Carlos Fernández-Vega
▲ El presidente López Obrador y el titular de Pemex, Octavio Romero (izquierda), durante la conferencia del miércoles en la que se habló de los contratos de Pemex para suministrar gas etano a Braskem y que beneficiaron a Odebrecht.Foto Presidencia
Los gobiernos neoliberales, junto a su grupo compacto de empresarios, exprimieron al erario para hacer pingües negocios a costillas de los dineros de la nación: subsidios por aquí, descuentos por allá, devolución y cancelación de impuestos por acullá, rescates por doquier y contratos leoninos a más no poder, sin olvidar más moches, compensaciones y demás gracias. En cualquier revisión, lo primero que aparece es el saqueo, un delito que ahora los prianistas y rémoras que los acompañan denominan libre competencia.
Sólo como botón: en la mañanera del pasado miércoles, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, detalló que en febrero de 2010 se firmó un contrato con la empresa Braskem Idesa en la que Odebrecht tiene una importante participación accionaria; la mayoría, para el suministro de gas etano, que ha sido lesivo para Pemex; obligaba a la ahora empresa productiva del Estado a suministrar 66 mil barriles diarios de ese combustible por 20 años, con prórrogas hasta de 15 años: Pemex no contaba con ese volumen, y estábamos en el peor de los mundos: no podíamos surtir las plantas propias ni cumplir con el acuerdo de ese contrato.
Pero no quedó ahí: el costo del transporte de ese gas etano –nacional o importado– corría a cargo de Pemex; las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas; por cada barril no suministrado debajo de los 66 mil barriles comprometidos, Pemex debía pagar 200 por ciento de penalización; en cambio, Odebrecht-Braskem sólo 30 por ciento; es decir, Pemex pagaba siete veces más que ese consorcio por cada incumplimiento. En caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, éste debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha (5 mil 200 millones de dólares). Eso y mucho más.
¿Quién firmó ese contrato totalmente contrario al interés nacional? Bueno, en 2010 Felipe Calderón (muy amigo de los dueños de Odebrecht) despachaba en Los Pinos, y Juan José Suárez Coppel (involucrado en la costosísima aventura de los astilleros gallegos, entre otras delicias) en la oficina principal de Pemex, y esta sólo es una de las tantas herencias negras del haiga sido como haiga sido, por la que el erario ha pagado multimillonarias cantidades sin beneficio alguno para el país.
¿Quiénes integraban el consejo de administración de Pemex, mismo que debió autorizar el contrato referido? Lo presidía Jordy Herrera Flores, entonces secretario de Energía; los vocales por parte del gobierno calderonista eran (¡sorpresa!) José Antonio Meade Kuribreña (titular de Hacienda) y Bruno Ferrari (Economía); Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Hidrocarburos, y José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingresos. ¿Nadie se dio cuenta del atraco?
En la citada mañanera, Octavio Romero detalló: de 2016 a 2020, por el suministro de etano a Odebrecht-Braskem Pemex debió asumir (gracias al famoso contrato) 667 millones de dólares en pérdidas por penalidades, descuentos en el precio del etano y transporte no pagado por el citado consorcio, quien convirtió en utilidades esa misma cantidad. Así es: un atraco salvaje, y apenas una muestra de los muchos que cometieron los gobiernos neoliberales y su club de pandilleros.
Esa fue la regla, porque donde se revise el resultado es el mismo: inversiones y contratos promovidos y firmados por los gobiernos neoliberales siempre conllevaban el asalto a la nación; energía eléctrica, petróleo, carreteras, obra pública en general, vivienda, etcétera. Sin embargo, los ladrones se mantienen intocados, libres y gozando del producto de su hurto.
El presidente López Obrador reveló que hay una denuncia en contra de los ex funcionarios responsables del caso Odebrecht-Braskem. Qué bueno, pero el denominado aparato de procuración de justicia es más lento que el progreso.
Las rebanadas del pastel
Otro botón: el periodo de saqueo en el Infonavit, de corrupción en constructoras, inmobiliarias, políticos; 600 mil departamentos abandonados construidos sólo con fines de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos; construyeron unidades habitacionales en zonas apartadas, de alto riego, sin servicios públicos básicos (escuelas, guarderías, centros de salud), donde no podían ir el trabajador y su familia a vivir (AMLO dixit).
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Vivienda: desfalco neoliberal
Durante la presentación del Programa de Mejoramiento Urbano 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló algunos de los saldos más nefastos del neoliberalismo en las políticas de vivienda de las administraciones pasadas: sólo en lo que respecta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existen 600 mil departamentos abandonados en unidades habitacionales, de los que hasta 84 por ciento podrían ser irrecuperables porque éstas fueron construidas en zonas de alto riesgo.
El mandatario advirtió que debe ponerse punto final a las prácticas de corrupción que permitieron la construcción de unidades habitacionales en zonas apartadas, de alto riesgo, carentes de servicios, en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud y que se encuentran a más de dos horas de camino de los centros laborales, por lo que resultan inaccesibles para trabajadores que no cuentan con automóvil. Según indicó, tales proyectos no buscaban responder a las necesidades sociales, sino al propósito de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de servidores públicos mediante la compra de terrenos a bajo precio donde se construían casas de apenas 30 metros cuadrados.
Aunque se trata de datos atroces, suponen apenas la punta del iceberg del escandaloso manejo del sector de la vivienda de interés social durante los sexenios recientes. En 2017, el diario estadunidense Los Angeles Times documentó minuciosamente la corrupción generada cuando los gobiernos federales panistas se asociaron con desarrolladores privados para construir unidades habitacionales en todo el país a un costo de 100 mil millones de dólares.
Las irregularidades encontradas en todas las fases de este proceso –desde la adjudicación de los contratos hasta la entrega a los residentes– son sencillamente incuantificables, pero entre ellas pueden mencionarse la construcción en humedales, márgenes de ríos y laderas inestables; la rescritura de leyes de zonificación para permitir que se levantaran edificaciones inhabitables; la entrega de viviendas indignas de tal nombre por carecer de drenaje, agua potable o energía eléctrica; la venta de desarrollos inconclusos (199 de los 235 iniciados en el estado de México entre 2005 y 2012 permanecían sin terminar en 2017); el fraude abierto al presentar a los compradores de casas modelo que guardaban poco o ningún parecido con las que adquirían, o la absoluta carencia de control de calidad que hizo que colapsaran edificios con apenas cuatro años de antigüedad. No exageró López Obrador al hablar de casas de 30 metros cuadrados: el Times encontró que durante los mandatos de Fox y Calderón se levantaron un millón de viviendas de estas dimensiones, descritas por el rotativo como más pequeñas que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Para colmo, el diseño de los créditos otorgados para comercializar las unidades dejó a los trabajadores atados al pago de un inmueble que no pueden habitar, mientras los intereses y la inflación vuelven imposible el pago del préstamo; llevando a que muchos abandonen sus trabajos formales para evitar los descuentos forzosos en nómina.
Tal panorama deja claro que no sólo debe ponerse punto final a estas prácticas, sino dar cuenta de las irregularidades consumadas a la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue y se deslinden responsabilidades, tanto de los funcionarios que las impulsaron o solaparon como de los empresarios que se vieron beneficiados por este cúmulo de daños al erario y a los ciudadanos. Si la impunidad es inadmisible en cualquier ámbito, resulta doblemente agraviante cuando se trata de quienes abusaron de las expectativas de mejoría de millones de personas que, ante el déficit de viviendas, se ven obligadas a habitar en contextos de hacinamiento y carencia de servicios elementales.
