Miguel Concha
Luego de 14 meses de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo 24 de abril, ante familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la comunidad de derechos humanos, así como medios y personas que han seguido de cerca este caso, su informe final. El GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, señaló que no les fue posible establecer el paradero de los jóvenes desaparecidos, debido en parte a las fallas y retrasos de la PGR, así como a los obstáculos para no poder volver a entrevistar a detenidos ni obtener declaraciones de militares, líderes políticos y ex funcionarios de alto rango. Lamentaron la actitud del Estado mexicano de no apoyarlos en la prórroga solicitada, con el pretexto de que su participación ya no era necesaria.
Sin embargo, no es ésta la primera vez que el gobierno mexicano obstaculiza o frena el trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que visitan nuestro país. Recordemos que en mayo de 2015 el Relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, presentó en Ginebra un informe en el que señaló que la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación y en un contexto de impunidad. Esas fueron algunas de sus conclusiones, luego de reunirse entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 con altos funcionarios, representantes de la sociedad civil, víctimas de tortura y sus familiares, así como miembros de organizaciones internacionales y de la comunidad diplomática en México. Las reacciones de Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se hicieron esperar. Expresó que la actuación de Juan Méndez no era profesional ni ética, ya que, según él, dio mayor valor a premisas sin pruebas, y desestimó los argumentos oficiales. Advirtió además que ya no sería invitado nuevamente, y así fue, pues en septiembre de 2015 el relator solicitó de manera formal llevar a cabo una visita de evaluación y seguimiento del informe previamente emitido.
La respuesta de México fue negativa, argumentando que se recibirían otras visitas que ya se habían previsto. El actual gobierno minimiza la información contenida en los folios 0001700300414 y 0001700020615, en los que la PGR informa haber recibido 4 mil 55 denuncias por el delito de tortura entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de octubre de 2014, con solamente 15 sentencias condenatorias por dicho delito. En ese mismo lapso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del folio 00062414, afirmó haber recibido 104 quejas por tortura y emitido 188 recomendaciones por tortura y malos tratos. En un hecho inédito, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió también, en un lapso menor a un año, cinco opiniones oficiales al gobierno de Enrique Peña Nieto, en las que señala que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco defensores de derechos humanos que menciono a continuación: el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, el activista mixe Damián Gallardo Martínez, el estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, el abogado defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas Librado Jacinto Baños Rodríguez, así como Nestora Salgado García, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Si bien cada caso es independiente, lo cierto es que entre los cinco tienen algo en común: todas estas personas realizaban una labor de defensoras de derechos humanos antes de su detención, repitiéndose de así el patrón de criminalización de quienes se organizan para defender sus derechos. En los casos de Gallardo y Guerrero se detectó que existe un proceso de incomunicación y violaciones al debido proceso, pues al momento de ser detenidos fueron desaparecidos, torturados y llevados a un penal federal. Estas opiniones fueron emitidas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, pero a la fecha el gobierno no ha informado ni a la ONU ni a las familias ni a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan. Mucho menos ha dado respuesta oficial a ninguna de las peticiones que le hizo Naciones Unidas, como la de la libertad inmediata de Enrique Guerrero, Librado Baños y Damián Gallardo, ni a la correspondiente reparación del daño por parte del Estado. En los casos de Pedro Canché y Nestora Salgado, aun cuando ambos ya están en libertad, la persecución penal en su contra no ha cesado. La comandanta de Olinalá permanece en Estados Unidos ante el temor de ser detenida nuevamente, pues la Fiscalía General de Guerrero informó que apelará las órdenes de libertad emitidas en marzo pasado.
Con las tres situaciones antes referidas se demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para obtener insumos, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales que permitirían fortalecer la garantía y el respeto a los derechos humanos en México. Resultan, pues, muy preocupantes las campañas de desprestigio y negación iniciadas por el gobierno mexicano contra expertos internacionales en derechos humanos, tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, que pretenden desacreditar la importante y necesaria labor de investigación sobre violaciones a derechos humanos que ocurren sistemáticamente en nuestro país.
