Gustavo Esteva
Contra la voluntad de las autoridades, que siguen dando palos de ciego en todo lo relativo a la reforma educativa, se está llegando al fin al fondo de la cuestión.
El punto de partida consiste en reconocer que el sistema educativo nacional se creó en México, como en muchos otros países, con el propósito explícito de des-indianizar a los indios. En el siglo XIX se veía a estos pueblos como lastre, se les trató como tribus extranjeras en la primera constitución de 1824 y se les quiso desaparecer: no sería el exterminio genocida, como se hacía en el Norte que se tomaba como modelo, sino un culturicidio, la liquidación de sus culturas.
El sistema logró resultados. Millones de personas que entraron al sistema escolar como portadoras de una cultura originaria fueron despojadas de ella en la cabeza y en el alma. Algunas lograron seguir siendo lo que eran después de la primaria, la secundaria y hasta la preparatoria, pero es casi imposible lograrlo tras la universidad.
Este sesgo gravísimo del sistema educativo persiste. El 9 de agosto se dedicó al derecho a la educación el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El comunicado de Naciones Unidas insistió en que ellos deberían tener control de la educación de sus niños y jóvenes, para que correspondiera realmente a sus necesidades, condiciones e intereses. Los porcentajes ridículos de variantes culturales de la reforma educativa no satisfacen tan legítima reivindicación.
Lo que está de por medio no se refiere sólo a los pueblos indígenas.
La educación moderna nació con el empeño de construir una nación. Desde el siglo XVII el régimen político del Estado-nación adoptó el principio de una educación normalizada para forjar y consolidar naciones emergentes. La educación alimentó los nacionalismos, que en muchos casos se construyeron con un sello patriarcal, racista y excluyente, que negó la diversidad cultural y ejerció todas las formas de la discriminación. Las dictaduras usaron la educación para sostenerse y cometieron crímenes abominables contra quienes no tenían las características que los dictadores consideraban propias de la nación.
Con procedimientos diversos, las sociedades llamadas democráticas adoptaron la misma orientación. La conquista del derecho a la educación implicó concentrar en los gobiernos facultades y recursos para proporcionar los servicios correspondientes. Sólo un puñado de países ha logrado satisfacer plenamente la reivindicación general y persistente de una educación libre, laica y gratuita, pero con ese pretexto todos los gobiernos concentran recursos y facultades para la educación, lo que le da un carácter opresivo y discriminatorio educativo en todas partes… aunque en unas más que en otras.
Fundamentalismos religiosos e ideológicos, ubicados habitualmente a la derecha del espectro político, han estado exigiendo menor intervención del gobierno en la educación, en lo que por lo general se considera privatización de la educación y caracteriza la ‘reforma educativa’ actual en el mundo entero.
Hay aquí un equívoco. En todas partes ha habido y hay un sistema privado de educación, con fondos privados, que atiende en general a sectores más o menos acomodados de la población; una parte de ese sistema es atendida por órdenes religiosas. Hay siempre tensión entre ella y las normas generales dictadas por los gobiernos. Un componente privatizador de la reforma sería ampliar la autonomía de ese sistema privado, haciéndolo aún más excluyente, y además destinarle recursos públicos. La privatización del sistema carcelario implica que corporaciones privadas construyen las cárceles, las administran y convierten a los prisioneros en trabajadores semiesclavos al servicio del capital. Se querría hacer lo mismo con el sistema escolar. Es preciso resistir esa orientación, presente en la reforma mexicana, que además intenta extender al sistema público de educación la orientación y prácticas del sistema privado.
Al mismo tiempo, debemos incluir en el debate público la necesidad de liquidar radicalmente la intervención de una estructura centralizada en los contenidos y métodos del sistema escolar. Los recursos públicos que corresponden al derecho a la educación deben asignarse por ley, tal como se hace con las participaciones a estados y municipios. Necesitamos crear instancias ciudadanas que local y regionalmente se ocupen de contenidos y métodos, tomando debidamente en cuenta la diversidad cultural y regional.
Lo que pudo tener algún sentido en gobiernos revolucionarios, comprometidos con la justicia y al servicio de la gente, es contraproductivo en gobiernos al servicio del capital, como los que hoy prevalecen en el mundo entero. El señor Nuño y lo que representa, todo el aparato de control y corrupción de la educación, deben ser radicalmente excluidos de la educación de personas de cualquier edad. Al tiempo, debemos seguir afirmando la separación entre la Iglesia y el Estado, que muchos quieren olvidar, debemos organizar la separación entre la educación y el Estado. Es la clave de la emancipación, como ilustra bien la educación zapatista.
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