El jefe de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió ayer que existe el peligro de que sobrevenga un segundo pico inmediato de la pandemia de Covid-19 en países en los que da signos de amainar si se dejan de lado demasiado pronto las medidas antiepidémicas. El funcionario explicó que las epidemias suelen presentarse en oleadas, por lo que nuevos brotes de SARS-CoV-2 podrían ocurrir a finales del presente año en naciones o regiones en los que la primera ola ya había disminuido.
Ryan destacó que aunque los nuevos contagios tienden a disminuir en Europa, continúan aumentando en Centro y Sudamérica, el sur de Asia y el continente africano, y recomendó a los países europeos y de América del Norte seguir implementando medidas sociales y de salud pública, disposiciones de vigilancia y exámenes, y una estrategia integral para garantizar que mantendremos una curva descendente y no haya un segundo pico inmediato.
El señalamiento del funcionario de la OMS resulta especialmente pertinente si se considera que en el desconfinamiento, e incluso antes de él, han tenido lugar, tanto en Europa occidental como en Estados Unidos, concentraciones del todo inadecuadas y riesgosas que podrían desencadenar un nuevo ciclo de infecciones y echar a perder lo que se ha avanzado con las onerosas medidas de aislamiento y distancia social.
Debe considerarse que tanto en nuestro país como en el resto del mundo, el capítulo posterior a la reclusión y el aislamiento masivo se configura bajo intensas presiones para demandar una reactivación generalizada de la economía. Significativamente, tales presiones no provienen de los sectores poblacionales que se han visto más afectados con las estrategias antiepidémicas –los trabajadores turísticos y los del sector informal son el caso más claro–, sino de intereses corporativos que no ven la hora de recuperar el ritmo de sus ganancias. En el ámbito político, en concordancia, quienes con mayor insistencia pretenden ignorar los riesgos de los rebrotes son mandatarios como Donald Trump y Jair Bolsonaro, estrechamente identificados con los ámbitos empresariales, quienes no han dudado en propalar nociones anticientíficas y falsedades a secas sobre la naturaleza de la pandemia, del virus que la ocasiona y del padecimiento que causa.
Resulta imperativo que las autoridades mexicanas resistan tales presiones, no sólo por evidentes razones de salud pública, sino también por motivos económicos: una segunda oleada de contagios de SARS-CoV-2 sería tan desastrosa para la producción, el comercio y los servicios como lo ha sido la primera, si no es que más, y podría desembocar en escenarios de ingobernabilidad y desintegración institucional.
Así pues, en el momento presente es necesario comprender, y hacer comprender, que el retorno a la normalidad anterior a la pandemia es una ilusión irrealizable en tanto no se disponga de una vacuna preventiva, de tratamientos eficaces para el Covid-19 o de ambas cosas. Lo que viene es necesariamente una etapa incierta de ensayo y error en la que será necesario avanzar con extrema prudencia, lo cual significará suspender actividades o movilidad en cuanto se detecten nuevos brotes del coronavirus.
Finalmente, en ese escenario, la confianza en las autoridades sanitarias internacionales, nacionales y locales desempeña una función crucial y el empecinarse en desmentirlas y desacreditarlas es una irresponsabilidad que linda con lo criminal.
México SA
Juez ampara a trasnacionales // Protege a privados, no al país
Carlos Fernández-Vega
Es el cuento de nunca acabar: lo que una autoridad decide con la ley en la mano, el aparato judicial lo echa para atrás. Y es de todos los días, especialmente cuando están en riesgo los intereses de los consorcios trasnacionales o de los poderosos grupos empresariales autóctonos, por mucho que esos intereses sean producto de las concesiones –léase el descarado atraco a las arcas públicas con el aval de la supuesta autoridad– y la corrupción de administraciones anteriores.
El más reciente capítulo es electrizante y lo protagonizan instituciones del Estado mexicano, la cúpula empresarial y el aparato de supuesta procuración de justicia, este último par cabildero y representante de las trasnacionales y corporativos nacionales (cuyos dueños son los de siempre) que desde el gobierno salinista, y con su venia, anticonstitucionalmente clavaron sus colmillos en la industria eléctrica del país, y que a lo largo de los años expandieron sus tentáculos y obtuvieron beneficios de cuentos de hada en demérito de las finanzas y la productividad de la Comisión Federal de Electricidad.
La historia se repite desde que los gobiernos neoliberales decidieron modernizar a México y va de los bancos a los ingenios azucareros, de las aerolíneas a los ferrocarriles, de la telefonía a las carreteras y mucho más, en la que el interés nacional siempre se topa con el supuesto aparato de justicia, encargado de cuidar a los grandes corporativos nacionales y foráneos, sin importar las consecuencias en contra del país. Todo ello mediante la lucrativa industria del amparo. ¿Algún juez amparó a los mexicanos en contra del Fobaproa, los Tesobonos, el Ficorca, los rescates privados a diestra y siniestra, los abogánsters, el endeudamiento público para salvar a los corporativos privados, la evasión y condonación fiscal, y la corrupción prevaleciente en todo ello? Ni en sueños.
Pero si la historia es al revés, entonces la justicia mexicana es más rápida que una saeta. Resulta que ayer un juez (primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, de nombre Rodrigo de la Peza, aunque no en cuestiones eléctricas) frenó por tiempo indefinido el acuerdo por el cual el Centro Nacional de Control de Energía había detenido la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable en el sistema eléctrico nacional y otorgó suspensiones definitivas a seis empresas privadas que impugnaron el acuerdo del Cenace. Las resoluciones del juez Rodrigo de la Peza detienen la entrada en vigor del acuerdo del pasado 29 de abril ( La Jornada, César Arellano García).
Desde dicha publicación, el presidente López Obrador ha dejado en claro que no se trata de hacer a un lado la participación privada en la generación eléctrica, sino de poner orden en el sector y erradicar los contratos leoninos que administraciones anteriores firmaron con distintos corporativos, especialmente foráneos, pero como éstos se han beneficiado ampliamente con el desorden impuesto por los neoliberales, pues simple y sencillamente se niegan a perder sus canonjías, ilegalmente obtenidas. Y para eso está el aparato de supuesta procuración de justicia.
Quien públicamente salió a defender a los corporativos eléctricos fue Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin: “Las empresas privadas en el mercado eléctrico sí pagan a la CFE por usar las líneas de transmisión (…). El pago se realiza mensualmente, de acuerdo con la tarifa que determina la Comisión Reguladora de Energía”.
Y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, revira: lo anterior es falso, porque la CRE impone a la CFE cobrar a esos privados tarifas muy por debajo de los costos de transmisión en grave deterioro de sus finanzas; se ve obligada a cobrarles menos de lo que representan sus costos operativos.
Pero el juez ya los amparó.
Las rebanadas del pastel
Y si de procuración de justicia se trata, ¿qué fue de Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Juan Collado, para no recordar los demás pendientes? ¿Y la FGR?
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