El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó ayer a la Procuraduría General de la República de haber incumplido los acuerdos sobre la difusión de datos del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula, donde, a decir del gobierno federal, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Según los expertos, la dependencia encabezada por Arely Gómez tomó una decisión unilateral que violentó la confidencialidad que los peritos debían guardar sobre el trabajo realizado y el requisito de que todo lo que se hiciera público sobre el mismo debía ser consensuado por los integrantes del grupo.
La víspera, la PGR y uno de los expertos del GIEI –que habló sin el consenso y respaldo del resto– dieron a conocer resultados preliminares del nuevo peritaje, que, sin arrojar datos concluyentes, sugieren que en el basurero de Cocula se pudo haber incinerado a 17 personas. Aunque esa información fue presentada como prueba de que se requiere realizar investigaciones y pruebas de mayor alcance, es claro que el manejo que se ha hecho sobre ésta genera u alienta confusión en la opinión pública, al presentar a una misma fuente –el GIEI– como emisaria de versiones encontradas: cabe recordar que, desde hace meses, los expertos internacionales habían determinado la improbabilidad de que en Cocula se haya incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
No parece casual que este episodio se produzca a unos días de que el encargo del GIEI en México termine, y en un momento en que el gobierno federal ha emprendido una campaña discursiva para sostener que la tarea de ese grupo en el país ha concluido ya, pese a que hasta la fecha se desconoce el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Desde hace varios meses, los integrantes del GIEI han sido objeto de improcedentes campañas de desprestigio individual, cuya autoría permanece aún en las penumbras, las cuales generaron un entorno propicio para el linchamiento y la mezquindad mediáticas y que no ameritaron, sin embargo, medida alguna de respaldo a la actuación del grupo por parte de las autoridades.
Ahora, la forma en que se presenta la información y el incumplimiento de la autoridad de los acuerdos logrados con el GIEI hacen que el episodio parezca un acto deliberado de desinformación y torpedeo a la credibilidad de los expertos internacionales.
Con semejante actitud, las autoridades se exponen en forma poco responsable a un descrédito mayúsculo: en primer lugar, porque la versión difundida ayer no apuntala la llamada verdad histórica de la propia PGR, sino que oscurece las perspectivas de esclarecimiento sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala. Adicionalmente, da la impresión de que el gobierno federal carece de disposición para esclarecer los hechos y se consolida la percepción de que las propias autoridades han manejado un doble discurso en torno a las pesquisas del GIEI: mientras en las declaraciones oficiales es reivindicada la labor de ese grupo, todo apunta a que en los hechos es torpedeada.
Tal vez aún no es tarde para que el gobierno rectifique el rumbo adoptado hasta ahora, reconozca el daño causado a su imagen y a la del GIEI, y se disponga, con voluntad política y buena fe, a impulsar una investigación profunda, honesta y objetiva sobre los hechos ocurridos en Iguala hace más de año y medio.
