Gustavo Esteva
Ayotzinapa es punto de bifurcación. Hay en nuestra historia un antes y un después de Ayotzinapa. Tenemos que saber bien por qué.
Ayotzinapa es bifurcación porque ofreció evidencia contundente de lo que sospechábamos y temíamos, pero no habíamos podido probar. Lo que ahora no podemos hacer es cerrar los ojos a la evidencia. Tenemos que lidiar a pie firme con los hechos y actuar en consecuencia. Hoy sabemos con claridad cuál es la naturaleza del horror en que estamos y su origen. Y eso acota la tarea… aunque la hace inmensa.
Nuestros análisis indicaban con claridad, antes de Ayotzinapa, que en México se había borrado la línea que distingue el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Afimábamos que no éramos un narcoEstado, si con esa expresión se quería señalar una situación en la que los criminales se apoderan de las instituciones. Sugeríamos que las instituciones mismas se habían convertido en aparatos criminales y que hasta las leyes estaban marcadas por ese signo: eran ya expresión de ilegalidad. Planteamos explícitamente que los criminales proliferaban dentro y fuera de los aparatos estatales y cumplían funciones de gobierno… al margen de toda norma y legitimidad institucional.
Todo género de velos, empero, encubrían esa situación e impedían verla con claridad. Parecía que sólo los especialistas podían denunciar lo que pasaba y no lograban demostrar lo que decían.
Ayotzinapa sacudió el país y el mundo, porque ofrecía finalmente las pruebas. Nuestros análisis resultaron válidos.
Quedaban, sin embargo, muchos hilos sueltos. El gobierno ensució pruebas e investigaciones, y generó confusión mediante una extensa campaña que buscaba hacer valer una verdad histórica que otra vez escondía lo que se había descubierto. El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liquidó esa artimaña. Nunca tuvo mucho sustento. Ahora es enteramente insostenible.
Al cumplir su encomienda, el GIEI dejó amplísima constancia de la calidad moral, la competencia técnica y la independencia de criterio de quienes lo formaban, a pesar de la perversa campaña en su contra. Si bien no pudo terminar su trabajo y mostró gran prudencia, rigor y cuidado en su informe, ofreció suficientes pruebas de lo que nos importa. Ya nadie puede engañarse. La CIDH, incluso a pesar de sus enormes limitaciones legales e institucionales, está obligada a dar seguimiento al asunto.
El informe del GIEI debe ser objeto de estudio cuidadoso. Es preciso examinarlo con el mismo rigor con que fue preparado. Pasará tiempo antes de que podamos aprovechar plenamente su contenido. Pero desde ahora ofreció evidencias suficientes sobre lo que se buscaba. No es un informe basado en especulaciones, supuestos y tortura, como la famosa verdad histórica del gobierno. Apeló fundamentalmente a evidencias documentales y audiovisuales, la mayoría de las cuales forman parte del expediente del caso y tienen, por tanto, valor oficial.
No es fácil asumir plenamente nuestras responsabilidades en estas circunstancias. Las tareas son inmensas y radicalmente novedosas. Los acotamientos del camino son borrosos e inciertos, lo mismo que el resultado de las iniciativas que tomemos.
Es útil, sin duda, identificar criminales específicos, como los funcionarios cuyas fechorías e irregularidades fueron exhibidas por el GIEI. Es provechoso buscar que todos los involucrados en crímenes identificados, hasta el más alto nivel de la administración federal, sean formalmente acusados y se les siga un juicio. Pero sería absurdo concentrar en eso la energía, porque además tenemos que deshacernos de cuantos integran la casta de poder político y económico, entregada a la rapiña y el despojo con mecanismos criminales, y a las clases políticas que hacen posible su existencia y operación.
Con las evidencias que tenemos a la vista, que no podemos esconder bajo la alfombra, se convierte en patología social y política personalizar lo que ocurre. Más patológico aún resulta creer que la mera sustitución de gobernantes puede cambiar el estado de cosas. Las experiencias que se multiplican en América Latina y otras partes del mundo, claramente análogas a las nuestras, confirman lo que tenemos ante nosotros. Lo que hace falta es el desmantelamiento radical de todos esos aparatos. Tenemos que deshacernos de las instituciones que aún se llaman democracia y estado de derecho, aunque no son ninguna de las dos cosas y constituyen meros dispositivos criminales de control, despojo y dominación. No se trata de elegir otros funcionarios a cargo de los dispositivos o tomarlos en nuestras manos, sino de reconstruir todo. Confiemos en que, como dijo alguna vez John Berger, en el solo hecho de decirlo radica la esperanza.
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