. El Acuerdo Técnico no fue firmado por el Presidente de la República, o siquiera por algún integrante de su gabinete, sino por funcionarios menores: una subprocuradora de la PGR, un subsecretario de Gobernación y el representante de México ante la OEA. Asimismo, Enrique Peña Nieto confió en que los pagos que daría su gobierno para cubrir los gastos del grupo de expertos, con una primera entrega de un millón de dólares en enero de 2015 y otra por la misma cantidad en octubre del mismo año, asegurarían que los investigadores tuvieran un comportamiento estrictamente institucional.
Esta estrategia de contención suave se combinó desde el primer momento con el recrudecimiento de las tácticas más represivas del régimen. Dos días antes de la firma del convenio con la CIDH, el lunes 10 de noviembre de 2014, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hizo pronunciamientos públicos inéditos que deslizaban la posibilidad de un autogolpe en respuesta a las descalificaciones sociales cada vez más fuertes en contra tanto del Presidente como del Ejército Mexicano.
Cienfuegos señaló que debido a los juicios injustos y erróneos de parte de la sociedad, “el desarrollo y el progreso de la nación están en juego. Por nuestra parte, vociferó el secretario, las fuerzas de tierra, mar y aire respaldamos firmemente al señor Presidente de la República y su proyecto de gobierno para llevar al país a mejores posibilidades de desarrollo. ¡México, nuestra gran nación, se lo merece!
Una semana después seríamos testigos de uno de los actos de represión política más burdos y traicioneros en la historia reciente del país. El 20 de noviembre de 2014, en el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cientos de miles de ciudadanos pacíficos convergieron en el Zócalo capitalino acompañando a los padres de familia de Ayotzinapa. Cientos de miles más protestaron simultáneamente a lo largo y ancho del territorio nacional y en más de una veintena de ciudades a escala internacional. Esa noche los manifestantes prendieron fuego a una enorme efigie de Peña Nieto en la Plaza de la Constitución mientras cantaban al unísono ¡Fuera Peña Nieto! La imagen dio la vuelta al mundo e incluso llegó a ocupar la primera plana del más importante periódico francés, Le Monde.
En respuesta al éxito de la marcha, los granaderos de Miguel Ángel Mancera utilizaron el pretexto de ataques aislados protagonizados por jóvenes encapuchados, seguramente infiltrados por el mismo Cienfuegos, para avanzar violentamente y de manera indiscriminada contra la multitud. Se generó caos y pánico masivo en la plancha del Zócalo, comparable al escenario que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 (véase: http://ow.ly/4n20lQ). Hubo cientos de golpeados y reprimidos, entre los que se incluían mujeres, niños y personas de la tercera edad (véase: http://ow.ly/4n20nd), y se detuvo arbitrariamente a 11 estudiantes totalmente inocentes, quienes fueron enviados de inmediato a cárceles de alta seguridad, acusados de los delitos de motín, terrorismo y crimen organizado.
La calculada combinación de estrategias de contención institucional y de represión política surtió efecto a corto plazo. Si bien se han mantenido firmes en su valiente lucha tanto los padres de Ayotzinapa como los maestros en rebeldía que se oponen a la reforma educativa, 2015 fue un año relativamente tranquilo para el régimen con respecto a grandes movilizaciones sociales.
Hoy, sin embargo, se presenta una excelente oportunidad de volver a articular luchas, así como sacar nuestra indignación a las calles y las urnas. Los expertos del GIEI no se dejaron comprar por las dádivas gubernamentales. El informe que presentaron ayer desnuda con gran profesionalismo e independencia las mentiras de la autoridad y transparenta la traición de Peña Nieto a la verdad, la justicia y al pueblo de México. El GIEI hizo todo lo posible dentro del marco de un acuerdo internacional estrictamente técnico.
Pero los mexicanos no estamos atados por ningún acuerdo técnico de cooperación. Podemos y debemos poner la mirada más alta. La única forma de llegar al fondo de lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014, así como de las desapariciones y asesinatos políticos que ocurren cotidianamente en nuestro país, es por medio de la acción social y política coordinada.
Ya basta de esperar ingenuamente a que los criminales se investiguen a sí mismos. Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno.
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