Orlando Delgado Selley
Nunca la solidaridad había sido tan necesaria y (tan) ausente. Con esta frase, un interesante grupo ha lanzado la iniciativa de crear la Internacional Progresista (IP). Su propósito es unir, organizar y movilizar fuerzas progresistas en todo el mundo. Su planteamiento parte de reconocer que la pandemia está golpeando con mayor fuerza a los pobres del mundo, al tiempo que el capitalismo de catástrofe crece con especuladores financieros y empresas transnacionales aprovechándose. En esta histórica coyuntura, el internacionalismo ha desaparecido.
La hiperglobalización ha desnudado la pérdida de capacidad del Estado para responder a crisis inesperadas. Décadas de privatizaciones han devastado los sistemas de salud, incrementando las consecuencias letales de esta crisis sobre la población y sobre la economía. Respuestas nacionales no podrán resolver los desafíos que están planteados. Los estados-nación serán incapaces de terminar con la pandemia, tampoco podrán detener a las derechas que buscarán avanzar políticamente. Justo por esto la solidaridad internacional es una necesidad inmediata.
Los planteamientos de esta nueva IP son indudablemente pertinentes para México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está respondiendo con recursos muy disminuidos por casi 40 años de políticas privatistas, que desmantelaron las capacidades estatales en todos los frentes, particularmente de la salud pública. El Estado mexicano no podrá resolver los impactos económicos de la contingencia. La caída del producto interno bruto (PIB) que se espera este año, que pudiera ser cercana a 10 por ciento, complicará sustancialmente la administración pública. No será suficiente mayor austeridad ni evitar la corrupción. Tampoco resolverá algo no tomar deuda adicional. Mucho menos evitar una reforma fiscal progresiva.
Para esta nueva IP 2019 fue una ola de protesta global en la que ciudadanos se pusieron de pie para defender la democracia, exigir un nivel decente de vida y proteger al planeta para futuras generaciones. El frente progresista busca, en este año complicado, unir el alud de protestas diversas con el afán de construir una visión compartida de democracia, solidaridad y sustentabilidad. Para eso establecen tres pilares de acción: forjar una red mundial de activistas y organizadores progresistas, desarrollar colectivamente un plan global para construir un orden internacional progresista y unir a todas las publicaciones de ese orden por medio de un servicio electrónico común que permita compartir perspectivas críticas y propuestas organizativas.
De manera práctica proponen, como acciones inmediatas, construir capacidad de resistencia para todos los inquilinos del mundo, organizar un acuerdo internacional verde y cancelar la deuda externa. La pandemia ha provocado que millones de personas hayan perdido sus empleos y que a millones más les hayan reducido los salarios, pero lo que tienen que pagar de renta sigue siendo exigido estrictamente. Al respecto, los organizadores de la Internacional Progresista ofrecen un esquema para ayudar a organizar la resistencia, entendiendo que la imposibilidad para pagar renta no es culpa de los inquilinos y que éstos pueden empoderarse para dirigir un cambio sistémico.
En cuanto al acuerdo verde, proponen construir un movimiento climático global que sostenga el Acuerdo Verde Global, que potencie la capacidad de resistencia social y que haga crecer la de política global al incorporar nuevos contingentes populares. El tercer asunto: cancelar la deuda externa, proponen eliminar totalmente la deuda junto con una inyección de recursos financieros al sur global para que se liberen recursos nacionales con el fin de enfrentar la depresión que se vive y que muy probablemente se prolongará varios meses.
Estiman que los pagos de la deuda del sur suman 3.9 billones de dólares solamente este año. Advierten que esta extracción de riqueza no sólo es injusta para los países del sur global. Es también una amenaza a la salud pública y a la prosperidad mundial. La propuesta se dirige al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se solicita además que inyecte recursos por 2.5 billones de dólares destinados a apoyar la inversión en salud pública. Esta solicitud a quienes presiden el BM y el FMI es importante, pero lo es más crear un movimiento global por justicia en relación con la deuda externa.
En México, el monto de recursos presupuestales que se dedican al pago de intereses de la deuda pública representa poco menos de 3 por ciento del PIB y es mayor que los recursos destinados a salud y también es mayor a la inversión pública. Liberarlos, como propone la Internacional Progresista, es justo y conviene a nuestro país, lo que permitiría reforzar las acciones emprendidas y tener medidas adicionales que incorporen a sectores sociales que no están considerados en el planteamiento actual para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.
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