Hugo Aboites*
Grupos empresarios han decidido incursionar directamente en el conflicto en torno a la llamada reforma educativa y hacen su propia contribución a una crisis nacional. Con su rechazo a pagar impuestos y a invertir recursos en el suroeste del país toman revancha, pero su protesta no es contra el gobierno ni contra los bloqueos y los maestros movilizados; en realidad es contra el diálogo. Sobre todo cuando éste parece ofrecer una respuesta a más de un millón de maestros, cuyos derechos constitucionales claves (artículo 123) fueron cancelados. En efecto, los airados pronunciamientos de estos grupos arrancaron cuando el diálogo comenzó y se creó un ambiente de distensión y hubo acuerdos parciales. Incluso, el amparo promovido por Mexicanos Primero confirma esto al enfocarse en acuerdos con los maestros que son oscuros y concesiones indebidas producto de la debilidad lastimosa de la Segob (La Jornada, 4/8/16, pág. 3).
Es muy significativo que sea Mexicanos Primero el que asume la posición más radical contra el diálogo. Primero, porque representa la voz oficial del gran empresariado en la educación y, ahora, además, añade los medios para llevarla a cabo: sin diálogo, sin acuerdos, sin contemplaciones. Pero también es significativo porque no está sola: comparte postura con una SEP que durante casi un año se mantuvo firme contra un diálogo que no fuera acompañado de la aceptación del marco legal. De hecho, todavía hoy de fondo mantiene la misma postura. Si ya desde 2012-2013 había una estrecha cercanía SEP-Mexicanos Primero respecto de la modificación de normas constitucionales y legales para los maestros (ver la agenda-documento Ahora es cuando, de esa organización), la cercanía actual muestra la clara y firme voluntad de ambos de que no se llegue a la debilidad de acuerdo alguno. Una hipótesis que explicaría esta postura es que, desde su punto de vista, cualquier acuerdo real mostraría que el marco no es inamovible, que en el futuro tendrían ellos que seguir cediendo, y que esto pondría en peligro, de fondo, la visión misma que de la educación necesaria tengan los empresarios. Esta hipótesis explicaría por qué la consulta sobre el modelo educativo se presenta en términos tan perentorios: desde arriba, fragmentada, rápida y procesada unilateralmente. Sugerencias sí, acuerdos no.
Dado el momento actual, otra hipótesis sería la electoral. El factor 2018 tendría ya una poderosa influencia en el ámbito del conflicto y por tanto, en esta vena, un sector empresarial alarmado por la duración y fuerza de las protestas estaría cerrando filas en torno a una postura y a un candidato duro capaz de poner orden en el país en el sexenio venidero. Una tercera hipótesis, por supuesto, sería que, en realidad, los movimientos que hoy presenciamos son meras coincidencias en el tiempo, en los actores, en los temas y en la actitud, nada más.
En cualquiera de las tres hipótesis, lo cierto es que hoy la politización del tema educativo es tal que la consulta a que convoca la SEP difícilmente será significativa y, tampoco, realmente válida. Desde hace casi cuatro años, cuando se optó por despojar de derechos constitucionales básicos a los maestros, sus mismos promotores anticipaban que habría problemas (aunque calcularon mal la amplitud, duración y profundidad de la resistencia), y ahora la víctima son el país, los niños, jóvenes y maestros y padres de familia que se enfrentan a un horizonte educativo lleno de tensiones y contradicciones sin que puedan discutir tranquilamente qué educación es la que se necesita en México. Hoy que las cúpulas empresariales intervienen directamente contra el diálogo y los acuerdos que acerquen a una solución, ellos mismos prolongan y profundizan el conflicto.
Para dejar atrás esta ruta hasta suicida, de aumento creciente en la confrontación, hoy la única salida es precisamente un diálogo efectivo. Y eso requiere reducir la crispación ahí donde ésta primero se inició. Es decir, buscar una forma de abrogación, suspensión o reinterpretación del marco laboral-administrativo para que la discusión no se sitúe allí, sino en el terreno de la transformación de la educación. Y desde ahí repensar entonces qué tipo de marco laboral-administrativo, qué perfiles de los maestros, procesos de formación y actualización, tipo de condiciones de trabajo se requieren. Mientras este replanteamiento no ocurra, los maestros no tienen otro remedio que continuar manifestándose contra la exclusión laboral y al mismo tiempo y con la energía que da el propio movimiento, iniciar con sus aliados un proceso propio, amplio y representativo, una ruta que construya el gran proyecto educativo, abierto, incluyente, ese sí, desde abajo y desde las necesidades de conocimiento de los mexicanos. Y comenzará entonces una etapa a mediano y largo plazos, de una profunda disputa entre proyectos de educación, la de los empresarios por un lado, y, por otro, la de los maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades y organizaciones sociales representativas de las grandes mayorías del país. En una circunstancia así, también los universitarios podemos, debemos pronunciarnos.
¿Qué tipo de protestas tendríamos hoy si a los empresarios, precisamente por serlo y sólo a ellos se les cancelaran derechos constitucionales básicos?
*Rector de la UACM
