Tras un proceso de ocho años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó hace tres años, el 24 de febrero de 2018, la admisibilidad del caso de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos ( Informe Nº. 12/18. Admisibilidad), reconociendo la violación de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a los artículos 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto trataron enseguida de descarrilarlo. Adujeron que el rescate de los restos de los mineros era técnica y humanamente imposible, que se habían cumplido ya todas las reparaciones a las víctimas, e incluso aferrándose a que sólo las viudas eran víctimas, negándoles a los demás familiares tal condición.
Javier Lozano Alarcón jugó un papel decisivo en la obstaculización del caso. María Trinidad Cantú, mamá de Raulillo Villasana Cantú, de 32 años, encabezando a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), y acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, iniciaron el proceso en 2010. Si no fuera por la perseverancia de estas madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos, agrupados en la OFPC, el caso se habría olvidado, y, dada la ineficiencia y parcialidad de las instancias nacionales del derecho, la lucha por el rescate yacería, junto a los mineros del carbón, en el fondo del socavón.
Así, las víctimas buscaron justicia en una instancia internacional de derechos humanos. La CIDH propuso a las familias y al Estado mexicano una amigable composición; su desenlace está abierto y depende del inicio de las labores de rescate.
El 19 de febrero se cumplieron 15 años de la peor tragedia minera del país, paradigma de la peor violación a los derechos humanos laborales. Sesenta y tres de los 65 restos humanos de los mineros no han sido rescatados; los hechos han quedado impunes, y hasta la fecha no han sido adecuadamente investigados ni reparados. La OFPC también acudió a la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue contundente al concluir que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del siniestro (GB.304/14/8 Rev.). Asentó que el gobierno (la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo entonces del hoy senador suplente en activo, Francisco Javier Salazar Sáenz), no se aseguró de que Industrial Minera México, de Grupo México, cumpliera con sus obligaciones legales (n.82). Al mismo tiempo, Germán Larrea Mota Velasco (ubicado por la revista Forbes en el lugar 39 de la riqueza mundial, con 16 mil millones de dólares), ni siquiera ofrecía para más de 100 trabajadores el servicio de un médico en la mina, y menos aún una cuerda de vida.
La supuesta reparación del daño otorgada significó 0.039 por ciento de esa riqueza calculada por Forbes. Por su parte, el sindicato minero emplazaba a huelga a Grupo México por violaciones a la seguridad, pero las huelgas por la inseguridad nunca estallaron, aunque sí se negociaban otros emplazamientos por convenios ventajosos. Pero jamás se conoció en Pasta de Conchos una huelga que acotara el riesgo grave e inminente. En cuanto a la no repetición del daño, la OFPC ha recalcado que la manera de honrar a los muertos es rescatar a los vivos. Se refieren al hecho de que, luego de Pasta de Conchos, y debido a un cúmulo de irregularidades, han fallecido más de 120 mineros más.
La adopción de la NOM-032-STPS-2008 no ha garantizado ningún cambio sustantivo y las multas impuestas no son suficientemente disuasivas. Persisten el subregistro de trabajadores en el IMSS, el trabajo infantil, la subcontratación, y la minería ilegal y clandestina (pocitos o minitas). Las empresas mineras no cumplen la legalidad, y no existe una base de datos confiable que permita conocer el número total de minas legales, ilegales y clandestinas que existen. Lo que no permite establecer políticas públicas adecuadas.
Por ello, la OFPC llama en particular a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que se consulte a los interlocutores sociales a fin de monitorear estrechamente el cumplimiento de la normatividad. El dolor y reclamo de las familias se convirtió en compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que será el Estado mexicano quien repare integralmente el daño ocasionado, dado que la operación es técnicamente posible, no necesariamente trágica y moralmente urgente, para cesar este sufrimiento prolongado. Es el momento en que la OFPC debe ser incorporada por la CFE, encargada del diseño y ejecución del rescate, como coadyuvante. Así se le ha dicho a Manuel Bartlett, director general. La OFPC no cejará en demandar que se investigue, sancione, repare el daño y reivindique su derecho humanitario a enterrar a sus muertos.
Educación y Covid-19
Enrique Calderón Alzati*
Con todo y los pésimos gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los niveles de habilidades y conocimientos de los estudiantes de educación básica y media superior tuvieron un avance importante, gracias al esfuerzo de los maestros, lo cual corroboran los resultados de las pruebas Enlace realizadas y publicadas anualmente por la Secretaría de Educación, mismas que, por cierto, mostraron también un avance mayor en las regiones rurales que en las zonas urbanas.
A lo largo del gobierno de Peña Nieto, con su absurda e irresponsable reforma educativa, alentado por el sector más reaccionario del país, las mismas pruebas Enlace, a las que se les cambió (sólo el nombre) a pruebas Planea, indicaron con claridad que entre 2012 y 2017, los niveles educativos de los estudiantes se habían reducido, como resultado de esa supuesta reforma educativa instrumentada por uno de los gobiernos más corruptos e ineptos de la historia y coordinada por el personaje aquél, al que se le recuerda como el secretario de Educación que no sabía ler.
Con la llegada del gobierno de López Obrador, las expectativas de una mejora importante en educación, que fuese capaz de recuperar el tiempo perdido en el sexenio anterior, se vieron pronto truncadas por la aparición de la epidemia del Covid-19. Las consecuencias de esta pandemia mundial, que durante sus primeras semanas se pensaba sería pronto controlada, seguramente han generado un nuevo retroceso en México, debido a las dificultades inherentes al uso de la televisión como alternativa a las clases presenciales, misma que, entre otras cosas, ha impedido que las dudas de los estudiantes sean resueltas, debido a que la televisión es un medio de comunicación unidireccional, lo cual impideque los docentes encargados de impartir los cursos por ese medio tengan forma de conocer los niveles de interés y comprensión de quienes están recibiendo sus clases. ¿De qué magnitud es el nuevo retroceso ocurrido en los últimos 11 meses y qué tanto éste continuará creciendo mientras no podamos regresar a la normalidad?
Responder a estas preguntas, y a otras referentes a los niveles de conocimiento de las diferentes materias y temas que conforman los actuales planes de estudio, requerirá de un esfuerzo extraordinario de evaluación y seguimiento de los estudiantes, en un contexto en el cual la sola palabra evaluación, que se refiere a lo que se requiere para conocer los niveles de comprensión de los diferentes temas que deben dominar los alumnos, podría ser un motivo de enojo y protesta de los maestros, en virtud de que esta palabra está asociada a las acciones del gobierno de Peña Nieto, instrumentadas para hacer ver a la población, que los profesores eran los únicos responsables de lo que supuestamente estaba mal en nuestro sistema educativo. En este complicado escenario, las nuevas autoridades educativas deberán hacer un gran esfuerzo para evaluar tanto la problemática educativa actual, como los resultados de las nuevas actividades educativas que habrán de realizarse durante los próximos meses, buscando como objetivo que al menos el nivel de los conocimientos y habilidades de los estudiantes en los diferentes grados sea similar a los logrados antes del desbarajuste causado por el gobierno peñista, para después buscar un mejor posicionamiento de México en el entorno educativo internacional.
En el contexto actual de la globalización, en el que las naciones deben competir en los mercados globales, a partir de sus conocimientos y capacidades tecnológicas y económicas, se puede afirmar que los países donde el nivel educativo de su población es más alto, son los que pueden aspirar a conseguir mejores niveles de vida, por lo que la educación constituye un elemento decisivo para lograr un mayor crecimiento económico. Por ello, no podemos olvidar que los resultados de las evaluaciones internacionales (PISA) que se realizan cada tres años, constituirán necesariamente un indicador del avance educativo que habrá de definir el futuro económico de nuestro país.
En el contexto de la epidemia, debemos tomar en cuenta que si bien la mayor parte de las naciones han tenido problemas similares al nuestro, los programas educativos de los países más desarrollados que el nuestro han utilizado generalmente plataformas de Internet para sus clases a distancia, facilitando con ello la impartición de cursos de manera efectiva a sus estudiantes.
De ahí que el resultado previsible es que la brecha educativa con las naciones más desarrolladas será aun mayor dela que hemos tenido hasta ahora, por lo que el esfuerzo para mejorar la educación de las nuevas generaciones debiera constituir uno de los objetivos más importantes para las nuevas autoridades educativas, para el futuro inmediato. En este contexto, lograr que un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes puedan recibir sus clases a través de las nuevas formas de recepción, mediante Internet, debieran ser un objetivo a corto plazo para quienes tienen hoy la encomienda de mejorar los niveles de comprensión y de las habilidades generales para resolver problemas de las diversas áreas del conocimiento, y la única manera de estar seguros de ello, es utilizar las pruebas Enlace.
* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
