Durante un acto al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como representantes de los principales organismos empresariales y sindicales, ayer se dio a conocer que a partir del primero de enero de 2019 el salario mínimo general tendrá un incremento de 16 por ciento nominal, al pasar de 88.3 a 102.68 pesos diarios, mientras en la zona fronteriza se establecerá una medida especial que elevará la remuneración mínima en ciento por ciento, con lo que alcanzará 176.72 pesos por día.
Se trata de un hecho histórico por varias razones. Primera, porque se pone fin a la deplorable política de fijar los ingresos de los trabajadores, no sólo por debajo de lo que mandata la Constitución –de acuerdo con la cual éstos deben satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y para proveer la educación de los hijos– sino incluso por debajo del nivel mínimo de bienestar definido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Segunda, porque a contracorriente de lo ocurrido hasta ahora, un alza de esta magnitud se produce en un entorno inflacionario controlado, lo cual significa que no se establece como paliativo, sino como auténtica recuperación del poder adquisitivo. Y, en tercer lugar, como remarcaron los titulares del Ejecutivo y de la cartera del Trabajo y Previsión Social, el aumento que entrará en vigor el año próximo es sólo una primera medida dentro de un plan mayor para impulsar el bienestar y el poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Asimismo, resulta digno de encomio que una decisión de tan obvio beneficio para el país haya sido tomada de común acuerdo entre la administración federal y las cúpulas de la iniciativa privada, entre las que destaca el apoyo expresado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, instancias que en semanas recientes han tenido desavenencias y jaloneos con el Presidente y su entorno.
Sin duda, tal voluntad para avanzar en la materia responde en parte a la urgencia que los propios empresarios perciben en la reactivación del mercado interno, estancado desde hace décadas por una política ruinosa de contención salarial que apostó por el mercado mundial en detrimento de los trabajadores, pero también de pequeñas y medianas empresas. En este sentido, no puede pasarse por alto que 57 por ciento de la población empleada ejerce dentro del sector informal, y esa situación se explica en buena medida por la falta de incentivos a la formalización representada por los raquíticos salarios vigentes.
En suma, es digno de elogio que se haya dado una actuación armónica en este asunto clave para el bienestar de las mayorías y para la estabilidad del país. Cabe esperar que esta voluntad de entendimiento por parte de las cúpulas empresariales se haga extensiva a los puntos del programa gubernamental a los que hasta ahora se ha resistido.
Negocios y empresas
Ciberseguridad
Miguel Pineda
Entre todos los negocios ilegales a escala internacional, el robo de datos es el de mayor crecimiento. La sustracción de información mediante el ciberespacio deja más dinero que la distribución de droga, la prostitución y la evasión de impuestos juntos. Son miles de millones de dólares que se extraen a personas físicas y morales día tras día, y nadie que se conecte a la red es inmune a ese delito.
Por esa razón, uno de los negocios legales que más crece es el de la ciberseguridad, la cual mantiene un avance anual por encima de la producción de dispositivos y de programas de todo tipo. Tanto las personas físicas como las empresas buscan la forma de protegerse de los hackers y para ello invierten cantidades crecientes de recursos. Quien no se protege corre el peligro de perder dinero o información confidencial que se encuentre en sus archivos.
De acuerdo con el Informe de redes virtuales (VNI, por sus siglas en inglés), presentado recientemente por Cisco, que en México encabeza Isidro Quintana, 60 por ciento de la población mundial usará Internet para 2022.
Eso significa que cerca de 5 mil millones de habitantes estarán conectados por Internet para ese año, lo cual implica una democratización del conocimiento. Esto quiere decir que lo que se investiga, hace o pasa en algún lugar remoto se puede conocer en el resto del mundo en tiempo real.
Pero esta difusión del conocimiento genera un reto enorme en materia de seguridad, porque cada vez que se desarrolla una nueva protección hay millones de personas que buscan entrar a las redes mejor protegidas. Incluso, las monedas virtuales corren el riesgo de que alguien supere a los mineros que generan algoritmos que parecen imposibles de hack- ear y que de la noche a la mañana una persona o un grupo delictivo extraiga millones de dólares del sistema.
El mundo se encamina a una nueva etapa de la realidad virtual, en la cual una creciente parte de la comunicación entre humanos, del Internet de las cosas y de los negocios se realizan a través de la red, lo que implica una verdadera revolución tecnológica.
Pero el gran reto es que la ciberseguridad avance más rápido que los delincuentes, lo cual será muy difícil de lograr.
miguelpineda.ice@hotmail.com
