Carlos Ímaz Gispert / II
El modelo educativo 2016 asume que la evaluación ya fue definida en la Ley del Servicio Profesional Docente y la reivindica como un nuevo sistema basado en el mérito (p. 54), aun cuando se trata de una copia fiel del caduco esquema de pago por méritos (ya abandonado donde se gestó), que desmiente constante y explícitamente los enunciados que, a manera de buenas intenciones, ofrece el texto en cuestión. Veamos tan sólo algunos ejemplos.
Con un cinismo a prueba de todo, advierten de la imperiosa necesidad de abandonar lo que llaman el enfoque administrativo, esa visión estandarizada de la gestión que, independientemente de las circunstancias, contextos y particularidades, supone que los mismos principios y lineamientos permiten a todas las organizaciones escolares trabajar de forma eficiente. Al enfatizar el seguimiento de indicadores formales como vías para ejercer la autoridad y el control, el enfoque administrativo reduce la función de la supervisión escolar a vigilar que las escuelas observen reglas y tareas que les han sido definidas externamente (pp. 20-21). Es decir, nos alertan sobre la ineficacia pedagógica de las reglas definidas externamente y su dañina estandarización, pero reivindican y proponen fortalecer los mecanismos de evaluación externa que se basan justamente en lo contrario: en la estandarización que desconoce contextos y particularidades y enfatiza indicadores formales impuestos arbitrariamente a profesores y estudiantes como vías del ejercicio de control administrativo.
Indican que al priorizar el cumplimiento de la norma y el reglamento se desincentiva el trabajo colaborativo y se desaprovechan las posibilidades del intercambio horizontal (p. 21) y anuncian su deseo de privilegiar el trabajo colaborativo y colegiado como mecanismo de articulación del quehacer escolar (p. 57), cuando su argumento para no discutirlo es que son ley y el andamiaje construido para la evaluación prioriza la norma y sus reglamentos por encima de todo (incluso una de las pruebas está centralmente basada en ello), al tiempo que el esquema de pago, por méritos, aprobado promueve el aislamiento, inhibe la cooperación y degrada el compromiso grupal y colegiado de los docentes.
Declaran la conveniencia de fortalecer prácticas docentes flexibles (p. 22) e impulsar una improbable autonomía curricular en las escuelas, sobre la que se apresuran a aclarar que debe estar basada en la normatividad nacional (p. 27), cuando es precisamente esa normatividad la que impone a maestros y estudiantes la camisa de fuerza de los exámenes externos y estandarizados para medir el éxito escolar y mediante los cuales, como se ha documentado hasta el cansancio, se sobredetermina tanto el contenido curricular como la práctica docente.
Afirman que es imprescindible que la evaluación interna se apuntale como actividad permanente de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes (p. 26), cuando ya aprobaron que la evaluación que define nada menos que la permanencia, la promoción y el ingreso económico de los maestros es externa, no es entre pares y es coercitiva y punitiva (desde perder el empleo hasta ver disminuido su ingreso económico).
Enuncian que debe reforzarse la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de los diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, así como a valorar lo que se aprende en conjunto con otros (p. 46), cuando la aplicación de los exámenes externos y estandarizados a los estudiantes promueve justamente lo contrario: prácticas individuales y no cooperativas, memorísticas, acríticas y de respuestas correctas, que ignoran los procesos y ritmos personales de aprendizaje y anulan el aprendizaje mismo.
En fin, estos ejemplos evidencian que la fractura entre el modelo propuesto y la evaluación ya aprobada es producto de algo más perjudicial que una enjundiosa ignorancia que confunde fines con medios y define primero a los segundos. El modelo educativo 2016 prueba que se trata de algo mucho más grave: la orquestación de un fraude que ha dañado a maestros (conculcándoles derechos que tienen todos los trabajadores) y a estudiantes (haciéndoles la escuela aún más monótona, más expulsora, con menos sentido y con mayor costo económico para sus familias). Si se salen con la suya, el daño a la educación pública será terrible, sobre todo porque con su aguda anemia pedagógica renuncian a la búsqueda de la felicidad de nuestros niños en las escuelas, plena de goce, empatía, creatividad, aprendizajes, colaboración y reflexividad crítica, indispensables en la autoconstrucción de seres autónomos en el pensamiento y solidarios en sus acciones.
