José Blanco
Ojalá la aprehensión de Genaro García Luna el pasado 10 de diciembre se convierta en un parteaguas de la historia infame de la corrupción política de México. Cuando Peña Nieto dijo que la corrupción era un asunto cultural de la sociedad mexicana, hablaba con el conocimiento de causa de conocer al grupo Atlacomulco –del que forma(ba) parte–, de obscena corrupción política: la política consiste en robar astutamente los recursos públicos, es lo que aprendí desde que nací, podría decirse a sí mismo el inefable ex presidente.
Esa astucia entraña la práctica de borrar al máximo toda huella de los atracos a la hacienda pública –y de participación del ingreso narco en los últimos tiempos– pero, aún más importante en términos históricos, consiste en el ejercicio de la muy conveniente lealtad al pacto de impunidad de los gobiernos prianistas, por el cual cada gobierno protegió siempre los desmanes corruptos, no sólo del presidente anterior, sino de todos los funcionarios públicos de cada administración (exceptuemos los dignos casos de los funcionarios honrados).
La cleptocracia –el gobierno de los ladrones– fue construyéndose a partir del gobierno de Miguel Alemán. Hubo un condicionamiento histórico en el origen. La Revolución Mexicana tuvo dos grandes demandas: la democracia (electoral) y la justicia social para los desheredados de la historia. Cárdenas fue el apogeo en el cumplimiento de la demanda de justicia social; la democracia electoral habría de esperar décadas para comenzar a avanzar.
Grandes masas de campesinos principalmente, fueron beneficiadas por las políticas públicas del general, pero esas acciones indiscutibles no las empoderaron, ni a los trabajadores asalariados, ni a nadie que no fuera parte de los grupos revolucionarios vencedores que, a la larga, crearon un Estado en gran medida para sí mismos, como aparecería con claridad a partir del régimen de Alemán. Una dominación inmensa de los grupos políticos gobernantes sobre la sociedad iríase construyendo acompañada del discurso ideológico de la Revolución Mexicana. El gran poder de la familia revolucionaria era el no-poder de las masas y de la sociedad en general. Ese gran poder fue alejándose cada vez más de las bases sociales que lo originaron y perdiendo sensibilidad respecto de unas masas profundamente carenciadas. Los de arriba se enriquecieron, mediante las prácticas corruptas de gobierno, los de abajo fueron cada vez más postergados. El no-poder frente al poder, es decir, la antidemocracia, es el caldo de cultivo en el que prosperó la corrupción política histórica; ya Obregón hablaba de los irresistibles cañonazos de 50 mil pesos, antivalores propios de la corrupta Colonia, antecedente de la moderna corrupción priísta.
Una sociedad no empoderada, viviendo al margen de la democracia, no tiene instrumentos ni vías para ejercer control sobre los funcionarios del Estado, sobre ninguno de los tres poderes. Si en algo debiera consistir la Cuarta Transformación, es en la creación de múltiples vías institucionalizadas de participación democrática de la sociedad en la cosa pública.
En ausencia de ese control social, los gobiernos priístas y prianistas medraron corruptamente y crearon todas las formas imaginables de corrupción, en una medida cada vez mayor: la malversación de fondos, el soborno, la extorsión, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo, el tráfico de influencias, el consorcio profundo entre los políticos –y funcionarios hasta el más alto nivel– y el crimen organizado, que se inició con el narcotráfico. En ausencia de real democracia los grupos y partidos políticos erigieron, con enorme libertad, una cleptocracia execrable, envuelta en un pacto de impunidad, al final, entre el PRI, el PAN, el PRD…
Utilizar el poder para aplastar a los opositores también es corrupción; la brutalidad policiaca o militar es corrupción; los fraudes electorales son corrupción, la compraventa de cargos públicos es corrupción; la no persecución de los delitos es corrupción; la autoventa de los jueces es corrupción; las mordidas para librar una multa o para realizar un trámite administrativo son corrupción; los moches del Ejecutivo al Legislativo son corrupción. Esta lista puede ser añadida por el lector, con los casos que conozca, hasta un final cuyo término nadie sabe dónde está. Todas las formas de corrupción han sido parte sustancial de los regímenes prianistas.
En ese pálido reflejo que es el índice de percepción sobre la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México inició el atroz gobierno de Felipe Calderón en el sitio número 70 y lo finalizó en el número 105 de 180: retrocedió 35 lugares; con el gobierno inenarrable de Peña Nieto, al término de 2018, pasó al lugar 138: retrocedió 33 sitios más. Alcanzó, en 2018, una calificación de 28 puntos sobre 100 posibles. En ese mismo año Dinamarca alcanzó 88 puntos, Nueva Zelanda 87, y Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, 85.
La 4T tiene una tarea impostergable e invaluable.
