Gustavo Gordillo
En un artículo reciente decía que el virus transporta no sólo el contagio, sino varias tensiones. La primera es la sanitaria. El propósito es retrasar el salto exponencial de contagiados para evitar que las capacidades sanitarias sean rebasadas. Esta tensión depende de cómo nos comportemos como personas.
La tensión económica. El efecto económico más explosivo que generó el virus fue la disrupción de las cadenas productivas. A diferencia de la crisis de 2008-2009, es una crisis en los sectores directamente productivos. El punto clave ahora es cómo se defienden los empleos. Cuando la población se encuentra en empleo formal, el dilema es cuánto está dispuesto a gastar el gobierno para sostener a los desempleados por la crisis y para sanear a las empresas más afectadas.
Informalidad. Cuando más de 60 por ciento de trabajadores están en la informalidad, existe un problema distinto. Se trata de trabajadores por cuenta propia, informales, sin remuneraciones –que laboran o no para sus familias– y millones más que son subordinados, pero que no cuentan con prestaciones. La informalidad está vinculada con la pobreza, dado que al menos 25 por ciento de los trabajadores ocupados están en la informalidad. En el primer 10 por ciento de la población está más de la mitad en la informalidad.
La tensión social. Un ciudadano con sentido común reconoce las tensiones sanitaria y económica, y añadiría una tercera: la social. Entre seguir la vida en nuestra normalidad o aceptar las medidas que nos llevan a una anormalidad forzada. Forzada, ¿por quién? No estamos en un régimen autoritario, así que esa anormalidad en su mayor parte tiene que ser consentida.
Convergente. Lo característico hoy es la convergencia de las tensiones. Muchos por razones de sobrevivencia han tenido que asumir el riesgo del contagio para evitar su colapso económico. Es necesario dimensionar esta tragedia, porque el informe reciente del Coneval da cuenta de casi 10 millones de personas que en el primer trienio de este año han caído en la pobreza.
La sociedad. La sociedad mexicana ha estado fragmentada. El principio unificador que representó la narrativa de la Revolución Mexicana, eficientemente articulada con la escuela pública, se fue erosionando paulatinamente y se derrumbó en los 80. Se buscaba sustituirla con la narrativa de la modernización que terminó siendo exclusiva y excluyente.
¿Una sociedad organizada? Pero la fragmentación no significa ausencia de organización. La sociedad mexicana se organiza, casi siempre, con tres propósitos: para negociar derechos, demandas y/o prebendas; para defenderse, y para suplir a un agente externo. En todos los casos ese agente externo ha sido el Estado a través del gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales, u otro tipo de autoridades que encarna a sus ojos la presencia del Estado. Las dinámicas de las vertientes gremial y ciudadana han hecho de la sociedad un conjunto de archipiélagos con dinámicas propias en general desarticuladas.
Ese Estado de todos tan mentado. El Estado actual está en la encrucijada de tres tipos de conflictos existenciales. Los existentes entre un sistema de partidos extremadamente dañado y coaliciones de ciudadanos que a veces actúan como ciudadanos y a veces como sublevados.
El segundo tipo de conflicto es entre gobiernos representativos y poderes fácticos. Este conflicto está imbricado en el espacio público como resultado de una percepción de inseguridad y de la incapacidad gubernamental para proveer seguridad.
El tercer tipo de conflicto se refiere a la profunda desigualdad entre oligarquías ejerciendo privilegios y los nuevos plebeyos, que incluyen a trabajadores urbanos formales e informales, estudiantes universitarios y jóvenes desempleados.
En la nueva anormalidad conviene revisar el estado que guarda el Estado mexicano.
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¿Para qué los militares?
Raúl Romero*
El lunes 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. El acuerdo, fechado el pasado 8 de mayo, es acompañado de las firmas de Andrés Manuel López Obrador y de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al seguir la ruta marcada en marzo y mayo de 2019, cuando con la aprobación de todos los partidos políticos se modificó la constitución y se expidió la Ley de la Guardia Nacional, respectivamente, el acuerdo ahora publicado está en concordancia con la lógica militarista de la actual y anteriores administraciones, y da continuidad a una indirecta y directa militarización de la seguridad pública del país hasta 2024, es decir, durante todo el sexenio de AMLO.
Hay que recordar que, de acuerdo con el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks, del 31 de enero de 2006, López Obrador hizo saber al embajador estadunidense, Tony Garza, que quería dar más poder y autoridad a los militares en la guerra antinarcóticos, y que para ello pretendía una enmienda constitucional que no dudaba en obtener.
Llama la atención el momento en que se publica dicho acuerdo: en plena entrada al pico más alto de los contagios de Covid-19, marcado por una fuerte disputa con una parte del sector empresarial y con medios de comunicación nacionales y foráneos; pero también cuando los dos megaproyectos emblemáticos de la actual administración, el Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico, han encontrado mayor oposición de los pueblos y sus organizaciones.
De igual forma, entre los nuevos escenarios posibles para México, como consecuencia de la crisis económica global que estaba en curso y que se agudizará con la pandemia, hay que contemplar el descontento de grandes sectores sociales que se verán afectados, así como el ascenso de la migración, y también el crecimiento y expansión de las empresas del crimen organizado, las cuales podrán nutrirse con grandes cantidades de personas que quedarán desempleadas.
El gran poder político, económico y social que la actual administración le ha entregado a las fuerzas armadas es innegable. Si bien con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la Sedena se convirtióen una gran industria constructora, esto no ha cesado con López Obrador, pues la misma construirá y dará mantenimiento a carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bancos, hospitales, infraestructura de telecomunicaciones y otras obras.
Según palabras del propio AMLO, los militares construyen ya, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, las primeras mil 300 sucursales del Banco de Bienestar de las 2 mil 700 planeadas. La Sedena también construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y se ha anunciado que le otorgarán la construcción de dos tramos del Tren Maya. En lo que respecta al programa Sembrando Vida, se utilizan los 12 Viveros Forestales Militares ubicados en siete estados del país, desde donde se opera la distribución y entrega de las plantas.
También se ha entregado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional el control y seguridad de ductos de Petróleos Mexicanos, la distribución de medicamentos y, en días recientes, el control de algunos hospitales.
En lo que se refiere a la Guardia Nacional, en febrero pasado AMLO informó que se habían desplegado 70 mil elementos, pero que el plan implicaba tener 140 mil en todo el territorio nacional para finales de 2020.
Ni antes de la pandemia ni ahora, la ruta de la militarización era opción, sobre todo en nuestro país, donde las fuerzas militares han sido utilizadas sistemáticamente para reprimir y acallar el descontento, para perseguir y desaparecer las resistencias, y también para proteger o fortalecer los negocios de grupos criminales. Los nombres de Ernestina Ascencio y Ayotzinapa, por mencionar algunos, debieran resonar fuerte en la memoria colectiva en estos momentos.
Mientras las fuerzas armadas no sean llevadas ante la justicia por crímenes pasados y presentes, o por su participación en hechos de corrupción, el pacto de impunidad seguirá marcando su actuación. En tanto las fuerzas armadas no sean transformadas a profundidad para obedecer a los pueblos, sujetos de los que emana el poder público, son en realidad una amenaza.
El militarismo es un campo de acumulación de capital, nos advirtió Rosa Luxemburgo, tiene la función de la proletarización violenta de los indígenas y la imposición del trabajo asalariado en las colonias, en la formación y extensión de esferas de intereses del capital europeo en territorios no europeos, en la implantación forzosa de ferrocarriles en países atrasados. Aquí una posible respuesta para entender por qué tanto interés del actual gobierno en los militares: los necesitan para garantizar el orden y la paz social, para garantizar sus proyectos de desarrollo.
*Sociólogo
Twitter: @cancerbero_mx
