Violeta R. Núñez Rodríguez*
El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, expropió y nacionalizó los ferrocarriles que estaban en manos de empresas privadas extranjeras, y creó el Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), el cual fue entregado a los trabajadores para que lo administraran. Este hecho representó un acto histórico para el país. Y no fue sino hasta el sexenio de Zedillo, cuando los ferrocarriles iniciaron su proceso de privatización. En 1995 se reformó el artículo 28 de la Constitución. Se cancelaba la rectoría exclusiva del Estado en la actividad ferroviaria y se establecía que éste otorgaría concesiones y permisos a empresas privadas. Como parte de la argumentación, el ex presidente señaló: “a fin de continuar con la transformación estructural de la economía, es que propongo hacer posible la participación social y privada en los ferrocarriles…” (Cámara de Diputados, 1995).
Aunado a esto, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que formaba parte de las leyes neoliberales (Agraria, Minera, de Aguas Nacionales, de Puertos, de Variedades Vegetales) que pretendían privatizar bienes comunes y recursos públicos. En ésta se estableció la entrega de concesiones a empresas hasta por 50 años, prorrogable por el mismo periodo (artículo 11), y se estipuló que la construcción, conservación y mantenimiento de las vías es de utilidad pública, por lo que para tales fines, se “efectuará la compraventa o, en su defecto, se promoverá la expropiación de los terrenos… necesarios”. Además, los terrenos federales, las aguas nacionales y los materiales existentes en los terrenos, podrán ser utilizados para los mismos fines (artículo 25).
Después de este proceso de privatización, que concluyó en el sexenio de Fox con el decreto de extinción y liquidación de FNM (Senado de la República, 2001), Grupo México (GM), el grupo minero más importante del país, logró posesionarse de 11 mil 136 kilómetros de vías férreas (casi la mitad del total nacional) en 24 estados, constituyendo un emporio en materia ferroviaria. Al respecto, indica GM, somos la empresa líder de transporte terrestre en México con la mayor cobertura y conectividad. En 2018, por el rubro ferroviario registraron 2 mil 360 millones de dólares en ventas y 362 millones de utilidad neta (GM, 2018), lo que constituye ganancias exorbitantes.
Retomando esta ley como antecedente, el Diario Oficial de la Federación publicó la asignación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos. Esta Asignación, otorgada por 50 años, establece que el Tren Maya, enmarcará el cinturón de integración y de desarrollo regional más importante de la historia y la más grande inversión en años recientes, (SCT, 2020). Ésta, le confiere derechos de exclusividad a Fonatur Tren Maya SA de CV (asignatario) para operar y explotar la vía férrea y prestar el servicio público de transporte por un periodo de 30 años para carga en la vía nueva que éste construya y de 30 años para pasajeros, (SCT, 2020). Comunicaciones y Transportes “podrá otorgar asignaciones o concesiones a terceras personas o derechos a otros asignatarios o concesionarios para que, dentro de la vía férrea… presten el servicio público de transporte ferroviario”, (SCT, 2020). La gran preocupación es qué ocurrirá cuando concluya el mandato presidencial del actual gobierno. El asignatario podría dejar de tener estos derechos, y las concesiones podrían dar paso a otros emporios ferroviarios.
Pero no sólo eso, también se indica que el asignatario, “realizará la construcción de la vía férrea… en los terrenos que resulten necesarios”. En este sentido, el asignatario “deberá realizar la liberación del derecho de vía que sea necesario para la vía férrea…” Así, de ser necesario, tendrá que avanzar sobre la superficie ejidal, comunal o pequeña propiedad. Nuevamente digo que no estamos exentos de un regreso al pasado.
Aunado a esto, se estipula que el asignatario “podrá usar o aprovechar los bienes inmuebles para la realización de actividades económicas…” Entre estas actividades, se encuentran las comerciales ferroviarias y las comerciales inmobiliarias. Estas últimas contemplan “hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros similares o análogos…” El problema es que Fonatur Tren Maya podrá dar en arrendamiento, comodato o conceder derechos de uso sobre fracciones de los bienes inmuebles para estas actividades. Así, con estos contratos a terceros, que podrían ser hasta por 50 años, cualquiera podría entrar a estos negocios. Por cierto, el capital ya los espera con ansias. Así que… ¡Cuidado!
*Profesora-investigadora de la UAM, Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
Primum non nocere
Hugo Aboites*
“Lo primero, no causar daño” es el precepto atribuido a Hipócrates que se inculcaba a los médicos en formación. Porque la primera obligación –en el caso del médico y también de la autoridad– es no precipitarse a dar un remedio que pueda resultar contraproducente. Es decir, exactamente lo que en educación ha ocurrido: una vez declarada la emergencia sanitaria, las autoridades del Sistema Educativo y de las instituciones se montaron en esa situación inédita e impusieron –como si fuera parte esencial de la emergencia– la virtualización forzosa del programa educativo. Y ya hay señales de que esto está generando un daño grave y de enormes proporciones a millones de niños, jóvenes, familias, así como profesores. Son los niños de las familias pobres –la mitad del país– que más que otros están hoy sometidos a una situación de presión y angustia. Primero se les presentan demandas exigentes (cumplir la tarea, seguir el programa), pero de inmediato se enfrentan a las enormes limitaciones de clase que tienen para acceder a computadora, celular, Internet. Y se generan situaciones angustiosas dentro de la familia. Ésta reduce aún más su gasto para comprar tiempo aire (y enriquecer así a las trasnacionales), pero sencillamente no alcanza, y la niña y niño quedan en medio, aplastados entre la pobreza y la exigencia. Dos imágenes dramáticas y recientes: la del niño de nueve años que se suicida luego de la exigencia de la tarea (C. Serdán, Puebla), y, la niña que para tener señal en el celular debe hacer la tarea en un árbol, en Colombia, donde hay la misma pobreza y aislamiento. Obviamente, se agradecería que se suprimieran las tareas, como se agradece que alguna institución como la UAM regale tabletas y crédito de Internet; hermoso gesto, pero la caridad no es remedio que cura la irresponsabilidad del médico o del funcionario. Irresponsabilidad no por lo que ya se decidió, sino porque la decisión se mantiene sin cambio, día tras día y mes tras mes. Podría haber sido de otra manera, y todavía puede serlo. Para eso, hay que tener en cuenta que se trató de una decisión precipitada y bajo presión; tomada en un par de días, sin diagnóstico, sin ponderación de los antecedentes y las consecuencias del traslado de golpe brusco de toda la educación a lo virtual. Nada.
Pero esta decisión trajo una consecuencia muy preocupante: ahora se ve, significó un giro a la derecha, cuyo alcance y profundidad aún no podemos precisar, y no en dirección a fortalecer el respeto a las libertades y permitir que niños, niñas, jóvenes puedan vivir estos tiempos de cólera y encierro con más alegría, con menos presiones, con maestros e instituciones libres para plantear una catarata de agendas, iniciativas de conocimiento y cultura, libres, sin tareas, sin programas o fechas fijas de entregas, sin amenazas (como se denuncia en el IPN),sin una evaluación agazapada que, anuncia el secretario de Educación Pública, aguarda al final de la contingencia. El giro hacia la derecha rigurosa deja muy mal parado al gobierno de la transformación a la izquierda. Porque la virtualización del programa educativo o educación forzada –como ahora se presenta– contradice la misión de libertad que tiene la educación. Y, además, porque reclutar maestros adeptos y utilizar la virtualidad forzosa en educación no se le ocurrió ni al muy neoliberal titular de la SEP del sexenio pasado, a pesar de que enfrentaba paros indefinidos de labores en muchas partes del país. Y tampoco a las autoridades de la UAM cuando, por inflexibles, el año pasado dejaron estallar una huelga que sabían sería de larga duración.
Los funcionarios (no nuestros médicos de hoy) tomaron una decisión inválida. El Colegio Académico de la UAM, UNAM, IPN, SEP, gobernadores, municipios, los congresos deberían reconsiderarla. Pero, ¿qué hacer para que la decisión sea válida? La respuesta está en la lectura sobre ética que los estudiantes de primer ingreso a todas las carreras, junto con otros temas, discuten con sus profesores en el Tronco Interdivisional (TID) de la UAM-Xochimilco. En el texto del reconocido maestro Dussel, se afirma que para que una decisión sea válida, los afectados por lo que se va a decidir deben ser participantes simétricos (tener mismo peso en decisión). Porque es válido aquello en que los afectados pueden participar simétricamente; si no, no. Y la validez tiene que ver con la participación autónoma y libre ( TID Vol. III:172-173). Lo que no ocurrió ni en la SEP ni en la UAM, UNAM o IPN, y que debería hacerse: tomar la decisión igualitariamente con los estudiantes de todos los niveles y con sus profesores. Y este no es un mandato legal, sino algo más poderoso, un deber ético, obviamente para quienes sean éticamente receptivos y busquen avanzar por el camino de la democracia y la autonomía.
Lunes 25, 10 hs. sesión virtual Colegio Académico UAM (www.uam.mx).
*UAM Xochimilco
