Magdalena Gómez
Por toda América latina encontramos movimientos de pueblos Indígenas que utilizan el derecho a la consulta como mecanismo para defender su derecho al territorio. La constante es su incumplimiento; así sea con sentencias judiciales internas o resoluciones interamericanas, los estados no resisten el respeto a su derecho, como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vinculante en nuestro país, a partir de la reforma de 2011 al artículo 1º constitucional, que dio a los acuerdos de derechos humanos trato homólogo a las normas constitucionales. Los estados frente al convenio alegan que no puede darse la dimensión del consentimiento, pues constituiría un derecho de veto. He planteado que el derecho a la consulta es el mecanismo para defender el derecho a la autonomía, a la libre determinación; en síntesis el derecho a ser pueblos. Pues bien, en nuestro caso, el Estado mexicano no ha sido capaz de consultar a través de las instituciones representativas de los pueblos (no por muestreo) antes de tomar medidas legislativas, administrativas o de cualquier tipo. Debe realizarse de buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdos. De la buena fe ni hablar, y el Estado sólo espera el acuerdo de que se acepta su proyecto, muchas veces ya en curso.
El campo educativo no es la excepción. La mal llamada reforma educativa constitucional y legal no pasó por los procedimientos apropiados de consulta antes de aprobarse, es decir, tiene un vicio de origen que lamentablemente no se intentó combatir a tiempo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudo haberla suspendido hasta que se realizara la consulta. Hoy nos encontramos con una propuesta de modelo educativo y reforma curricular que tampoco fue sometida previamente a consulta a los pueblos indígenas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza la oposición a la reforma aludida, tiene su fuerza predominante justamente en las entidades con mayor presencia de pueblos indígenas, que ya han sido además definidas sin consulta como la punta de lanza de las llamadas zonas económicas especiales. Por algo los pueblos caminan con la CNTE y defienden a los maestros desde sus comunidades, como ha explicado el EZLN, aportando activamente en Chiapas, con recursos y alimentos para su resistencia. Advierto que no pretendo asumir el carácter de consultada por la Secretaría de Educación Pública porque algo diré de la concepción que subyace en los lugares comunes referidos a la llamada diversidad o interculturalidad. Mi advertencia requiere un paréntesis, para hechos, dirían mis maestros: en 2006 la SCJN dio a conocer su Libro blanco con los resultados de la Consulta nacional sobre la reforma integral del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano. El mecanismo fue el consuetudinario, consistente en foros; por ello un grupo de integrantes de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, sección México, enviamos una carta señalando que su consulta no era congruente para los pueblos indígenas por las razones arriba anotadas. Nuestra sorpresa fue que a vuelta de correo recibimos una constancia individualizada que agradecía la participación en la consulta. Los pueblos no la tuvieron y mucho tienen que decir en materia de justicia. Así que diré que la consulta SEP, por lo menos en materia indígena, me consta que tiene vicio de origen, pese a la pregonada frase de que todo se hace en el marco legal. No creo, de verdad, que los pueblos sugerirían que su participación en materia educativa conforme al derecho que les consigna el Convenio 169 se exprese en la llamada y festejada autonomía curricular para organizar cursos de ajedrez, robótica, educación financiera o contenidos regionales, como expresó el titular de dicha secretaría. Por cierto, se dice Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio, ¿será el histórico IFCM? (pág. 12 de su modelo).
Se ha dicho que los pueblos exigieron autonomía y el Estado les dio interculturalidad, pero hoy, en 2016, han dado un salto cualitativo; ya se utiliza la palabra autonomía, pero referida al currículo y con los ojos neoliberales de las llamadas competencias. También aparece como frase hueca que utilizarán sus lenguas maternas. ¿Se refiere a las de pueblos originarios?, porque el español también es lengua materna de muchas y muchos, y agrega, obviamente, el inglés. La gran exaltación del humanismo no se compadece del reconocimiento constitucional sobre el carácter pluricultural de la nación mexicana, ¿humanista? y también racista y discriminatoria. Su traducción es que el nuevo egresado “tiene conciencia de la globalidad (¿?), asume y practica la interculturalidad (¿?) como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística de México y el mundo (p. 39 de la propuesta curricular). Se confirma que a las leyes y políticas públicas hay que analizarlas no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan.
