El conjunto de revelaciones conocido como #panamapapers, una filtración de 11.5 millones de registros de la firma consultora Mossack-Fonseca, con sede en Panamá y sucursales en distintos puntos del planeta, no sólo pone en evidencia las vastas irregularidades de esa empresas sino que exhibe la manera en que políticos, potentados, personalidades públicas y delincuentes del mundo esconden sus riquezas y lavan sus capitales, sea para escamotearlos a la acción de la justicia, para eludir al fisco, para disimular conflictos de intereses o simplemente para encubrir patrimonios impresentables.
La investigación periodística realizada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y por un equipo de más de 370 informadores de 78 países afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) permite ver cómo las grandes entidades bancarias operan como intermediarios entre Mossack-Fonseca y sus clientes y, en algunas ocasiones, participan en complicadas operaciones de triangulación de fondos a través de diversos paraísos fiscales situados en distintos continentes.
Asimismo, los primeros resultados de la investigación, dados a conocer ayer, dan cuenta de una miríada de individuos próximos a políticos destacados –parientes, amigos cercanos, socios o subordinados directos– que han movido fortunas a través de la red establecida por la empresa con sede en Panamá, aunque sus ingresos declarados no guarden ninguna correspondencia con los astronómicos montos de tales operaciones.
El material investigado y revelado ayer indica que por medio de Mossack-Fonseca se han fundado más de 200 mil empresas fantasmas en diversos paraísos fiscales; es decir, países o enclaves en los cuales está garantizada la secrecía total de acciones, valores y cuentas bancarias, y en los que es posible fundar compañías que son una mera fachada. Ha de convenirse que la mayor parte de las operaciones realizadas por medio de esa red no son estrictamente ilegales; sin embargo, que empresas e individuos oculten de esa forma la existencia y el origen de grandes riquezas resulta indicativo de actitudes furtivas que no tendrían razón de ser si tales montos no estuvieran asociados de alguna forma a un amplio espectro de figuras delictivas que van de la defraudación fiscal al secuestro y el atraco, pasando por el desvío de fondos públicos y quiebras fraudulentas.
En 2010 y 2011 la divulgación de los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinada por Wikileaks en un trabajo conjunto con diversos medios de distintos países –entre ellos La Jornada– permitió a las sociedades hacerse una idea del grado de descomposición de los poderes públicos y de la sistemática intervención de Washington en los asuntos internos de otros países; dos años más tarde las revelaciones de Edward Snowden mostraron la faceta del gobierno estadunidense como espía del mundo; ahora, la filtración conocida como #panamapapers constituye una cruda radiografía del campo de corrupción, opacidad e impunidad que se establece en el triángulo formado por las entidades bancarias, los paraísos fiscales y despachos que asesoran en la ocultación y el lavado de dinero, como la empresa referida con sede en Panamá.
Cabe esperar que en esta ocasión la revelación logre romper el blindaje de cinismo de
