No aceptan que el gobierno sólo quiera administrar el conflicto
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2016, p. 4
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que la decisión de distender las acciones de protesta en algunos estados, como bloqueos carreteros y en vías férreas, es muestra de “voluntad para alcanzar acuerdos.
“Estamos en una mesa de negociación –agregaron– y damos alto valor a la posibilidad de concretar acuerdos. Actuamos de buena fe, pero con la claridad de que no vamos a aceptar que el gobierno federal sólo quiera administrar el conflicto.”
Afirmaron que si (las autoridades) incurren nuevamente en ese error, vamos a endurecer las medidas, que pueden ir desde no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 hasta continuar los bloqueos o buscar otros mecanismos de lucha.
En entrevista por separado, Enrique Enríquez Ibarra, dirigente del magisterio disidente en la Ciudad de México, y Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la CNTE, destacaron que su demanda de abrogación de la reforma educativa no se ha tocado, por lo cual exigieron que en la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación también participen los legisladores “para ir construyendo una ruta.
Estamos en la mesa y queremos avanzar, pero si la Secreatría de Gobernación considera que puede darnos la vuelta, saben que volveremos con más fuerza. El plan de acción va valorando si hay o no avances.
Bravo destacó que la decisión de cambiar la estrategia en las negociaciones con el gobierno federal y abrir mesas por estado fue resultado de una necesidad de agilizar la atención a los efectos nocivos de la reforma educativa, porque hay situaciones muy complejas.
Entre los temas abordados, dijo, no sólo está la liberación de todos los presos políticos; rechazó que la comisión única nacional de negociación haya incluido una lista o un nombre en particular; queremos a todos en libertad, porque son delitos inventados los que mantienen en la cárcel a los compañeros.
Agregó que se abordó nuevamente dar atención a los casos de maestros cesados –casi 9 mil en todo el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública– y su reinstalación en el mismo cargo y sin pérdida de antigüedad; las órdenes de aprehensión y los descuentos salariales, así como el descongelamiento de las cuentas sindicales.
Enríquez Ibarra destacó que también se analizaron las afectaciones por la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, porque más de 7 mil maestros quedaron fuera, no porque no estén dando clase, sino por las irregularidades en que incurrieron las autoridades educativas estatales y hacendarias en su contratación.
