La culminación de estas agresiones fue el lanzamiento de varias bombas incendiarias caseras en contra de efectivos policiales que resguardaban el inmueble. El saldo provisional reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue de más de 80 personas heridas (62 policías y 19 civiles), todas ellas mujeres, 10 de las cuales requirieron atención hospitalaria. La autoridad capitalina precisó que sus efectivos no emplearon gas lacrimógeno u otro tipo de sustancia irritante en contra de las manifestantes y que, por el contrario, tal sustancia pudo provenir de los propios grupos violentos.
De esta manera fueron desplazadas de la atención pública las exigencias de las mujeres de hacer efectivo el derecho a una vida li-bre de violencia, de respeto a su libertad de decidir y de plena igualdad, la protesta por la persistencia de los feminicidios y el clamor por las agresiones sexistas y misóginas. Algunos grupos mixtos de decenas de provocadores se llevaron los reflectores de una movilización en la que participaron unas 20 mil personas, según cálculo de las autoridades, y lograron atizar la polarización política que ya venía manifestándose en los días previos a la conmemoración. La insistente desinformación llegó al punto de difundir que el gobierno había emplazado francotiradores en el tejado de Palacio Nacional, los cuales resultaron ser efectivos militares provistos de dispositivos para desactivar drones.
Ciertamente, la lucha de las mujeres en contra de estructuras sociales y políticas patriarcales, opresoras y agresoras, así como su exigencia de poder vivir con seguridad física y emocional son causas que merecen el respaldo de toda la sociedad y que deben ser escuchadas y atendidas por las autoridades de todos los niveles y por los estamentos de los poderes económicos. Las agresiones en contra de los efectivos policiales y el vandalismo, en cambio, son merecedores del repudio social y, por ello, lejos de contribuir a visibilizar los reclamos femeninos, los deslegitiman y los alejan de la mayor parte de la ciudadanía.
No puede soslayarse el que diversas voces políticas y mediáticas que tradicionalmente reclamaban la adopción de soluciones autoritarias y represivas ante los movimientos sociales, en esta ocasión justificaron y hasta alentaron el empleo de todos los métodos de lucha, independientemente de su legalidad y de su validez ética.
En tales circunstancias, parece pertinente que las organizaciones de mujeres se deslinden de las formas violentas y delictivas que afloraron en la marcha de ayer y que tuvieron como víctimas a personas de su mismo sexo, fueran policías, informadoras o manifestantes. Es claro que no es con la violencia como puede lograrse una vida libre de ella.
La participación laboral de las mujeres eleva 22% el PIB per cápita
Más de 20 organismos pactan impulsarlas
El año pasado 1.7 millones dejaron el mercado de trabajo
Dora Villanueva, Israel Rodríguez y Braulio Carbajal
Periódico La Jornada. Martes 9 de marzo de 2021, p. 19
Garantizar y ampliar el acceso de las mujeres al mercado laboral en México además de ser un derecho humano es un tema económico muy importante, pues abona un crecimiento adicional de 0.4 por ciento cada año y permitirá elevar 22 por ciento el producto interno bruto (PIB) per cápita, documentó el Banco Mundial (BM).
El BM señaló que con la pandemia las oportunidades de empleo para las mujeres disminuyeron, pero aumentó la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
De este modo, de acuerdo con el organismo, el año pasado 1.7 millones de mujeres dejaron el mercado laboral en México. Mientras, 23.5 millones de ellas no estaban disponibles para trabajar porque atendían otras obligaciones en el hogar; este número es 1.4 millones más alto que en 2019, comentó Gabriela Inchauste, economista líder en la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial.
En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que antes del confinamiento al que orilló la pandemia menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar estaban en el mercado laboral (45 por ciento), pero que ahora esta proporción es de 41 por ciento.
En un acto aparte, el Foro Crecimiento Económico con Perspectiva de Género, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que una de las causas por las que no hay una mayor inclusión de las mujeres a la vida laboral es la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados en México.
El país, dijo, tiene la participación de las mujeres más baja de América Latina y esto nos demuestra la falta de inclusión y equidad que hay en la sociedad mexicana. Subrayó además que la poca participación de las mujeres en el mercado laboral tiene un impacto importante en el crecimiento económico.
En el mismo foro, Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), propuso la creación de un pacto fiscal que promueva la igualdad de género como elemento central para una recuperación sostenible.
Esto sería a través de un ingreso básico de emergencia para mujeres que salieron del mundo laboral.
Además señaló la importancia del empleo de calidad para las mujeres en sectores dinamizadores de la economía y de lograr la inclusión digital de las mujeres y las niñas.
Impulsado por María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), un grupo de más de 20 organismos, empresas e instituciones financieras firmó un compromiso por la igualdad laboral y no discriminación de la mujer en México.
Algunos de los firmantes del pacto son Amexcap, Coparmex, Consejo Nacional de Turismo, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, International Women Forum, además de Inversionistas, Afore y fondos de inversión, entre otros.
Por separado, el CCE aseguró que trabaja para sensibilizar a la comunidad empresarial y en definir acciones concretas para la inclusión laboral y económica de las mujeres en edad de trabajar.
