La llegada del fundamentalismo de mercado a la cúspide del poder público en México vino acompañada por el meteórico ascenso de los egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) como funcionarios de alto rango: de ocupar apenas 0.6 por ciento de los primeros puestos del gabinete de José López Portillo, las personas formadas en esta institución pasaron a suponer 23.3 por ciento de estos cargos en el gabinete calderonista. Aunque el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto supuso una caída a 11.4 por ciento en esta cifra, la elitista universidad mantuvo su influencia en posiciones estratégicas: el gabinete inicial del mexiquense fue el primero de la historia mexicana en que tanto el secretario como los subsecretarios y el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público provenían del ITAM, erigido así en formador de cuadros por excelencia del neoliberalismo local.
Sin embargo, desde ayer la institución creada por y para los intereses de la cúpula empresarial, se encuentra en el centro de la atención pública, no por su capacidad para aupar a sus alumnos a posiciones de poder, sino por los daños que les inflige por medio de un modelo pedagógico basado en la sobrexplotación del tiempo y las capacidades de los alumnos. Según se ha revelado, la situación era conocida de tiempo atrás por la comunidad académica y estudiantil, pero las denuncias por la atrocidad de un sistema educativo basado en la sobrecarga intencional de trabajo, en la hipercompetencia entre los propios alumnos, en la humillación como método de apelar a la excelencia y en la exaltación del estrés como señal de compromiso, sólo consiguieron trascender el ámbito interno de la universidad tras el presunto suicidio de Fernanda Michua Gantus, estudiante de las licenciaturas de derecho y relaciones internacionales que se habría quitado la vida por las presiones a que se vio sometida en sus estudios.
De acuerdo con las denuncias vertidas en redes sociales por alumnos y ex alumnos del ITAM a raíz del trágico suceso, la muerte de Michua Gantus no sería un hecho aislado: además de una alta tasa de suicidios entre los estudiantes de la universidad, habría una constante sobremedicación con fármacos para potenciar el rendimiento, así como una preocupante incidencia de enfermedades mentales derivadas de lo anterior. De manera grave, se afirma que todo esto, así como una extendida cultura de violencia de género, es de total conocimiento de las autoridades universitarias, pero que éstas o bien lo silencian para proteger a la institución o bien lo defienden como parte de los requisitos de la excelencia que el ITAM pone en el centro de sus valores.
A reserva de lo que llegue a saberse sobre el caso particular de Fernanda Michua, su muerte y la reacción de sus compañeros –quienes han convocado a una huelga estudiantil para poner fin a los abusos de que son objeto– obligan a reflexionar sobre las terribles presiones a que se ven sometidos los jóvenes en una institución de este tipo: por una parte, son bombardeados con un discurso según el cual trabajar hasta la extenuación es la única manera de demostrar su valía, mientras por otra, se encuentran con las expectativas de unos padres que, en no pocos casos, han realizado enormes sacrificios para enviarlos a una de las escuelas más costosas del país. No queda sino preguntarse si la excelencia justifica la pérdida de la salud mental o, más aún, si quebrar física y emocionalmente a los jóvenes es el método idóneo para alcanzar tal excelencia.
Insabi: diseño y corrupción
Gustavo Leal F.*
Ante la devastación sectorial heredada del arco neoliberal 1982-2018 (Julio Frenk) y la inédita corrupción imperante (doctor José Narro Robles) quedan sobradamente justificados los rediseños institucionales emergentes de la Cuarta Transformación (4T), así como las nuevas piezas e instrumentos para el cabal desempeño de la política pública. Sin embargo, esas piezas e instrumentos deberían también incorporar la innovación que demanda la tarea preferente de una política sanitaria posneoliberal: mejorar las condi-ciones de salud y los servicios en conso-nancia con el mandato del cambio expresado en 2018.
Después de la anunciada federaliza-ción recentralizadora en curso vía el acuerdo entre el gobierno federal y go-bernadores de ocho entidades para ha-cer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos de la po-blación sin seguridad social (14/12/18) yde la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi, Diario Oficial de Federación –DOF–, 29/12/19) ¿es ese el caso de los criterios de operación del programa (UO13) de atención y medicamentos para la población sin seguridad social para el ejercicio fiscal 2019 (Secretaría de Salud –Ssa–), 22/5/19)?
En ellos se establece que ese programa: 1. Garantizará servicios a la población vulnerable, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo índice de desarrollo humano, de alta o muy alta marginación, fortaleciendo redes de servicios de primer nivel, centros de salud rurales o urbanos, hospitales comunitarios o integrales de las 32 entidades de la nación, incluyendo Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, así como unidades fijas/móviles IMSS-Bienestar, en términos que se convengan en instrumentos jurídicos a celebrarse.
2. La interpretación técnico/operativa de los criterios, será facultad de la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (Dgplades).
3. Para la determinación de montos de los recursos de apoyo, las entidades federativas a través de sus secretarías de Salud y, en su caso, el IMSS, presentarán a la Dgplades solicitudes indicando necesidades de recursos humanos, medicamentos, insumos, infraestructura física y equipamiento. Ellas serán apoyadas siempre y cuando las solicitudes sean aprobadas por la propia Dgplades, con base en la disponibilidad presupuestal. La aprobación será notificada oficialmente. Los recursos que no cumplan con el objeto del programa UO13, en términos de los convenios específicos de colaboración, serán reintegrados a Tesofe.
4. Aprobados los apoyos, la Ssa suscribirá con entidades convenios específicos para acordar las transferencias conforme calendario y disponibilidad presupuestal. Los recursos tienen el carácter de subsidios.
5. Serán radicados en institución bancaria que determine la Secretaría de Finanzas de la entidad, en cuenta bancaria productiva única e informando a la Dgplades.
6. Ya radicados la Secretaría de Finanzas de cada entidad se obliga a ministrarlos íntegramente a la unidad ejecutora determinada en el convenio específico dentro de los cinco días hábiles siguientes junto con los rendimientos. Para ello, la unidad ejecutora también dispondrá de una cuenta bancaria única. La no transferencia de los recursos se considerará como incumplimiento y será causa de reintegro a Tesofe de recursos y rendimientos.
7. La Ssa, de conformidad con las disposiciones en materia de recursos humanos, autorizará contratación del personal de acuerdo con puestos y perfiles del programa UO13.
8. Esa transferencia de recursos a las entidades deberá realizarse únicamente respecto a puestos previamente validados por la Ssa, siempre y cuando las actividades a realizar impliquen contacto directo con los pacientes en las unidades: médicos generales, especialistas, oficial y/o despachador de farmacia, sicólogos, licenciados en nutrición y enfermería general y auxiliar de enfermería.
9. Las contrataciones serán responsabilidad exclusiva de la entidad y se realizarán bajo la modalidad de honorarios. Con el exacto mismo tono, los criterios culminan detallando los términos del seguimiento de recursos, su incumplimiento y reintegro.
Cabe preguntar: ¿cuál es el margen adecuado entre una centralización administrativa frente a la real descentralización operativa que demanda la óptima operación de los programas preventivos y de atención integrada? ¿Qué condición se les reserva a las entidades? ¿Subordinada? ¿Las contrataciones –como en el neoliberalismo– quedarán bajo su entera responsabilidad? ¿Los criterios se traducirán en real mejora del frente de operación sanitario, para así brindar mejores servicios? Sin ambición innovadora para centralizar administrativamente y descentralizar la operación, la sobradamente justificada lucha frontal contra lo corrupción corre el serio riesgo de quedarse sólo en eso: en combate radical anticorrupción. Pero aún no en mejores condiciones para la salud y mejores servicios: vigas maestras de cualesquier nueva política de salud posneoliberal.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
