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Matamoros, 8 de marzo .-- Un extenso campamento en la ciudad mexicana de Matamoros, justo en la frontera con Texas, ha sido desde 2019 uno de los recordatorios más poderosos del costo humano que tuvo el empeño del expresidente Donald Trump de mantener a los migrantes fuera de Estados Unidos.
El campamento se ha vaciado en los últimos días, después de que a cientos de solicitantes de asilo que vivían allí se les permitiera finalmente cruzar la frontera para proseguir con su pedido para permanecer en Estados Unidos.
El presidente Joe Biden revocó el mes pasado el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), que había obligado a los solicitantes de asilo a esperar en México.
La esposa de Biden, Jill, visitó el campamento durante la campaña presidencial del año pasado para ser testigo de primera mano de las difíciles condiciones en las que vivían los migrantes.
"Si no hubiera estado este campamento, creo que nunca hubiera acabado el MPP", dijo Óscar Borjas, un solicitante de asilo hondureño y uno de los pocos residentes a los que no se les ha permitido cruzar.
Las últimas personas que quedaban en el campamento fueron reubicadas en lugares más seguros identificados por grupos de ayuda internacional, donde podrían completar el papeleo requerido, dijo un funcionario estadounidense a Reuters a última hora del sábado.
Al igual que cientos de solicitantes de asilo expulsados de Estados Unidos a esta ciudad asolada por la delincuencia, Borjas empezó a dormir por miedo y necesidad cerca del puente internacional que cruza el Río Grande, pero también porque él y otros migrantes querían hacer visible el costo humano del programa MPP.
"Estábamos ahí para que nos vieran que estamos, que no era justo lo que hicieron a nosotros", dijo.
Hasta el viernes se había permitido entrar en Estados Unidos a unas 1,127 personas del programa MPP de México desde que Biden revirtió esa política el mes pasado. Más de la mitad procedía del centro en Matamoros, según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Las solicitudes de más de 700 inscritos en el programa han sido procesadas a través de la frontera en Brownsville, Texas, según autoridades.
Alguna vez hogar de más de 3,000 personas, el campamento está ahora desierto pues casi todos los residentes que quedaban se fueron voluntariamente a refugios durante el fin de semana tras recibir garantía de la agencia de refugiados de Naciones Unidas de que sus casos de asilo seguirían siendo considerados.
"No sé qué hacer, no puedo regresar", dijo Borjas, quien afirmó que enfrenta la amenaza de ser asesinado en Honduras por apoyar a un partido de oposición.
"UNÁMONOS"
La administración Trump promocionó el programa MPP como parte de sus exitosos esfuerzos para reducir la inmigración y cortar lo que llamó solicitudes de asilo fraudulentas.
Desde 2019, la medida empujó a más de 65,000 migrantes de vuelta a México mientras sus casos de asilo se complicaban en los tribunales estadounidenses. La mayoría renunció a esperar y abandonó México. Miles más se amontonaron en refugios o apartamentos, desapareciendo de la vista.
Pero en Matamoros, con escasos recursos para los migrantes, las familias optaron por dormir en la plaza al pie del puente.
"Decimos 'nos unimos' y ahí empezó el campamento de Matamoros", cuenta el asilado hondureño Josué Cornejo, quien fue devuelto a Matamoros junto con su esposa y sus hijos en agosto de 2019.
Los padres movían cartones para evitar que el calor que irradia del pavimento quemara la piel de sus hijos. Los hombres formaron una guardia.
Llegaron socorristas. También lo hicieron los grupos criminales de Matamoros, que repartían palizas y sustraían las donaciones, dicen los migrantes.
A medida que la población del campamento crecía, las tiendas de campaña se extendían desde la plaza hasta las orillas arboladas del Río Grande, donde los migrantes desafiaban la contaminación y las corrientes subterráneas para bañarse y lavar su ropa.
Los migrantes se resistieron a los esfuerzos del gobierno federal por alojarlos en un refugio improvisado a kilómetros de la frontera.
La vida echó raíces de una manera que los migrantes dicen que nunca habían esperado, haciendo que la larga espera en México fuera un poco más soportable.
Formaron grupos religiosos, tiendas de distribución de suministros y cocinas con hornos de tierra hechos a mano y cocinas improvisadas con viejas lavadoras.
La nicaragüense Perla Vargas, solicitante de asilo, y otros migrantes pusieron en marcha una escuela en una tienda de campaña en la que impartía clases de música, baile, inglés y español a docenas de niños cada día, incluidos sus dos nietos.
Hubo quinceañeras, romances y al menos una boda.
Consuelo Tomás, una indígena Q'anjob'al guatemalteca solicitante de asilo, dio a luz dentro del campamento y llamó a su recién nacida Andrea en honor a la abuela de la niña, quien murió años atrás tratando de cruzar el desierto de Sonora para llegar a Estados Unidos.
La inseguridad y las penurias reinaban.
El clima oscilaba entre el calor abrasador y el frío glacial. Grupos de derechos humanos documentaron secuestros y violaciones de solicitantes de asilo en Matamoros. De vez en cuando, cuerpos de migrantes aparecían a la orilla del río.
Algunas madres, como la salvadoreña Sandra Andrade, que buscaba asilo, enviaron a sus hijos a cruzar solos la frontera de Estados Unidos de forma ilegal por temor a su seguridad.
"Era una de las decisiones mas difíciles que he tomado, pero quería protegerlos", dijo.
Biden ofrece protección legal a unos 320 mil migrantes venezolanos
David Brooks. Corresponsal
Periódico La Jornada. Martes 9 de marzo de 2021, p. 24
Nueva York., El gobierno de Joe Biden, el cual oficialmente califica al presidente Nicolás Maduro de dictador, ofreció protecciones legales a migrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 8 de marzo, al determinar que el regreso a su país es peligroso, mientras continúa con la misma política de castigo vía sanciones de su antecesor contra el gobierno en Caracas.
El otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) a migrantes venezolanos que puedan comprobar que viven en Estados Unidos desde antes del 8 de marzo podría beneficiar potencialmente a unos 320 mil migrantes del país sudamericano, informó una alta funcionaria del gobierno de Biden.
Esa protección durará inicialmente 18 meses, y permitirá a los beneficiarios gozar de una residencia y de trabajo legal temporal.
La medida fue anunciada por el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, al decir que situaciones extraordinarias y temporales en Venezuela hacen imposible un retorno seguro para sus ciudadanos, esas condiciones de vida revelan un país en tumulto, incapaz de proteger a sus ciudadanos.
El anuncio fue justificado como parte de la política estadunidense hacia Venezuela que, según un alto funcionario del gobierno de Biden, consiste en el apoyo humanitario al pueblo venezolano combinado con un multilateralismo robusto que busca intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro e impulsar una salida de la crisis que lleve a una solución democrática.
El funcionario reiteró que el gobierno de Biden considera que Maduro es un dictador y recordó que el presidente estadunidense fue el primer candidato demócrata en reconocer a Juan Guaidó como el representante legítimo de Venezuela.
Agregó que las sanciones estadunidenses no son efectivas por sí solas; deben acompañarse de un esfuerzo multilateral, en conjunto con países europeos y latinoamericanos, para impulsar una solución negociada a la crisis en ese país.
Subrayó que ese arreglo no es entre el régimen venezolano y Washington, sino entre ese régimen y la oposición en Venezuela. A la vez, enfatizó que Washington no suspenderá las sanciones hasta que se consulte con países aliados para determinar si Venezuela está procediendo hacia una solución que depende de elecciones libres e imparciales.
El alto funcionario insistió en que la política de Biden es diferente a la del gobierno anterior por su énfasis en un esfuerzo diplomático multilateral (a pesar de que los encargados de la política hacia Venezuela resaltaban su trabajo con aliados y la OEA; ver: https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/ opinion/021a1pol).
El gobierno de Biden renovó hace cinco días la declaración de emergencia nacional en relación a Venezuela emitida por Barack Obama (cuando Biden era vicepresidente) en 2015, afirmando que ese país continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
