30 Jul 2016
Martín Esparza Flores
Tuvieron más importancia las ganancias de la firma que la defensa de la ecología y la vida humana.
Los TLC arruinaron la economía nacional/II
Si las autoridades mexicanas y el Congreso no revisan con cautela, y de cara a la opinión pública, la “modernización” propuesta al contenido del tratado comercial que nuestro país firmó con la Unión Europea hace quince años, la economía nacional y nuestras quebrantadas finanzas públicas pueden pagar los platos rotos de otorgar nuevamente todas las ventajas jurídicas a los inversionistas extranjeros, particularmente a las voraces trasnacionales que en el pasado mediato han cobrado millonarias indemnizaciones al gobierno mexicano.
No aprender las dolorosas y costosas experiencias dejadas al paso de los años, traerá a la nación consecuencias aún más graves. Y si no, recordemos lo acontecido en 2009, en el municipio de Zimapán, Hidalgo, cuando la trasnacional de origen ibérico Abengoa interpuso, en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, una demanda en contra de nuestro gobierno porque las autoridades locales le bloquearon a la poderosa firma la construcción de un vertedero de residuos tóxicos que de forma autoritaria la empresa ubicó a sólo dos kilómetros de una reserva natural y a medio kilómetro de una comunidad indígena hñahñu.
A los técnicos e inversionistas de Abengoa poco les importó que con el vaciado de sustancias letales como el arsénico se pusiera en riesgo el equilibrio ecológico del lugar y hasta la vida de sus habitantes. El revocamiento de la licencia de funcionamiento a la multinacional llevó el asunto a los tribunales internacionales que condenaron al gobierno mexicano a pagar, con cargo al erario, la suma de 45 millones de dólares por “beneficios perdidos”, y 1.7 millones extras por “gastos legales”. Para el criterio de los “jueces” que desde el extranjero emitieron su fallo, tuvieron más importancia las ganancias de la firma que la defensa de la ecología y la vida humana. Las leyes mexicanas pasaron a un segundo plano.
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Los abusos de esta naturaleza se repiten de manera constante contra los países en vías de desarrollo; otro ejemplo de estos atropellos fue el sucedido en Uruguay cuyo gobierno fue demandado por la cigarrera multinacional Philip Morris, que calificó de “excesivas, poco razonables” y hasta arbitrarias las medidas antitabaco expedidas por el país sudamericano en sus políticas de salud pública. La experiencia demuestra que, en el cumplimiento de los tratados comerciales, a los grandes corporativos y sus países de origen no les interesa en lo absoluto el respeto a las políticas públicas que buscan preservar los derechos humanos, laborales, de salud y hasta ecológicos de millones de personas.
La intención de “renegociar” el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, anunciado ya de manera oficial, debe implicar de las autoridades mexicanas la responsabilidad de consensuar su aprobación ante la sociedad y el Congreso, poniendo en la agenda de los asuntos nacionales el análisis de su nuevo contenido y sus alcances jurídicos, que como han alertado expertos internacionales busca afianzar el “blindaje” a los inversionistas europeos en áreas como el sector energético, las comunicaciones y los servicios financieros, reduciendo a su mínima expresión las leyes mexicanas y, por supuesto, haciendo peligrar las finanzas públicas por el riesgo de las millonarias indemnizaciones por venir.
