El gobierno federal anunció ayer que emprenderá un rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) a fin de solucionar el déficit de liquidez de esa empresa. Según palabras del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher, las arcas públicas aportarán 26 mil 500 millones de pesos y posteriormente otorgarán una facilidad por otros 47 mil millones para el pago de pensiones y jubilaciones. En total, las medidas de apoyo totalizarán 123 mil 500 millones de pesos.
El funcionario atribuyó los problemas de la antigua paraestatal a la profunda caída en los precios internacionales del crudo, pero omitió señalar las condiciones de virtual saqueo a que ha sido sometida la empresa en el curso de las administraciones pasadas y de la presente, tanto por sus directivos como por la cúpula que controla al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde el sexenio de Carlos Salinas.
Como recientes botones de muestra de la opacidad y el desaseo que han imperado en la dirección de Pemex, cabe recordar que durante su gestión Emilio Lozoya Austin triplicó los puestos de alta burocracia, a cuyo organigrama se agregaron seis direcciones corporativas, 14 direcciones generales, 90 subdirecciones, 309 gerencias y 643 subgerencias. En el mismo periodo la plantilla de trabajadores de base se redujo de 153 mil 85 a 139 mil 391 debido a los despidos, las jubilaciones y los retiros voluntarios o anticipados.
Aunque Lozoya Austin pretendió justificar las contrataciones de ejecutivos de confianza con el argumento de incrementar la productividad de la empresa, ésta tuvo pérdidas por 263 mil 819 millones de pesos en 2014 y de 521 mil millones al año siguiente, en tanto que su producción experimentó un severo declive.
En contraste con esas cifras, el ex director de Pemex autorizó el pago de 2 mil 445 millones de pesos para la compra de tres aviones y de un helicóptero para su uso personal, así como un contrato de arrendamiento de 911 automóviles y camionetas para altos funcionarios, por un valor total de 4 mil 585 millones 893 mil pesos. Supuestamente las aeronaves serían usadas en la vigilancia de los oleductos y la detección de tomas clandestinas, tarea para la cual eran innecesarios, toda vez que el Ejército mexicano utiliza drones para supervisar los ductos. Por lo demás, la cúpula sindical recibe cada año de la dirección general cantidades desconocidas, pero desmesuradas, si se considera que sólo en el rubro de ayuda para fomento y aplicación de programas para la capacitación de los trabajadores; fomento deportivo; salud en el trabajo y gastos socioculturales y artísticos le fueron entregados 296 millones 533 mil pesos anuales, en tanto que para ‘‘viáticos, gastos y celebraciones’’ el grupo que encabeza Carlos Romero Deschamps recibirá este año 379 millones de pesos.
En tales circunstancias, el mínimo decoro institucional y el más básico sentido de la transparencia, debieran obligar a un esclarecimiento de la enormidad de las pérdidas y de los manifiestos excesos cometidos por las sucesivas administraciones de la petrolera, antes de proceder a un rescate con dinero público que, por sí mismo, sólo serviría para encubrir los dispendios, derroches y probables desvíos de recursos perpetrados a costa de una empresa que, a pesar de todo, sigue siendo propiedad de todos los mexicanos. Es inevitable recordar, en esta circunstancia, el salvamento efectuado hace dos décadas por el gobierno zedillista en favor de los banqueros y sus socios, que significó el endeudamiento forzado de la población. Un atropello semejante no debe repetirse.
