En el primer año de la actual administración representó 3 mil 822 pesos por cada ciudadano afectado
Dora Villanueva
Periódico La Jornada. Viernes 22 de mayo de 2020, p. 24
La política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal no se ha reflejado en una menor incidencia de esta práctica ni en una reducción de los costos para los ciudadanos derivados de ella, exhiben datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2019, primer año completo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el costo por la corrupción para los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite o solicitar un servicio en una oficina pública fue de 12 mil 770 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017, cuando fue realizada la medición previa, reportó el Inegi.
Ello se tradujo en que el costo de la corrupción para cada ciudadano fue, en 2019, de 3 mil 822 pesos, 56 por ciento más que en 2017, añadió.
La suma establecida por el Inegi como el costo de la corrupción para los ciudadanos –la medición sólo agrupa actos que afectan las actividades vinculadas con la vida cotidiana de los hogares y deja de lado las prácticas en unidades económicas– es equivalente a la mitad de los fondos destinados al programa Crédito Solidario del IMSS, el mecanismo de emergencia frente a la crisis económica actual.
Pese a ello, la idea de que la corrupción ya se acabó en instituciones de gobierno –como considera la administración federal– ha permeado en la población. Durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017, a 87 por ciento en 2019.
Sin embargo, la tasa de víctimas directas de la corrupción pasó de 14.6 por ciento en 2017, a 15.7 en 2019. En el estado de México y la Ciudad de México se elevó a 20.7 por ciento en ambos casos y en Durango a 25.4 por ciento. Es decir, que en dichas entidades uno de cada cinco y uno cada cuatro habitantes mayores de 18 años, respectivamente, tuvieron contacto con estos ilícitos.
En total, 5 millones 804 mil 466 personas se involucraron en una práctica de corrupción en 2019 y sólo 5.1 por ciento denunció. Entre el grupo que no hizo una queja formal por este hecho, 28.8 por ciento lo consideró inútil, 18.6 pensó que era pérdida de tiempo, 12.8 por ciento argumentó no tener tiempo, 11 consideró que la corrupción en una práctica muy común y 9.2 por ciento que obtuvo un beneficio. En menor medida, pero todavía representativos, 8.7 por ciento temió represalias y 5.8 por ciento dijo que no sabía ante quién denunciar, el resto argumentó otros motivos.
El Inegi reportó que las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; seguido de otros pagos, trámites o solicitudes, como el pedir una carta de no antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento. Y también destaca el sistema judicial.
El organismo también dio cuenta de que pese a una mayor registro de corrupción, hubo un incremento general en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno. Pasó de 45.5 por ciento en 2017, a 47.2 por ciento en 2019.
Ningún sector tuvo un incremento tan marcado en confianza como el gobierno federal, donde se duplicó de 25.5 por ciento a 51.2 por ciento en dos años. La mayoría de actores y entidades de gobierno tuvieron una mejora en este indicador, incluso los partidos políticos incrementaron de 17.8 a 24.6 por ciento, pese a generar el mayor recelo entre la población.
Defenderá la 4T en tribunales política en el sector eléctrico
Pide AMLO a CFE y Energía acabar con privilegios a empresas privadas
Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada.iernes 22 de mayo de 2020, p. 14
El gobierno federal alista su estrategia jurídica para litigar en tribunales la determinación de modificar la política en el sector eléctrico, por lo que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya recibieron instrucciones para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, abrió la puerta al diálogo con los inconformes, sobre la base del interés nacional.
“No se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica –como hizo el presidente Adolfo López Mateos–, se busca que no haya corrupción. Porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores deban erogar más por el consumo de luz”, subrayó.
Las condiciones en que se acordaron estos contratos leoninos derivaron del influyentismo, toda vez que se pactaron mediante componendas entre particulares y funcionarios públicos para fijar la compra de electricidad a precios elevadísimos, con subsidio; incluso se pretendía destruir la CFE, cerrar sus plantas o subutilizarlas, dijo.
Por tercera ocasión en esta semana, se refirió a la decisión de la Sener, la cual derivó en recursos legales promovidos en contra. Tras ratificar que se respetarán la legalidad y las decisiones del Poder Judicial, expresó su rechazo a los privilegios que se confirieron a las firmas privadas, principalmente de origen extranjero: en esos actos de corrupción se dio preferencia a dichas empresas de generación de energías limpias en contra de la CFE.
Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que el argumento central de que la determinación otorga preponderancia a la CFE, en realidad alude a un reordenamiento para fijarle piso parejo en relación con esas empresas.
Señaló que su gobierno esta en favor de la energía limpia. Sin embargo, ratificó que durante el periodo neoliberal se incorporó a la iniciativa privada al sector, provocando que el precio de la luz se incrementara sustancialmente
¿El gobierno estaría planteando sentarse a renegociar los precios en que compraría la energía?
–Sí. Estamos abiertos al diálogo con todos, pero se pone por delante el interés nacional. Nada de que contraten gacetillas en periódicos del extranjero. No van a hacernos cambiar, porque no podemos permitir la corrupción. Sí al diálogo. Que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque trataban muy bien a los funcionarios, quienes tenían asegurado trabajo en las empresas particulares de generación de energía.
En entrevista, la titular de la Sener, Rocío Nahle, aseveró que serán respetuosos de las posturas de los empresarios inconformes, aunque consideró que en algunos han incurrido en calumnias y difamaciones.
