Miguel Concha
La Ciudad de México se ha distinguido por su avance progresivo en materia de derechos humanos. Fue la primera en tener un Programa de Derechos Humanos, que sin exagerar, resultó único en el mundo, no de gobierno, sino de Estado, en cuya elaboración se reconoció y se garantizó –posteriormente por ley– una amplia participación a las organizaciones de la sociedad civil; a esta última se aseguró también su participación en el futuro mediante un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación que tiene los siguientes objetivos. I) Coordinar las acciones para el seguimiento y evaluación en el diseño, implementación, gestión, resultados, impacto, programación y presupuestación del Programa. II) Promover la institucionalización del enfoque de derechos humanos. III) Orientar a las instancias ejecutoras en la implementación del Programa. IV) Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas y organismos internacionales de derechos humanos. V) Coordinarse y articularse con las instancias públicas, organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, iniciativa privada, instituciones de generación de información, entre otras, a fin de facilitar el trabajo del Mecanismo. VI) Y a mediano plazo, realizar un diagnóstico y actualizar el Programa.
Si bien la propia existencia del Programa de Derechos Humanos es sin duda un gran avance, no siempre la administración pública de la ciudad ha estado dispuesta a reconocer el aporte de la sociedad civil, y ha interpuesto incluso múltiples obstáculos a la realización plena de este mandato legal. Muestra de ello es que el diagnóstico y actualización que corresponde a la presente administración aún no ha concluido. Pero no por eso podemos desdeñar lo construido, sino asumir el desafío de fortalecer esta original experiencia, dotándola de un mejor diseño institucional, con el fin de superar los obstáculos burocráticos. El actual proceso constituyente de la CDMX, que todos aceptan, no debe retroceder en lo ya conquistado, es ocasión para avanzar en la progresividad de los derechos humanos. La constitución, además de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos, deberá establecer mecanismos institucionales que rindan cuentas de su cumplimiento por los poderes constituidos, como lo ha venido haciendo el grupo plural de expertos que asesora al jefe de Gobierno en la elaboración de la iniciativa que éste tiene que presentar en septiembre a la Asamblea Constituyente, con el fin de que la ciudadanía constate su progresividad, para estar ciertos, de manera clara y objetiva, de que no vayamos en sentido contrario. Para ello se deberá retomar también, y hacer constar en la constitución la existencia del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y de su Comité de Seguimiento y Evaluación, los que deberán fortalecerse preservando sus atributos, como son su carácter público y la participación mayoritaria de quienes no son parte del gobierno.
En efecto, y de conformidad con la ley, este comité está integrado por 10 personas con voz y voto, de las cuales tres representan al gobierno y siete no: un representante designado por el jefe de Gobierno, quien preside y convoca a sesiones; uno de la Asamblea Legislativa, que con la reforma pasará a ser nueva legislatura; uno del Tribunal Superior de Justicia; tres de distintas instituciones académicas, y cuatro de organizaciones de la sociedad civil. Con esta configuración se dio un paso importante para terminar con el monopolio gubernamental de la vida pública, pues de acuerdo con la ley, el programa de derechos humanos que genera este organismo es público, pero está hecho por gobierno y sociedad.
Retomando lo ya avanzado en la legislación, la constitución podría contener una fórmula que dijera: La Ciudad de México tendrá un Programa de Derechos Humanos elaborado por las instituciones públicas y la sociedad. Su objeto será establecer los criterios de orientación para las políticas públicas, a fin de que éstas sean consistentes con los derechos humanos; y con base en los obstáculos detectados mediante un diagnóstico, proponer soluciones, estableciendo estrategias, líneas de acción, plazos y unidades responsables, a partir del enfoque de derechos humanos en la legislación, las políticas públicas y el presupuesto (...) Este programa tendrá una instancia ejecutora compuesta por representantes de los tres poderes locales y representantes de la sociedad civil, quienes serán mayoría; y actuará con independencia del gobierno, quien le garantizará los recursos para su funcionamiento.
Con una fórmula similar se aseguraría igualmente que los derechos humanos no sean sólo enunciados, sino que cuenten con los mecanismos para poder garantizarlos, con planeación, presupuestación, implementación, evaluación y rendición de cuentas, lo mismo en los programas que en las políticas públicas, la elaboración de leyes, la administración y procuración de justicia. Ello contribuiría además en la consolidación de la democracia, al incorporar a la ciudadanía en sus instancias de decisión. Y sería también un avance no sólo para la ciudad, sino para todo el país, dadas las condiciones críticas en las que se encuentran los derechos humanos en el ámbito nacional. Imprimiría incluso energía a todos los actores que promueven la vigencia de los derechos, al mostrar una ruta eficiente para la garantía y la protección de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República, y en los instrumentos internacionales aprobados por el Estado mexicano. Ojalá la responsabilidad política de los constituyentes les impulse a resolver en favor de la sociedad el dilema de los derechos humanos.
