Se cumplen hoy dos años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de este diario en Sinaloa y autor de varios libros sobre el narcotráfico y la violencia delictiva. El crimen, perpetrado en 2017 en su natal Culiacán, fue claramente motivado por el afán de acallarlo. Siete semanas antes, en Chihuahua, había sido ultimada a tiros Miroslava Breach Velducea, también informadora y colaboradora de La Jornada, que se distinguió por su cobertura de la corrupción, la delincuencia organizada y la descomposición social en esa entidad.
Además de la entrega apasionada al oficio y la excelencia profesional con que se desempeñaron, hasta convertirse, ambos, en puntos de referencia del acontecer de sus respectivos estados y de los fenómenos políticos y sociales del norte del país, tanto Miroslava como Javier fueron trabajadores de la verdad y generaron, por ello, malestares e incomodidades en el tejido de complicidades que es, por principio, indispensable para el surgimiento y desarrollo de la delincuencia organizada. El propio sinaloense lo expresó en un tuit premonitorio el 25 de marzo de 2017, 20 días antes de su asesinato, en el que hacía alusión a una amenaza que había recibido su colega de Chihuahua: A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.
En estos dos años las investigaciones en torno de los homicidios de nuestros compañeros han avanzado lento y mal. En Chihuahua hay sospechosos que ni siquiera han sido llamados a declarar en torno a la muerte de Breach Velducea, y en Sinaloa no deja de ampliarse el universo de los posibles vinculados al crimen de Valdez Cárdenas. Ayer mismo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) anunció que dentro de la estructura criminal del cártel de Sinaloa hay más involucrados en el asesinato del 15 de mayo, además de los dos presuntos autores materiales que se encuentran ya detenidos.
Ricardo Sánchez Pozo, titular de esa instancia de procuración, dijo que un número no determinado de copartícipes sirvieron de enlace para dar la orden al grupo ejecutor, además de que se desconoce, hasta ahora, al o los autores intelectuales del homicidio.
Respecto de Miroslava, el pasado 23 de marzo, en el segundo aniversario de su muerte, y ante la inacción del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado, se elevó un clamor de exigencia a las autoridades federales para que se proceda a la captura de todos los involucrados en el crimen y en especial de los autores intelectuales y se exigió a ambos niveles de autoridad una postura firme frente a los grupos criminales que operan en el estado y que por décadas han causado la descomposición social de Chihuahua.
Entre aquel nefasto primer semestre de 2017 y la actualidad muchos periodistas han sido asesinados; cuando se cometieron las ejecuciones de Miroslava y de Javier, el país llevaba ya un elevado número de informadores muertos por desarrollar su oficio. Así como la impunidad en la cadena de casos previos facilitó los asesinatos de nuestros compañeros, la impunidad que ha prevalecido ante sus muertes ha hecho posible que sigan cayendo periodistas y activistas sociales. Por eso es fundamental cortar esa cadena catastrófica y exasperante, y emprender el esclarecimiento pleno de esos y de todos los homicidios cometidos a lo largo y ancho del país. Ninguna transformación social profunda puede llevarse a cabo sin periodismo, y el ejercicio de este oficio no puede ser realizado por periodistas muertos.
