Víctor M. Toledo
A lo largo de su historia la especie humana ha sido civilizada por la naturaleza innumerables veces, mientras ingenuamente pensaba que la estaba dominando. Para sobrevivir y aumentar su control sobre los procesos naturales, las comunidades humanas debieron hacer más eficientes sus formas de gobernarse, comunicarse y de apropiarse los sustentos necesarios mediante la creación de nuevas tecnologías. La creación del lenguaje o la invención de armas con proyectiles (como el arco o el búmeran) son dos claros ejemplos que permitieron a los conglomerados más antiguos aumentar su población y asegurar sus alimentos. Otro ejemplo notable es la creación de formas de gobernanza más sofisticados que permitieron a la comunidad de regantes, ponerse de acuerdo para aprovechar de manera equitativa el agua proveniente de los deshielos de las grandes montañas. Este hecho, que ha sido constante a lo largo de los 300 mil años de historia de las relaciones entre las sociedades humanas y sus naturalezas, vuelve a aparecer hoy, aunque en una dimensión única, por no decir espectacular o descomunal.
Para remontar la crisis climática de escala global, que amenaza a todos los países del mundo y que no se aminora ni detiene, según los reportes científicos, la humanidad como entidad única, debe ponerse de acuerdo y tomar acciones consensuadas. Nada más y nada menos. Esta vez, las decisiones y acciones deben regirse ya no por las recomendaciones del chamán o del consejo de sabios, sino por la comunidad científica organizada en el llamado Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) creado en 1988. Los reportes que provienen de este grupo de unos 2 mil científicos y que contienen diagnósticos integrados de la Tierra, tomada como un ecosistema global, operan como los marcos para la toma de decisiones. Pues como asentó el filósofo alemán Alfred Schmidt: A la naturaleza sólo se le conquista coincidiendo con sus leyes. En esta ocasión el reto es más que descomunal, pues la tarea implica un proceso civilizatorio que ponga de acuerdo a 7.5 mil millones de seres humanos.
El nuevo fracaso de la última cumbre climática, la COP25 en Madrid, debe visualizarse desde este contexto, pues la crisis del clima no es sino la expresión suprema de una crisis de civilización. Ya no bastan las soluciones técnicas, económicas o las situadas dentro de las prácticas políticas habituales. Hoy debemos revisar uno por uno los pilares sobre los que se asientan las sociedades industriales, sus lógicas o racionalidades y, sobre todo, su imaginario ideológico y cultural.
La COP25 se ha realizado, además, justo en medio de un nuevo fenómeno social nacido en los últimos meses por todos los rincones del mundo. Las protestas de los ciudadanos organizados reclamando derechos humanos y de la naturaleza, reivindicaciones de todo tipo, justicia de género, y más. Estos reclamos surgen hacia quienes hoy conducen los destinos del mundo: la clase política representada por gobiernos y partidos, los poderes económicos centrados en empresas y corporaciones, y los sectores diplomáticos de las principales instituciones internacionales. Estas protestas son de una nueva magnitud, tanto en número de participantes como en su duración. Surgen de la incapacidad de esas tres élites para resolver problemáticas elementales de justicia social, democracia y, principalmente, para mantener los tejidos de la vida humana y no humana. Estas manifestaciones ciudadanas de nueva estirpe se han multiplicado por todas partes: Hong Kong, Egipto, Francia, Argelia, España, Chile, India, Ecuador, Colombia. Su expresión ambientalista ocurrió cuando al llamado de la joven Greta Thunberg respondieron más de 7 millones de ciudadanos que tomaron las calles de decenas de ciudades de todo el mundo.
En suma, superar la crisis del clima, será una operación que habrá de resultar del juego de fuerzas de tres sectores bien definidos: las élites políticas, económicas e internacionales, los científicos y sus diagnósticos y análisis, así como la nueva fuerza de las sociedades cada vez más organizadas y empoderadas.
Desde el otro lado
El negocio de las cárceles
Arturo Balderas Rodríguez
Ahora también las cárceles son un medio de lucro, al menos en Estados Unidos. El sistema carcelario de ese país se ha convertido en un estupendo negocio para quienes lo explotan, con la aquiescencia de las agencias de gobierno responsables de su funcionamiento. En ciertos casos, a las pésimas condiciones de algunos reclusorios y las restricciones presupuestarias para su mantenimiento se agregan las desmedidas ambiciones de las empresas privadas que las administran; esta situación es aún más grave en el caso de los destinados a los detenidos por su condición de migrantes indocumentados.
El trato que en algunos de los reclusorios privados reciben familias enteras de migrantes indocumentados y el negocio de las empresas privadas que lucran con su manejo, fue objeto de una investigación conjunta de la organización Pro-Pública y el New York Times (3-12-2019) para conocer las condiciones en que viven quienes permanecen detenidos en esos sitios. La investigación reveló que a una consultora privada, que realiza estudios para aumentar la productividad, le fue encargado realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de dichas cárceles. En alguna de sus observaciones, la firma sugirió la necesidad de reducir el gasto en alimentos, medicinas y servicios de salud, para ahorrar y reducir el presupuesto destinado a su mantenimiento. Esas medidas de ahorro se complementan con la de acelerar los procesos de deportación para reducir la población en los reclusorios. La propuesta alarmó a algunos de los agentes migratorios y al personal encargado de atender las cárceles, quienes consideraron que dicha medida podría tener altos costos humanos. Incluso los propios integrantes de la firma consultora se preguntaron si les correspondía definir una política, que por ley incumbe exclusivamente al Ejecutivo.
Lo que a fin de cuentas reveló el estudio es que la incapacidad para aplicar una política migratoria congruente, cualquiera que ésta sea, se debe a la indefinición y los cambios constantes de opinión del presidente y sus asesores en esa materia, por lo que, en última instancia, son empresas privadas las que la deciden. Esto es grave, más aún porque está en juego la vida de miles de personas que esperan el fallo de los jueces para saber si son deportados en forma expedita, como lo sugiere el estudio o, a final de cuentas, cuál es la condición migratoria con la que podrán permanecer en la Unión Americana.
