De prosperar la iniciativa presidencial, supondrá un vuelco histórico que permitirá revertir en el ámbito de la industria eléctrica los aspectos más perniciosos de la reforma energética emprendida durante el sexenio anterior, así como avanzar en la urgente construcción de una soberanía nacional en este sector estratégico. En este sentido se pronunció el mandatario hace unos días, al hacerse eco de un artículo de Wall Street Journal en el cual se critica al gobernador de Texas, Greg Abbott, por dar argumentos al gobierno mexicano al prohibir la exportación de gas natural en el punto más álgido de la crisis energética provocada por las heladas en esa entidad fronteriza. Como señaló López Obrador, el congelamiento de los gasoductos texanos y la subsecuente especulación con los precios del combustible reafirman la importancia de que el Estado garantice el abasto de energéticos, en el entendido de que el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco puede incumplir su responsabilidad social.
Los defensores a ultranza del libre mercado, empeñados en vaticinar toda suerte de catástrofes si se consuma la recuperación del papel rector del Estado en la generación, distribución y provisión de energía eléctrica, deberían tomar nota del hecho de que en estos momentos Abbott y los legisladores texanos buscan una fórmula para conjurar los dañinos efectos de la desregulación en un contexto de emergencia. Por ejemplo, el aumento de hasta 7 mil por ciento en las facturas por consumo doméstico de electricidad (que supuso cobros de más de 300 mil pesos a los usuarios), obligó al gobernador a prometer que frenará temporalmente el envío de facturas a los clientes, así como la desconexión por falta de pago. El impacto va más allá de lo económico: la privatización del servicio prolongó el apagón que sufrieron millones de habitantes, pues el sistema eléctrico texano está desconectado del resto de la red de aquel país.
En suma, nada justifica la pretensión de que México continúe subsidiando a las energéticas privadas y poniendo la provisión de energía en manos del mercado, el cual se rige por una lógica en la que incluso los más elementales derechos humanos quedan condicionados a la capacidad adquisitiva de los individuos. Sostener las agraviantes disposiciones de la reforma energética neoliberal significaría dejar a la población inerme ante los caprichos de los grandes capitales, además de obligar a la CFE a competir en términos intencionalmente desventajosos, toda vez que, desde su fundación, la empresa del Estado no tiene como razón de ser el lucro, sino proveer a la sociedad de una palanca para el desarrollo.
SARS-CoV-2: vulnerabilidad de hogares
Gabriela Rodríguez*
De acuerdo con las cifras del censo 2020, de los 35.2 millones de hogares, en 88 por ciento de ellos conviven dos o más habitantes, parejas y hogares intergeneracionales; y 4.4 millones son hogares unipersonales (12.4 por ciento) en los que vive una sola persona y reside 3.5 por ciento de la población. Una multiplicidad de causas se relaciona con hogares unipersonales: migración por estudios o por trabajo, separación de los cónyuges o viudez, emancipación de hijos, quienes pueden salir del hogar del padre o de la madre para unirse y formar un nuevo hogar, vivir solos es también una elección personal.
En este espacio presento una estimación de indicadores de riesgo asociados al posible contagio de SARS-CoV-2 de personas mayores que integran diversos tipos de hogares en las entidades federativas del país, estudio realizado en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. A partir de tres indicadores relacionados con la estructura y el número de integrantes en el hogar, la corresidencia con personas que laboran en actividades que no se pueden realizar vía remota, desde casa; así como la condición de hacinamiento o acceso a servicio de agua potable.
Hasta el 29 de enero de 2021 habían fallecido 155 mil 145 personas por Covid-19, seis de cada 10, aproximadamente, tenían 60 años y más. Con base en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (Enigh, 2018), en 31.7 por ciento de hogares residía al menos una persona mayor, un total de 11 millones 15 mil 806 hogares; 34.5 por ciento de estos hogares son unipersonales (de los cuales 61.5 por ciento son mujeres y 38.6 son hombres) o sólo vive la pareja de edad mayor; y 65.5 por ciento son hogares con otro tipo de arreglo residencial, hogares extensos y con presencia de hijos y nietos, esta última tipología es un factor que puede elevar la probabilidad de contagio de Covid-19, la Ciudad de México encabeza este grupo (con 72.9 por ciento); le siguen Campeche (70.2), Chiapas y Guanajuato (70.4).
En relación con las características ocupacionales, en más de la mitad de los hogares con personas mayores del país, hay alguien que tiene que salir de casa a trabajar. Se estima que en 57.1 por ciento del total de hogares con gente mayor residen personas insertas en ocupaciones con bajas probabilidades para quedarse en casa a desarrollar teletrabajo y con alta vulnerabilidad de contagio. Al respecto, la diversidad territorial es amplia: 67.9 por ciento de hogares de Chiapas tiene residentes que no pueden quedarse casa y tienen que salir a laborar, 65.5 por ciento de hogares en Oaxaca y 63.7 de hogares de Tlaxcala están en esta misma situación de riesgo; la proporción de esta vulnerabilidad es menor en Baja California Sur (42.7 por ciento), Nuevo León (42.7) y Ciudad de México (36.7); se trata de hogares con altos niveles de informalidad laboral y mayor precarización de los empleos. La mayor proporción de hogares cuyos integrantes pueden desempeñar actividades laborales en casa, sin necesidad de salir se encuentra en Chihuahua (41.1 por ciento), Durango (38), Tamaulipas (37.9), Nuevo León (36.6) y Coahuila (37.6), a las que se suman Ciudad de México (37.8) y Querétaro (36.9).
En cuanto a las condiciones de la vivienda, 21.7 por ciento de hogares con personas mayores presentan hacinamiento o falta de suministro de agua. El mayor porcentaje de hogares en estas condiciones está en el sureste del país: en Chiapas (75.3 por ciento), Oaxaca (70.8) y Guerrero (69.7).
Combinando los factores de estructura del hogar, situación laboral y condiciones de la vivienda de hogares con personas mayores, de las 32 entidades federativas se identifican tres con el más alto riesgo de contagio: hogares en los estados de Chiapas (75.3 por ciento), Oaxaca (70.8) y Guerrero (69.7); con menor riesgo se ubica a Baja California Sur (47.9), Nuevo León (46.9) y la Ciudad de México (42.1).
La heterogeneidad territorial del país y el tipo de hogar expresan claramente las grandes desigualdades sociales y su relación con los diferentes niveles de riesgo al contagio de Covid-19, especialmente entre las personas mayores. Los hogares intergeneracionales imposibilitan o complican el confinamiento, y se acompañan de condiciones laborales precarias, niveles de pobreza multidimensional y dependencia económica, entre otros problemas. Hoy y siempre, la conformación y condición del hogar son sustanciales para la planificación de políticas públicas que ayuden a mitigar la pobreza, así como los efectos y posibles contagios ante la presente pandemia y las que vengan.
* Secretaria general del Consejo Nacional de Población
Twitter: GabrielaRodr108
