Amarela Varela / Verónica Ruíz
Desde abril de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ensaya nuevas formas de contención de la transmigración en México. La violencia con la cual se busca frenar el éxodo forzado de millones de personas –en especial centroamericanas– contradice el discurso utilizado por AMLO durante su campaña presidencial, cuando prometió políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos para este grupo poblacional.
En menos de un semestre hemos visto virar al Estado mexicano a través de declaraciones y acciones de sus funcionarios: desde la puesta en práctica de acciones como el otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias que combinaron con la declaración de intenciones de establecer cortinas de desarrollo como fuentes de empleos para los transmigrantes, hasta la actual implementación de redadas contra caravaneros que transitan dispersos en pequeños grupos los caminos de La Bestia, después de lo sucedido en Pijijiapan, Chiapas, el pasado 22 de abril, cuando agentes de migración detuvieron con extrema violencia a familias que componían lo último de las caravanas de las que tuvimos noticia.
Estas redadas combinan la participación de agentes migratorios con policías federales que, en horarios nocturnos y en zonas despobladas, hacen uso de una extrema crueldad en contra de niños y adolescentes migrantes durante las detenciones, eventos que tienen cada vez menos eco en la opinión pública.
Producto de nuestro trabajo etnográfico, tenemos noticia de redadas contra caravaneros que ante los ataques señalados decidieron tomar La Bestia para sortear los retenes de carreteras que se han puesto en marcha como respuesta del gobierno mexicano a los migrantes.
Las redadas están sucediendo tanto en el sur sureste como en el centro del país y los migrantes señalan un punto particularmente violento: el corredor Apizaco-Huehuetoca, donde policías federales y agentes de migración acorralan a los migrantes en descampados desplegando operativos a escasos kilómetros de los albergues religiosos para migrantes, en una estrategia que leemos como asfixia para quienes consiguen traspasar los primeros retenes federales de la frontera sur de la nación.
Las familias entrevistadas denuncian que se vieron en la necesidad de regresar a los viejos modos de traslado en La Bestia para evitar las redadas en las que se utilizan gases lacrimógenos, balas de goma contra adolescentes migrantes, golpizas a niñas de entre cinco y nueve años delante de toda la familia para que ésta se entregue y aborde voluntariamente las perreras del Instituto Nacional de Migración (INM), para su inmediata deportación en masa. Estas acciones gubernamentales son señaladas como tortura contra la población migrante por los tratados internacionales referentes a los derechos humanos.
Estos testimonios sorprenden por el uso desmesurado de violencia hacia menores de edad como nueva estrategia para disuadir las voluntades de los adultos. Por otro lado, el retorno a los viejos modos y rutas de desplazamiento clandestinas por parte de los migrantes generarían mayor vulnerabilidad, pues en todos los testimonios se habla de asaltos, violación sexual, robo de documentos e incluso ataques del crimen organizado.
En noviembre de 2018 la prensa mexicana e internacional dio especial cobertura a la política estadunidense de separación de familias, a la que calificó de cruel y violatoria de los derechos humanos. La sociedad civil –incluso la menos politizada– mostró su rechazo a dicha estrategia de disuasión migratoria. No obstante, hoy vemos con preocupación que la sociedad mexicana naturaliza el éxodo centroamericano y sus condiciones de alta vulnerabilidad. Preocupa que el actual gobierno haga uso de prácticas de tortura contra la niñez migrante, lo cual significaría una suscripción de la guerra total que en la era Trump se declaró contra migrantes y refugiados.
La mayoría de los migrantes cumplen con los criterios requeridos para reconocerles como refugiados. La pregunta obligada es ¿por qué nuestro gobierno se niega a reconocer a estos desplazados como lo que son y, en cambio, suscribe las políticas del gobierno de Estados Unidos? Se les niega este estatuto cuando se criminaliza la migración de hombres, mujeres y niños mediante el uso de violencias muy parecidas a las que viven en sus países de origen, encerrándolos en lugares que distan de ser albergues, prohibiendo a la sociedad civil que les proporcione alimentos e impidiendo el ingreso de las caravanas a las ciudades y poblados para abastecerse de agua y resguardarse de las temperaturas extremas, arrestándolos de forma irregular en espacios públicos, negándoles permisos de tránsito y trabajo, negándoles incluso acceso a servicios básicos de salud y a la seguridad en su camino hacia la frontera norte. Coartándoles el derecho fundamental a la vida.
A seis meses del gobierno de la 4T, las instituciones involucradas con la gestión de lo migratorio, que incluye además de la PF y el INM al DIF, la Ssa o protección civil, sólo buscan disuadir el modelo caravana y disolver todo tipo de organización migrante. Con estas acciones el Estado sigue sumando violaciones graves a los derechos humanos contra la población migrante. Independientemente de la filiación ideológica o partidaria de quienes hoy detentan el poder, la violencia estatal contra los migrantes no sólo va en aumento y complejizándose, sino que apuesta por agredir a la niñez y usarla como rehén de sus nuevos lineamientos. Las responsabilidades jurídicas e históricas del Estado mexicano a este continuum de violencia todavía están por ser articuladas como demanda de justicia por nosotros los mexicanos, pueblo migrante.
