Al cumplirse un mes del intento de desalojo que dejó entre nueve y 11 muertos en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, ayer arribó a la Ciudad de México (CDMX) la Caravana motorizada de los pueblos originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia, con la intención de reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Encabezados por 157 presidentes municipales, además de autoridades agrarias de varias comunidades de la entidad, los casi mil integrantes de la movilización se suman a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en exigencia de justicia para las víctimas del operativo policiaco del mes pasado, la abrogación de todas las reformas estructurales del actual gobierno federal, en especial la educativa; la liberación de los presos políticos del magisterio disidente y la destitución de Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación.
Para poner en contexto los reclamos de la Caravana por la Paz y la Justicia, y en general los del amplio movimiento social que tiene lugar en Oaxaca, debe recordarse que el domingo 19 de junio elementos de las policías estatal y federal atacaron a miembros de la CNTE y pobladores de Nochixtlán que mantenían cerrada la carretera que conecta la CDMX con la capital del estado para exigir la apertura del diálogo en torno de la reforma educativa. Durante la refriega, al menos nueve y hasta 11 personas resultaron muertas y más de un centenar recibieron heridas de distintas magnitudes, en lo que fue denunciado como un episodio de represión violenta en el cual las propias autoridades han reconocido el uso de armas de fuego por las corporaciones presentes.
A la gravedad de los hechos referidos se suman la ausencia, hasta el momento, de una postura oficial para esclarecer lo sucedido y fincar las responsabilidades correspondientes, así como los improcedentes intentos de atajar la situación mediante versiones contradictorias y carentes de verosimilitud, emitidas durante las horas que siguieron al episodio violento. Tampoco abonan a la credibilidad de las investigaciones oficiales la tardía atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República, que se produjo apenas el 6 de julio, a 17 días de los acontecimientos; ni que el primer funcionario federal, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se apersonara en la comunidad casi tres semanas después.
La caravana es un recordatorio de que a partir de los trágicos sucesos de Nochixtlán, el movimiento magisterial se encuentra lejos de amainar y, al contrario, el intento gubernamental de resolver el conflicto por la vía policial llevó a una visible difusión de la disidencia en el territorio nacional. Al respecto, cabe rescatar como saldo positivo la aparente toma de conciencia por parte de las autoridades de las dimensiones del conflicto abierto con los profesores y la consiguiente creación de canales de diálogo tanto con éstos como con los familiares de las víctimas del fallido operativo de desalojo.
El esclarecimiento de lo ocurrido en Nochixtlán, la justicia efectiva para las víctimas y la reparación del daño resultan de la máxima urgencia no sólo por el respeto debido a las garantías fundamentales de los afectados, sino para evitar que los acontecimientos de Oaxaca se sumen a la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país y que constituye un pendiente principal de la presente administración.
