Arturo Alcalde Justiniani
El 24 de julio pasado, miles de trabajadores se movilizaron en Chile exigiendo el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas por Pinochet en 1981, con el fin de manejar a través de cuentas individuales las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras chilenos. Equivalen, pues, a las Afore mexicanas. La protesta chilena se denominó No más AFP, y tuvo su origen en el incumplimiento de las promesas que había contraído el gobierno de Chile de que a través de la administración privada de los fondos de pensiones los trabajadores recibirían, al momento de su jubilación, al menos 70 por ciento de su salario. A la hora de la verdad, muchas de ellas apenas alcanzaban el salario mínimo. También protestaban por las comisiones injustificadas y por los altos salarios y prestaciones que gozan los ejecutivos de estas empresas. Todo, con el dinero de las y los trabajadores.
En respuesta a la movilización, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, tan sólo 15 días después, informó a la nación cambios al sistema pensionario chileno en varios puntos, destacando cuatro:
1. Elevar en cinco puntos porcentuales, en 10 años, la cotización patronal (de 10 a 15), en el entendido de que estos recursos no engrosarán las cuentas que administran las empresas privadas de retiro, sino que irán a un fondo común para apoyar las pensiones más bajas, tanto para los actuales pensionados como para las futuras generaciones. Se regresa parcialmente a un esquema solidario.
2. Suspender las comisiones de las administradoras cuando tengan pérdidas. Textualmente señaló: Las pérdidas en los fondos de los trabajadores no pueden ser un negocio para nadie; en periodos en que los fondos de los pensionados tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver las comisiones cobradas por ese fin.
3. El compromiso de crear una administradora de fondos de pensiones estatal.
4. Integración de los representantes elegidos por quienes cotizan, para que puedan participar en decisiones clave como las políticas de inversión, elección de los directores y de las compañías en que inviertan sus recursos o en relación a las campañas de inversión.
En México copiamos hace 19 años, en tiempos de Zedillo, el modelo chileno de cuentas individuales y apropiación privada de los fondos, y al igual que a ellos, se nos engañó, prometiéndonos que con el nuevo sistema que sustituía al fondo solidario vigente hasta 1997 en el IMSS se recuperaría alrededor de 80 por ciento del salario. Muchos recordarán las campañas en que aparecían jubilados placenteramente en una playa gozando de su pensión. Pronto quedó claro que se trataba de una mentira más en la histórica cadena a que estamos acostumbrados; la realidad es que se percibirá alrededor de 30 por ciento del salario anterior.
En tiempos de Calderón se aplicó con más dureza la receta a los trabajadores al servicio del Estado, con la reforma a la Ley del Issste. Eso sí, los grandes grupos financieros han hecho un negocio millonario, administrando hoy casi 3 billones de pesos, equivalentes a 15 por ciento del PIB. Tan sólo tres Afore –XXI Banorte, Sura y Banamex– controlan más de 50 por ciento y, además de sus ganancias que en buena parte transfieren al exterior, sus ejecutivos obtienen gigantescos salarios y bonos, derrochando grandes recursos en campañas absurdas para disputarse las víctimas.
Al día siguiente del mensaje de Bachelet, Susana González, de La Jornada, entrevistó a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda. Cuando fue interrogado sobre la comparación de nuestro país con Chile, señaló: Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros propios retos y oportunidades, y anunció que habrá noticias derivadas de la primera Convención Nacional de Administradoras de Fondos de Retiro Afore, a celebrarse los días 23 y 24 de agosto próximos.
Aun considerando que el sistema de Afore es en sí un despojo del patrimonio de las y los trabajadores, es conveniente contrastar los dos modelos. La propuesta del gobierno mexicano es que los trabajadores deben incrementar su ahorro individual, sólo que nuestro pingüe (para no decir pinche) salario mínimo es un tercio del chileno, 2 mil 191 pesos mensuales frente a 6 mil 400 pesos.
En segundo lugar, el gobierno no se atreve a incrementar el aporte patronal. Por el contrario, simpatiza con el plan de choque propuesto por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que busca ampliar aún más la participación privada por la vía de las Afore, transfiriendo los fondos pensionarios de los trabajadores que laboraban antes de 1997.
En tercer lugar, la Afore pública Siglo XXI se entregó al sector privado, y peor aún, está por culminar en el Senado una reforma que modifica el Pensionissste, que busca desvincularlo del Issste y fortalecer su dependencia del sector privado. En las otras materias, ni qué decir; se protegen las ganancias de las Afore, a pesar de ser injustificadas, ya que sólo tramitan el cambio de manos de recursos ajenos, los cuales deberían canalizarse en beneficio de las propias pensiones y por lo que se refiere a los altos salarios de los ejecutivos y la simulación en la representación de los trabajadores, son renglones intocables. En estos hechos es donde se exhibe claramente que el gobierno sirve a intereses particulares.
PD: A propósito, viene a México Joan Antoni Melé, promotor internacional de la Banca Ética, durante largo tiempo ejecutivo de Triodos Bank, Banca Social, que en sus políticas otorga prioridad a aspectos laborales, ecológicos, artísticos y artesanales. Presenta el libro Dinero y conciencia, ¿a quién sirve mi dinero?, en Casa Coahuila, sita en Prolongación Xicoténcatl 10, Coyoacán, el martes 23 de agosto a las 19 horas. Presenta Alberto Ímaz. Ahí nos vemos.
