jueves, 11 de marzo de 2021

La universalidad como valor social,

Asa Cristina Laurell
Un cambio de valores sembrado en la pandemia es la universalidad o el derecho igual de todas/ os. Es un concepto básico en el actual gobierno que se está aplicando particularmente en la política social. La universalidad es un derecho de los individuos, pero es, ante todo, una expresión de las garantías colectivas o sociales. No es igual a un derecho humano que, conceptualmente, es el del individuo ante el Estado. Un derecho social, por el contrario, es una obligación del Estado ante la sociedad y cada uno de sus miembros. Es una noción que coloca las necesidades de la colectividad por encima de las del individuo. Es contrario al principio (neo)liberal que destaca al individuo por encima de la sociedad. Recuerde que el principio del Presidente no es primero el pobre, sino primero los pobres, es decir, los que la sociedad ha dejado atrás.
Asumir la universalidad como valor básico en México –desgarrado y roto por la desigualdad– es un cambio a fondo del individualismo a la solidaridad. Es enfrentar la cultura del privilegio que está tan internalizada que aun personas con valores de izquierda la ejercen. La pandemia ha creado una opinión pública fuerte y contraria a esta cultura, que se expresa en la palanca, el agandalle, la compra de un lugar adelante en la fila, etcétera. Este rechazo a la falta de solidaridad y el creerse por encima de los demás se ha expresado con singular fuerza, pero también el miedo de ser excluido una vez más del acceso a un bien percibido como la salvación de la vida, sea ésta la vacuna o el acceso a la atención médica. Este miedo se ha expresado de varias maneras, incluidas las violentas. Cuando se ha mostrado que alcanza para todos, se ha fortalecido la solidaridad social. Podemos estar al inicio una nueva ética pública impulsada por la noción de universalidad.
Obviamente, no todos han asumido esta conducta. A pesar de que el heroísmo del personal de primera línea prevalece, no faltan los que se excluyen del servicio público alegando problemas de salud –reales o inventados–, quedándose en casa o ateniendo su clientela privada. Sin embargo, es importante advertir que los funcionarios federales que han hecho uso de su posición han sido duramente reprobados. También se han manifestado las prácticas corporativas en las que los gremios exhiben su fuerza para pasar adelante en la cola pero sin mucho éxito. La universalidad y sus pruebas contundentes han tenido impacto.
La OMS y la ONU han tratado de plantear que las vacunas deberían de ser bienes públicos sin patentes y disponibles a todos, pero no han tenido mucho éxito. El mecanismo Covax, establecido para garantizarlas a los países de desarrollo económico medio o bajo, está avanzando muy lentamente. Las razones son el patriotismo y regionalismo de los países ricos y productores de las vacunas y medicamentos. El comportamiento de la Unión Europea ha sido especialmente escandaloso. Como varios de los estados adherentes tienen una industria farmacéutica fuerte, decidieron imponer reglas que impiden gravemente la exportación aun en contra de los contratos firmados para que primero se vacunara a sus ciudadanos. Otro tanto está haciendo Estados Unidos, tratando de corregir el retraso causado por Trump y sus bravuconadas. Es obvia la razón política de estas conductas y el desprecio por la vida en los países subdesarrollados, pero también resalta la inconsecuencia para enfrentar la pandemia.
La contradicción es evidente, los estados que instigaron la globalización ahora tratan de guardar los bienes para sí. Pero queda el hecho de que no se puede parar el contagio si no se detiene de forma global.
Otra paradoja es que los países europeos que adoptaron el principio de la universalidad como base de su política social ahora la están reservando sólo para su propia población. Aun así, la universalidad es ejemplo para otros estados. La violación de sus principios –la igualdad entre todos y la adhesión a la priorización de la vacunación– ha llevado a la caída de ministros de Salud, por ejemplo en Argentina, Perú y Paraguay. Se puede discutir cuál debe de ser la priorización de la aplicación de las vacunas, pero una vez establecida debe ser respetada por todos.
Ese es el verdadero consenso social.

Vacunas cubanas y geopolítica
Ángel Guerra Cabrera
Cuba se convirtió esta semana en el primer país de América Latina y el Caribe y, probablemente, entre la totalidad de países pobres, que cuenta con un candidato vacunal contra el Covid-19 en la fase III de ensayos clínicos: el Soberana 02. Ello tiene inocultables connotaciones humanísticas y geopolíticas que abordamos más adelante, acentuadas por la tirantez de la coyuntura internacional.
El lunes comenzó la aplicación de la primera dosis de la vacuna y del placebo en 44 mil 10 voluntarios de ocho municipios de la provincia de La Habana. Se aplicará una segunda inyección transcurridos 28 días y en un número de casos se adicionará una tercera dosis de refuerzo con otro candidato vacunal cubano, el Soberana 01A o Soberana Plus. Este último ensayo busca lograr mayor grado de inmunidad, incluso ante las nuevas variantes del coronavirus.
Pero esto no es todo en el rápido avance de las vacunas isleñas, pues muy probablemente en este mismo mes de marzo, tan pronto sea autorizado por la agencia reguladora nacional, se dé inicio en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, con 42 mil personas, al ensayo clínico fase III de Abdala, otro candidato vacunal cubano, que junto a los ya mencionados y al Soberana 01 y el Mambisa forman parte del elenco de cinco vacunas en proceso de estudio en la mayor de las Antillas.
El objetivo de la fase III es comprobar que la vacuna tiene la capacidad de evitar que las personas se enfermen, sea fundamentalmente capaz de evitar que avancen hacia formas graves y potencialmente mortales del padecimiento. También se propone evitar que los vacunados lleguen siquiera a contagiarse, aun cuando sólo alcancen la categoría de asintomáticos, aunque esto es por ahora sólo una hipótesis que habrá que comprobar en su momento. Se busca igualmente verificar la seguridad del producto y su inmunogenicidad.
En cuanto a la seguridad, se ha demostrado en fases anteriores que es muy alta en todas las vacunas cubanas, pues lo que más mencionan los sujetos de los ensayos son uno o dos días de moderada molestia en el lugar donde se aplicó la inyección y no se reporta una sola reacción que haya requerido internamiento hospitalario. Aseguran expertos cubanos que es alta también la inmunidad lograda, pero no he podido encontrar el dato exacto.
Para escoger a los participantes se exige la voluntariedad y el consentimiento informado, y existen factores incluyentes como tener entre 19 y 80 años y, en el caso de las mujeres, aceptar no embarazarse en los meses que dure el estudio. Son factores excluyentes, entre otros, haber padecido alguna enfermedad infecciosa aguda en los siete días anteriores a la vacunación o haber contraído el Covid-19. Lo que es motivo de asombro y admiración es que Cuba logre realizaciones científicas de tan alto calado en medio del castigo económico y financiero más asfixiante y cruel que le haya impuesto Estados Unidos, mediante medidas meditadas para cortar toda posibilidad de financiamiento o acceso de la economía insular a equipos, insumos y materias primas esenciales, como los energéticos y farmacéuticos. Muchas de ellas fueron aplicadas durante la pandemia con el claro propósito de agravar las penurias económicas inherentes a las normas de prevención del contagio o a las muy costosas acciones de combate al nuevo coronavirus.
Mientras 10 países concentran alrededor de 80 por ciento de las vacunas y 80 naciones no han tenido acceso alguno a ellas, Cuba ya produce 100 millones de vacunas que no sólo le permitirán inmunizar a toda su población en este año, sino compartir el fármaco con los países del ALBA, Irán, Vietnam y otros muchos que lo están pidiendo. Habrá retorno económico de quienes puedan aportarlo para reinvertir en la ciencia y la industria farmacéutica cubanas, pero seguramente la circulación de los fármacos isleños permitirán tener acceso a la inmunidad a países y poblaciones que difícilmente lo habrían logrado de otra procedencia.
La escasez de vacunas es tal, que lo que se necesita con urgencia son más candidatos vacunales, trasferencia de tecnología, aumento de la producción y abatimiento de los precios. Abandonar, en fin, el absurdo concepto de que algún país puede salvarse de la enfermedad por sí solo. Es bien sabido que mientras más demore la inmunización universal a escala planetaria, más surgirán nuevas variantes del virus que podrían prolongar indefinidamente la pandemia y hasta convertir el Covid-19 en un mal estacional.