La disputa por el control de la industria eléctrica escala cada día. Lo que el gobierno federal anuncia como acción para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los grupos empresariales lo presentan como una ofensiva contra las energías limpias y la libre competencia.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que modifica el esquema de generación y aprovechamiento del fluido, presentada por Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor este 10 de marzo. Sesenta y dos por ciento de los diputados votaron en favor y 37 por ciento en contra. En el Senado, 58 por ciento la apoyaron y 42 por ciento la rechazaron.
De inmediato, el conflicto escaló a niveles inusitados y se convirtió en un choque de poderes. Esgrimiendo argumentos similares a los que han sostenido desde 1998 (https://bit.ly/3f0YprO), los empresarios pasaron a la ofensiva y presentaron más de 40 juicios de amparo. Con una rapidez inusual, los jueces otorgaron suspensiones provisionales y hasta definitivas.
El Presidente cuestionó la actuación del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro y envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señala: Le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Simultáneamente, amagó con una reforma constitucional en la materia, en caso de que las modificaciones a la ley naufraguen en un mar de amparos.
Pese a la enardecida respuesta empresarial, la nueva legislación eléctrica está lejos de la norma aprobada en 1960 por Adolfo López Mateos, quebrada por la regresiva reforma constitucional energética de diciembre de 2013. Aunque acotados parcialmente por la nueva legislación, persisten muchos elementos del marco legal que despojan, en favor de intereses privados, los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético de los mexicanos.
La reforma modifica el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica. Establece, en primer lugar, el uso de la generada en hidroeléctricas. En segundo término, el de las demás centrales de la CFE. En tercero, la energía eólica y solar producida por los particulares, con grandes subsidios no transparentes. Finalmente, establece el uso de las centrales de ciclo combinado de propiedad privada.
Considerando que la energía eléctrica no es una mercancía más que se pueda comprar en cualquier parte, sino un bien estratégico necesario para el desarrollo independiente, el nuevo marco legal modifica la obligación de la CFE de adquirir electricidad a partir de subastas, que, teóricamente, permiten escoger el precio más barato. A partir de ahora, la CFE podrá obtener el fluido eléctrico de acuerdo con las prioridades señaladas, sin subasta de por medio.
La nueva ley permitirá poner orden entre los generadores de autoabastecimiento o cogeneración (muchos de ellos políticos) que se beneficiaron con la venta de garaje de bienes y servicios públicos de los sexenios pasados. Previa revisión, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley.
El 29 de diciembre de 1960, la reforma de López Mateos estableció el principio constitucional de la exclusividad a favor de la nación del servicio público de electricidad. Adicionó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, la atribución a la nación de la competencia exclusiva para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. La reforma constitucional de 2013 echó abajo este principio (https://bit.ly/3r7Ncbx). Aunque la nueva ley de la industria eléctrica recupera soberanía de manos de los privados no restituye plenamente este principio.
La industria eléctrica en México nació de la mano del capital privado y el Estado tuvo que intervenir para remediar sus desfiguros. A mediados de la década de 1930 el grueso del sector estaba en manos de dos empresas extranjeras. Su gestión era muy deficiente. Había diferencias en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria, de forma que pudieran interconectarse todas las redes. La solución del problema era compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta 1976, 15 después de su nacionalización. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores, industriales, comerciales e individuales eran frecuentes.
En 1960, el gobierno compró todas las propiedades mexicanas de Impulsora de Empresas Eléctricas, y 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Co. Heredó una situación caótica. Existía una gran variedad de tarifas y no había criterios para unificarlas. La situación financiera era delicada. Coexistían diversos sistemas de generación y distribución de energía. Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. Lo hizo. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector y facilitó la industrialización del país.
La industria eléctrica es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado. Es tiempo de recuperar plenamente la soberanía energética. Para ello, no hay más camino que una reforma constitucional que recupere el principio de la exclusividad del sector público de electricidad a favor de la nación.
Twitter: @lhan55
Sostener un diálogo abierto en electricidad, propone AMLO a la IP
Injustificado aumento a gasolinas
Subsidios favorecen a grandes corporaciones, indica
Roberto Garduño y Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada Martes 23 de marzo de 2021, p. 5
La mayor parte del subsidio a la electricidad favorece a las grandes corporaciones, haciéndole creer al consumidor que es el beneficiario de ese apoyo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y convocó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las empresas –entre ellas Walmart, Bimbo y Oxxo– a un diálogo abierto respecto a quién sirve realmente la reforma energética impulsada por el gobierno anterior.
En Palacio Nacional, descartó que los amparos concedidos en contra de la nueva Ley de la Industria Eléctrica signifiquen su fin. No es un asunto sólo judicial, que un juez, dos, tres jueces hayan autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones. Va el proceso legal y si tiene que llegar a la Corte, pues allá van a decidir.
Asimismo, consideró injustificado el aumento reciente del precio de las gasolinas, porque el subsidio al combustible ha quedado en manos de los intermediarios. Además, si esto está pasando, tiene que ser transitorio porque el compromiso es que no se aumente el precio de las gasolinas por encima de la inflación, nunca, o mientras estemos nosotros en el gobierno.
Tras el anuncio de la presencia de grupos inconformes de maestros en la Ciudad de México, el mandatario recordó que su administración ha basificado a 300 mil profesores.
En su cotidiana exposición matutina, López Obrador agregó en su convocatoria al análisis público a los sectores favorecidos por la reforma energética del sexenio pasado.
“Vamos a pedir en esta semana que los técnicos de la CFE informen y, si lo consideran los beneficiarios de estos subsidios –la iniciativa privada– que nombren una comisión y se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios.
“Es un buen tema: ¿de qué trata la reforma energética? ¿Cómo está la situación actual? ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cómo se va a beneficiar a la gente? O si la gente dice: ‘Está mal la reforma (planteada por este gobierno) que siga así, no hay que meterse’, pues nosotros hacemos caso. Consideramos que es una injusticia, pero es un punto de vista, no tenemos la verdad absoluta.”
Lo que se requiere ahora es separar al poder económico del poder político, insistió López Obrador. No hay ningún problema con Oxxo, con Bimbo, con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto.
Y como esas empresas, dijo, tienen plantas de autogeneración y están asociadas a otras como Iberdrola, no podemos estarles dando subsidios.
Antes de anunciar que el 30 de marzo ofrecerá su informe trimestral de actividades, el mandatario expuso que el conflicto de desplazados en la región triqui en Oaxaca ya es atendido por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el gobernador de la entidad, Alejandro Murat. Se está buscando la conciliación, la paz, reconciliarlos.
Como hizo desde Oaxaca el domingo, reiteró que con el aumento paulatino a la pensión universal para los adultos mayores, en 2024 ellos cobrarán el doble de lo que hasta ahora reciben. Tres mil pesos mensuales, 100 pesos diarios, y se va a ir considerando la inflación. Ese beneficio alcanzará a 11 millones de personas, precisó.
