El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, abordó ayer, en entrevista con este diario, dos aspectos cruciales para la observancia efectiva del derecho constitucional a la salud de millones de personas. En primer término, el funcionario destacó los esfuerzos institucionales para que nuestro país fuese facultado por la Organización Mundial de la Salud y poder certificar vacunas, así como la adopción de un modelo que reduce sustantivamente los periodos de autorización de medicamentos genéricos, lo que representa ahorros netos de entre 50 y 70 por ciento en medicinas nuevas. Adicionalmente, Arriola reconoció la crisis por la que atraviesa el IMSS y señaló que los miles de quejas formuladas por derechohabientes de esa institución se deben a diversos patrones de proceso y no necesariamente de atención médica.
Ambos posicionamientos aducen a temas centrales que tienen, como denominador común, la transformación de derechohabientes en consumidores y la conversión de derechos constitucionales, como la salud, en transacciones mercantiles, fenómenos ambos que se han recrudecido en el reciente cuarto de siglo, como consecuencia de la aplicación del dogma neoliberal aún vigente en México y el mundo. Con respecto al modelo descrito por Arriola para reducir el tiempo de espera de autorización de medicamentos genéricos, cabe reconocer que dicha política transita en sentido contrario a la protección que las recientes administraciones han dado a los intereses de grandes farmacéuticas poseedoras de las patentes médicas: en efecto, las trabas burocráticas para autorizar medicamentos genéricos en el país no sólo favorecen a los grandes laboratorios, sino que merman la capacidad de las instituciones de salud públicas para atender la demanda de sus derechohabientes.
Por lo demás, es significativo que el director del IMSS se aleje del escarnio mediático y social que suele cebarse en la práctica médica y señale que para paliar la crisis del instituto se requiere poner en práctica acciones no basadas en las personas, sino en los procesos. En efecto, a nadie debe ser ajeno que las instituciones de salud pública del país padecen una aguda crisis que no puede ser atribuida a la irresponsabilidad profesional de los médicos y otros trabajadores de la salud, sino al deliberado abandono de sus obligaciones en la materia por parte del Estado.
Lo cierto es que la precariedad en la que se ha obligado a operar a hospitales y clínicas públicas atenta contra la seguridad y la dignidad de los pacientes, contra las condiciones de trabajo de los médicos y personal de apoyo y contra las posibilidades de esclarecimiento legal de responsabilidades. La otra cara de la moneda de esta circunstancia es la multiplicación de oportunidades de negocios para el sector privado en todas las instancias y niveles de la atención sanitaria.
La reconfiguración de los procesos médicos y administrativos del IMSS no parece, sin embargo, una medida suficiente para saldar el rezago que padece ese organismo fundamental de salud pública. Se requiere, además, vencer las inercias de restricciones presupuestales y la visión que preconiza el imperio de lo privado sobre lo público en temas tan cruciales como la salud. En el mismo sentido, sería deseable y necesario que el sector público restablezca las unidades de producción de antígenos y medicamentos, que fueron desmanteladas en sexenios anteriores para aplicar las políticas de neoliberalismo salvaje aún en curso.
En esta perspectiva, lo expresado por Mikel Arriola pareciera esbozar una voluntad de rectificación en algunos de los puntos más críticos de la política sanitaria vigente. Cabe esperar que esa reorientación logre consolidar su avance hacia el plano de los hechos.
