Por conducto del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y del vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, el gobierno mexicano calificó ayer de inaceptable el más reciente exabrupto xenofóbico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la víspera se refirió a algunos migrantes como animales que deben ser expulsados de su país y afirmó que México habla pero no hace nada por nosotros en materia de contención migratoria. Aunque el magnate se refería a presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13, conformada por centroamericanos en territorio estadunidense, tal expresión constituye una grosera afrenta a los derechos humanos y, proveniente esa expresión de un jefe de Estado, es una peligrosa incitación al odio y al linchamiento de extranjeros, además de un desfiguro visceral sin precedente que debilita y erosiona la imagen de la propia institución presidencial de Estados Unidos.
Pero Trump, no satisfecho con exacerbar las fobias chovinistas de los sectores más atrasados de la sociedad estadunidense, fue más allá: acusó al gobierno mexicano de no hacer nada por impedir que ciudadanos de terceras nacionalidades lleguen a Estados Unidos, y en ello mintió de manera flagrante: si algo puede reprocharse a las autoridades de México es que han ido demasiado lejos en su colaboración migratoria con la superpotencia vecina, permitido la presencia y la operación de agentes migratorios estadunidenses en el territorio nacional y conformado una suerte de filtro para reducir el flujo de personas procedentes de la frontera sur que ven en México una vía hacia la línea divisoria que nos separa de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Así se confirma una vez más que la peor manera de relacionarse con Trump es realizar concesiones a las exigencias del gobierno estadunidense, pues en ellas el actual ocupante de la Casa Blanca observa un signo de debilidad, agudiza sus actitudes agresivas hacia la contraparte y multiplica sus agravios y demandas desorbitadas.
En tal circunstancia, las autoridades nacionales deben considerar seriamente la pertinencia de enviar a Washington un mensaje de firmeza, como lo sería la suspensión de la colaboración bilateral en asuntos migratorios, poner fin a la obsecuencia para la operación de agentes estadunidenses en suelo mexicano y adoptar una política oficial de plena hospitalidad y colaboración para con los extranjeros en tránsito hacia el norte. Porque, a fin de cuentas, el actuar como una especie de frontera exterior de Estados Unidos le ha valido a nuestro país señalamientos adversos de organismos internacionales de derechos humanos y, como puede verse, reproches tan groseros como injustificados desde la Casa Blanca.
