La Cámara (tribunal) Federal de Buenos Aires aprobó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández, con lo cual el juez Claudio Bonadio está en condiciones de pedir al Senado el desafuero de la dirigente opositora con propósitos de detención. Cabe recordar que ese magistrado la imputó en septiembre pasado como presunta jefa de una asociación delictiva para recaudar sobornos, junto con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, quien se encuentra detenido.
El hecho sería una noticia positiva si se tratara de una acción orientada a combatir la corrupción y la impunidad en el ámbito de la administración pública de la nación sudamericana, pero por desgracia el fallo referido se inscribe más bien en la lógica perversa de la invención de delitos en contra de los opositores políticos al gobierno de Mauricio Macri, entre los cuales su antecesora en el cargo ocupa el sitio más relevante. Con ello, los estamentos oligárquicos y regresivos incrustados en el Poder Judicial buscan fortalecer la alicaída gestión del actual ocupante de la Casa Rosada –un representante fiel de tales estamentos–, socavar la credibilidad pública de la acusada y torpedear por los medios que sea un eventual retorno al poder del Frente por la Victoria y de sus propuestas sociales y soberanistas.
Es importante tener en cuenta que a lo largo de su estancia en la presidencia (2007-2015), tanto Cristina Fernández como antes, su finado esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), emprendieron políticas orientadas a devolver la soberanía a una Argentina por entonces endeudada con organismos financieros internacionales y acreedores privados, atender a los sectores sociales más necesitados e impulsar la integración latinoamericana, tarea esta última que encontró condiciones propicias con los gobiernos progresistas que existían por entonces en otros países sudamericanos, particularmente en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Ello derivó en constantes confrontaciones con los grupos empresariales que han dominado la economía argentina y con los consorcios informativos y de telecomunicaciones de orientación oligárquica –prácticamente todos– que realizaron una permanente labor de zapa en contra del gobierno.
Por lo demás, desde antes que terminara su periodo, en diciembre de 2015, esos sectores lanzaron un alud de causas judiciales en contra de la política peronista, una ofensiva que se incrementó tras su salida del cargo, en diciembre de 2015 y que ahora alcanza un punto culminante con el referido fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires.
Lo más grave del asunto es que la judicialización de políticos progresistas se ha convertido en un fenómeno cada día más frecuente en Sudamérica. La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff fue depuesta del cargo en agosto de 2016 en lo que puede considerarse un golpe de Estado legislativo; su mentor y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra preso desde abril pasado y sometido a un juicio por delitos claramente inventados; en Ecuador, el ex presidente Rafael Correa está sometido a una persecución judicial ordenada por su sucesor y antiguo protegido, Lenín Moreno, quien abandonó la postura soberanista que el gobierno ecuatoriano había venido sosteniendo desde 2007, reintrodujo el neoliberalismo y se enfiló a los lineamientos internacionales dictados por Washington.
El avance de las nuevas derechas en la región apunta, pues, a la negación de la política y de la democracia para remplazarlos por procesos penales amañados, con jueces y tribunales de consigna y en los que la justicia y la verdad brillan por su ausencia.
