Miguel Concha
Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital.
La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta.
Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas.
Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político.
Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos.
El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46
años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras.
Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados.
Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades.
Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal.
Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario.
