El mes de febrero fue escenario de diversos embates en el sector público. Uno de ellos es el que mostró que el neoliberalismo, con su socia intrínseca, la corrupción, no se termina con una declaración solemne.
Desde el inicio del actual gobierno federal, llamó la atención que no se intentara derogar las reformas constitucionales en materia enérgetica de 2013. Lo cierto es que el peñanietismo se empeñó en su acelerada aplicación mediante rondas, subastas, contratos a 20 años favorables al sector privado con prioridad al capital trasnacional. Para 2018 todo ese entramado estaba en su apogeo. En ese contexto, durante dos años se ha buscado operar una política energética que redefina la rectoría del Estado, sin tocar la Constitución, lo cual tuvo uno de sus momentos críticos con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó recientemente elementos básicos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional ( DOF, 15/5/20). Al resolver, el pasado 3 de febrero, la controversia constitucional 89/2020, la SCJN señaló que dicha política invade las facultades constitucionales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de los productores privados de fuentes renovables.
El proyecto de la Corte ya se conocía. Suponemos que por ello se buscó otra salida, dos días antes, el 1º de febrero, el Presidente de la República presentó como iniciativa preferente, una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que refrenda y amplía el documento normativo invalidado en la SCJN. En ella denuncia y cuestiona el proceso de privatización para entregar empresas públicas a particulares. Claramente ubica las reformas de Peña Nieto y considera urgente proteger a la CFE para mantener el compromiso de no aumentar tarifas a consumidores domésticos. Asimismo, establece las prioridades de despacho eléctrico. Es decir, primero se pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por las hidroeléctricas de CFE; segundo, toda la demás energía generada por CFE; tercero, las energías de fuentes renovables generadas por empresas privadas y, finalmente, en cuarto lugar, la generada por las centrales de ciclo combinado del sector privado. Por si esto fuera poco, la reforma plantea la posibilidad de que sean cancelados los contratos de autoabastecimiento eléctrico que sean considerados fraudulentos, no obstante su vigencia activa por 20 años.
Hasta el 23 de febrero, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa sin modificaciones, se desplegó un amplio debate público, anticipando litigios dentro y fuera del país (las empresas estadunidenses y el T-MEC) escalando la implicación de las reformas a una virtual expropiación, denunciaron que en el artículo 4 de la propuesta de ley ya sólo se menciona que el servicio eléctrico es de interés público. Despareció el párrafo completo en que se subraya que la generación y comercialización debe darse en un ámbito de libre competencia. Indicaron que el gobierno de López Obrador opta por energías contaminantes. En defensa de la propuesta, tanto el Ejecutivo como Morena rechazaron que fuera inconstitucional y reafirmaron el argumento de la soberanía energética que quedó advertida en el propio T-MEC. Insisten en que el objetivo es fortalecer a la CFE y evitar que se siga endeudando por tener que subsidiar a las empresas privadas que se dedican también a la generación de electricidad en condiciones de privilegio, ya que no pagan por la interconexión, porteo, respaldo y, en general, por el uso de la red eléctrica.
Hoy la pelota está en la cancha del Senado. Ya anticipó Ricardo Monreal que tendrán que modificar el texto de la propuesta para evitar las inconsistencias jurídicas que den pie a impugnaciones. Sin duda puede haberlas, pues el basamento de la reforma energética de 2013 es constitucional y su lógica es de libre competencia, a su amparo las empresas han adquirido derechos. Desconocemos el desenlace en el Senado. Esta iniciativa presupone que se cuenta con la fuerza y consenso para retomar la rectoría del Estado. Habrá que volver los ojos al conjunto de proyectos prioritarios de la llamada 4T que antes que cuestionar al neoliberalismo lo promueven bajo un ideal de progreso que no se compadece del impacto para la vida de los pueblos. El 18 de marzo se conmemorará un aniversario más de una decisión sin parangón: el presidente Lázaro Cardenas decretó ese día la expropiación petrolera y esa decisión fue congruente con el conjunto de políticas sociales de su gobierno. No estaba afectando a campesinos o a indígenas, por ejemplo. Hoy nos preguntamos, fortalecer a la CFE, ¿hace indispensable iniciar la operación de la termoeléctrica de Huexca? ¿Se conformará la llamada 4T con desarmar sólo una de las aristas neoliberales?
Programa Bracero: ¿nueva política migratoria?
Ana María Aragonés
No sería aceptable que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrezca a Joe Biden resolver el problema migratorio reviviendo el tristemente célebre Programa Bracero. Sería pésima idea. La revisión histórica demuestra que fue permanentemente violado, tanto en relación con las condiciones laborales estipuladas como por los salarios acordados, las viviendas, etcétera. Se inició en 1946 y terminó abrupta y unilateralmente por el país vecino en 1964. Simplemente, millones de trabajadores se quedaron en la absoluta desprotección laboral. Después de tantos años no habían generado ni antigüedad ni movilidad social ni posibilidades de residencia. Todavía hoy se les deben millones de pesos por ahorros devengados cuando trabajaron en el país vecino y el Congreso mexicano sigue evadiendo su responsabilidad. AMLO no puede plantear la misma superficialidad que en su momento presentó el ínclito Vicente Fox, proponiendo a jardineros mexicanos como la gran solución al fenómeno migratorio. El Programa Bracero debería ser eliminado del léxico de los funcionarios públicos por su lenguaje peyorativo, racista y xenófobo.
Es importante recordar que el trabajo es permanente y los programas de trabajadores invitados son temporales. Esto es así porque conviene a los países receptores, no sólo porque regulan su mercado de trabajo, sino que controlan los salarios a la baja en las ocupaciones donde se insertan los migrantes, y generan ganancias a costa de la enorme explotación. Y, cuando les conviene, simplemente lo clausuran y sin más los deportan.
Los programas de trabajadores invitados se expandieron después de la Segunda Guerra Mundial; se hicieron muy famosos sobre todo en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos-México. La explicación tenía que ver con la enorme debacle demográfica después de las conflagraciones mundiales. Pero cuando surgió la crisis de 1970, se terminaron los programas y todos estos migrantes enfrentaron la cruda realidad que, tras haber otorgado años de trabajo a los países receptores, de pronto tuvieron que regresar a sus países sin casi nada entre las manos; se suspendieron las reunificaciones familiares, se les conminaba a la repatriación, etcétera.
Estados Unidos requiere fuerza de trabajo en la medida en que enfrenta graves problemas demográficos, por sus bajísimos niveles de fecundidad, educativos ante la escasa eficiencia terminal de sus estudiantes, y el gravísimo problema de adicciones a los que, en lugar de atender como un asunto de salud, es más fácil y redituable culpar a México y dejarlos que deambulen por las calles o los encarcelan.
¿Y México le solucionará el problema a través del Programa Bracero II? Sería bueno que el gobierno analizara el actual Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá y las dificultades que enfrentan esos trabajadores, discriminación y si se quejan los ponen en las listas negras, por ejemplo.
La expulsión de trabajadores por supuesto que puede revertirse. Un caso emblemático es el de Suecia, país que a finales del siglo XIX expulsaba a sus habitantes por la pobreza, una agricultura absolutamente insuficiente y enormes problemas de inequidad con los grupos enriquecidos. Casi un tercio de la población sueca emigró a Estados Unidos. Cuando al inicio del siglo XX el gobierno puso en marcha la revolución industrial se dio cuenta de que no había trabajadores suficientes, habían emigrado, por lo que decidieron investigar por qué y encontraron la solución, otorgarles más de lo que recibían en Estados Unidos. Pusieron en marcha una serie de transformaciones impresionantes, enmarcadas en lo que ha sido calificado como Estado benefactor. Se acabó la migración y Suecia es una potencia que da lecciones de derechos humanos y bienestar, además de ser uno de los más importantes receptores de refugiados y asilados.
Un ejemplo extraordinario fue el del general Lázaro Cárdenas al recibir a más de 350 mil mexicanos deportados por la crisis en 1930. Cárdenas se decidió por transformar al país y hacer las reformas necesarias para absorberlos, a nivel económico, educativo, etcétera, y fue así como revolucionó al país.
AMLO no debe declinar de su responsabilidad para hacer posible que la migración sea por opción y no por necesidad.
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