El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019 que presentó en días recientes el Ejecutivo federal fija una reducción de 1.03 a 3.43 por ciento en los recursos federales destinados a las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones de educación superior. El dato lleva a preguntarse en qué medida tal proyección presupuestal afectará el desempeño de esos centros de estudio –varios de los cuales habían solicitado, en cambio, incrementos en sus partidas– y si no perjudicará uno de los programas más importantes del propio gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual requiere plazas adicionales para los 300 mil jóvenes a los que se proyecta incorporar a la educación superior.
Un caso crítico es el de la UAM, cuya unidad de Iztapalapa tiene inactivos dos edificios desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y requiere fondos para rehabilitarlos, algo que resultará imposible con el recorte de 3.43 por ciento en su presupuesto general, a menos que los recursos correspondientes sean previstos en el Programa Nacional de Reconstrucción que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 11 de diciembre anterior en Jojutla, Morelos, habida cuenta que el programa correspondiente de Ciudad de México estará exclusivamente enfocado a la restitución y reparación de viviendas.
Una consideración adicional necesaria es que hasta ahora los centros de educación superior se han quedado al margen del gran debate nacional que tiene lugar sobre las medidas de austeridad y de lucha contra la corrupción, con todo y que no están del todo a salvo –como tampoco lo están las instituciones del país– de ésta ni de prácticas dispendiosas. Como ha ocurrido en el Legislativo, en el Ejecutivo federal, en la Judicatura y en los organismos autónomos del Estado, es necesario y saludable incluir en la discusión los niveles de ingreso de los altos funcionarios de las universidades públicas, así como las posibles medidas para evitar que los recursos otorgados a esas entidades sean utilizados en forma indebida, no sólo con la finalidad de aplicar principios éticos y legales que deben ser adoptados por todo el sector público, sino para que presupuestos iguales o menores permitan cumplir con mayor eficiencia la misión de los centros de educación superior.
Por lo anterior, así como la sociedad ha conocido en días recientes las percepciones reales de los servidores públicos en distintas esferas del Estado, sería deseable que las universidades públicas realizaran un ejercicio de transparencia a este respecto y se adhirieran a las políticas de austeridad impulsadas desde la Presidencia.
Y no debe soslayarse, desde luego, que lo anterior debe realizarse con el más estricto respeto a la autonomía universitaria por parte del gobierno. Lo cierto es que si las instituciones de educación superior exhibieran ante la opinión pública la forma en que emplean los recursos que les son entregados, estarían en una posición más sólida y legítima para reclamar que el Congreso de la Unión incremente los que se ha planteado asignarles en el proyecto del PEF.
Desde el otro lado
El fondo inescrutable
Arturo Balderas Rodríguez
En el contexto de los homenajes que recibió el ex presidente de Estados Unidos George H. W. Bush con motivo de su fallecimiento, destacaron los que ponderaron la afabilidad y el sentido de civilidad del desaparecido mandatario sobre sus errores en la conducción del país. Pero a la par de esos reconocimientos no podían faltar las comparaciones y referencias con las desafortunadas decisiones que su vástago cometiera ocho años más tarde como jefe de Estado; sin duda la mayor de ellas fue la invasión de Irak. Cabe recordar que la excusa de tan absurda decisión fue el ataque a Estados Unidos perpetrado por comandos procedentes de Arabia Saudita, patrocinados y organizados por Osama Bin Laden, quien era ciudadano de ese país, no de Irak. Algunos amigos cercanos de Bush padre relataron la crítica que hizo de su hijo por haber invadido una nación a cuyo mandatario podían atribuirse otros latrocinios pero no los ataques de septiembre de 2001. Bush padre lamentó la influencia que el vicepresidente Dick Cheney y el entonces secretario de la defensa, Donald Rumsfeld, tuvieron sobre su hijo para que actuara en forma tan desmesurada y equivocada. Ya es historia la forma tramposa en que Cheney y sus colaboradores hicieron creer que el responsable del ataque era Saddam Husein, presidente de Irak. Es famoso el sarcasmo con el que Richard Clark, coordinador de la oficina antiterrorista de Estados Unidos, se refirió al hecho diciendo: Es como si hubiéramos invadido México cuando los japoneses nos atacaron en Pearl Harbor.
En esos años, millones de estadunidenses consideraron que su país había tocado fondo con uno de los peores presidentes de su historia. Con el tiempo comprobaron que estaban equivocados: el fondo es más profundo y no está claro cuándo se llegará a él. Así lo ha demostrado con hechos y declaraciones el actual huésped de la Casa Blanca. Nadie en su sano juicio hubiera pensado que se pudiera extrañar a Bush hijo. Con cada decisión que Donald Trump toma pareciera que no hay fondo, y no son pocos los que se preguntan con angustia qué pasaría si un hecho como el de septiembre de 2001 sucediera nuevamente. Tal vez la respuesta y única posibilidad de detener la caída la tengan los legisladores demócratas, quienes después de ganar las elecciones serán mayoría en la Cámara de Representantes. Su labor será crucial y al mismo tiempo sumamente complicada para desenredar los traspiés y las trapacerías cometidas durante los dos años que Trump y su séquito han gobernado el país.
