Avanza la acción de la justicia con respecto a la escandalosa red de sobornos denunciada por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, el pasado mes de agosto de 2020. El exsenador panista Jorge Luis Lavalle ya se encuentra atrás de las rejas. Y la Fiscalía General de la República (FGR) hoy investiga otros exlegisladores del mismo partido por su supuesta participación en la trama de corrupción en que se utilizaba dinero tanto de la empresa brasileña Odebrecht como de Pemex para aceitar la aprobación de las reformas constitucionales y legales en materia energética de Enrique Peña Nieto.
El exsenador y exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, es uno de los investigados. El entonces senador y actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy se encuentra sujeto a un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados por acusaciones relacionadas con las denuncias de Lozoya. El también exsenador y actual Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, es otro personaje que de acuerdo con los testimonios jugó un papel central en el esquema de corrupción para garantizar la privatización de la industria energética nacional.
Otro actor clave señalado por Lozoya es Ricardo Anaya, quien con sus risibles baños de pueblo transmitidos por redes sociales hoy pretende tender una cortina sobre las graves acusaciones en su contra. De acuerdo con la denuncia del exdirector de Pemex, en 2013 se le entregó al entonces diputado federal y próximo presidente del PAN la friolera de 6 millones 800 mil pesos en una reunión llevada a cabo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
Las acusaciones en contra de Anaya, Lavalle, Gil Zuarth, García Cabeza de Vaca, y Domínguez Servién, confirman la tesis de que el neoliberalismo nunca fue en realidad un proyecto ideológico con un proyecto de nación, sino simplemente una mascarada discursiva para tapar un brutal saqueo y robo en contra del pueblo de México.
Todos estos legisladores del PAN en principio coincidían con los postulados neoliberales que sustentaba la privatización de Pemex y la CFE propuesta por el gobierno del PRI. Sin embargo, en lugar de votar gustosos a favor de estas reformas constitucionales y legales que coincidían con su ideología, decidieron extorsionar al gobierno de Peña Nieto, vendiendo sus votos y utilizando su poder en el Congreso de la Unión para chantajear al gobierno.
Sin embargo, estos legisladores nunca dejaron de ser peones, simples soldados, en una oscura trama orquestada desde más arriba, en la oficina de la Presidencia de la República donde quien realmente mandaba era Luis Videgaray. En nuestra entrevista hace unos días en Canal Once el gran periodista de investigación, Miguel Badillo, actualmente Director de la Revista Contralínea, lo dijo con todas sus letras: “Videgaray fue quien gobernó el sexenio pasado, fue el hombre de más poder, Peña Nieto le consultaba todo”. Y en respuesta a mi pregunta de si el ex Secretario de Hacienda podría ser “el siguiente en caer”, el periodista de investigación me respondió sin titubeos: “yo creo que sí, es el que sigue, es el personaje” (véase: https://bit.ly/3tbCqmb).
No hace falta recurrir a complejas teorías de la conspiración sino sólo a la lógica más elemental para deducir que Videgaray tendría que ser llevado pronto ante la justicia. En su amplia relación de hechos, Lozoya menciona una y otra vez a Videgaray como quien le instruía directamente a recibir el dinero sucio de parte de Odebrecht durante las campañas electorales de 2018 y también le indicaba a quien distribuir este recurso, junto con amplios recursos del erario público, entre legisladores y periodistas (aquí la denuncia completa de Lozoya: https://bit.ly/3taiMqS).
El hecho de que el ex Secretario de Hacienda no haya estado físicamente presente durante los actos de entrega de los recursos en las oficinas de Montes Urales número 425 en Lomas de Chapultepec, de ninguna manera lo exime de su responsabilidad como supuesto jefe de una red de crimen organizado. Así como el Chapo Guzmán es responsable por las ejecuciones cometidas por los sicarios bajo su mando y Genaro García Luna hoy habita una celda en Nueva York por las acciones corruptas de sus subordinados, Videgaray tampoco debe tardar en ser llamado a cuentas por los reprobables actos llevados a cabo por sus instrucciones y en su representación.
Se consolida la autonomía plena de la FGR bajo la atinada conducción del Fiscal Alejandro Gertz Manero y se confirma una vez más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta con pacto de impunidad alguno con los expresidentes. También se acerca la oportunidad histórica para que la ciudadanía pueda expresar en las urnas por medio de la consulta popular su respaldo a las valientes acciones de la FGR en contra de la impunidad, y así preparar el escenario no solamente para llevar a la cárcel a Videgaray sino también a Calderón, Peña Nieto y otros expresidentes que con sus actos hayan traicionado al pueblo de México.
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Industria eléctrica y soberanía energética: lo que está en juego
Oriol Malló*
En el siglo XX los asuntos energéticos se dirimieron en batallas de proporciones épicas. La propiedad pública o privada de los hidrocarburos o la energía eléctrica eran asuntos de disputa mayor que, a veces, culminaban en victoria contra compañías depredadoras, respaldadas por sus respectivas embajadas y nuestros coloniales medios, pero odiadas por el común de los mortales. Y no hablo de Iberdrola, claro está.
Basta recordar el ambicioso plan Goelró de 1920, que electrificó en tiempo récord la Unión Soviética, la creación en 1933 de la Tennessee Valley Authority, primer proyecto hidroeléctrico público de Estados Unidos, la titánica obra de reconstrucción que la nacionalizada Électricité de France concluyó entre 1946 y 1953 o las expropiaciones –petrolífera y eléctrica– que acometió el Estado mexicano durante las presidencias de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.
De este legado surge la reverberación emocional de muchos mexicanos ante la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2021 y aprobó, semanas después, el Congreso de la Unión.
Tras los amparos que paralizaron el Programa Sectorial de Energía 2020-24, la LIE fue el primer intento de romper la armadura legislativa que erosionó el monopolio natural de la CFE, creó un mercado eléctrico al servicio de los actores privados y obligó al Estado mexicano a subsidiar a sus competidores en una espiral de deuda que pone en riesgo la propia supervivencia de esta paraestatal.
Aunque, de nuevo, se paralizó en los juzgados la reforma de la contrarreforma, el gobierno de México convirtió las modificaciones a una legislación secundaria en un debate estratégico para la nación.
Mientras el frente opositor se atrincheraba en las virtudes salvíficas de las energías limpias en un país de ríos pestilentes y despojo medioambiental, del otro lado se construía una explicación transparente, despojada de tintes apocalípticos, sobre el saldo real de la privatización eléctrica.
Sin negar la importancia de las fuentes renovables, como la hidroeléctrica de propiedad pública, infrautilizada por dar despacho preferente a los particulares, el discurso gubernamental rompió el ciclo propagandístico de las renovables para hacer hincapié en el carácter parasitario del capitalismo verde.
Más de 471 mil millones de pesos en subsidios directos e indirectos contabilizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el costo real de parques eólicos y solares si sus dueños tuvieran que pagar la transmisión o el respaldo y carecieran de los privilegios del despacho preferencial, las obligaciones de compra de kilovatios a precios inflados y otras gangas a modo.
A su vez, las explicaciones de la CFE sobre el alto costo de las renovables privadas en México pusieron el reflector sobre un problema mayor. Este ciclo de burbujas –de la eólica marina al hidrógeno verde– depende de programas masivos de financiamiento público que terminan repercutiendo en los bolsillos del consumidor.
El milagro de los recibos baratos nunca llega a suceder. Tampoco en Alemania. Tras más de dos décadas de energiewende, o cambio energético, cada año se añaden nuevos recargos a la tarifa de los consumidores cautivos, los cuales aumentan con el cierre de nucleares que, a su vez, refuerza la dependencia del gas natural e incluso del carbón en los días más crudos de invierno.
El talón de Aquiles de la transición energética es que se concibió contra la planificación y el estatismo en una extraña alianza de fundamentalistas de libre mercado, movimientos ecologistas empoderados y especuladores de todo pelaje cuyo único nexo de unión pasa por abjurar de esos monstruos centralizados que, al decir de Naomi Klein, deben desaparecer junto a todo intento de volver a la nefasta nacionalización energética.
Así es como Greenpeace México apoya, con amparos, los molinos de sangre de La Ventosa, mientras convierte su defensa legal del lobby eólico en una batalla por la democratización de la energía eléctrica en nuestro país. Que ni la burla perdonan.
Luego hay que negar que las renovables, excepto la nuclear, son intermitentes, porque si lo dice Manuel Bartlett no puede ser verdad, aunque luego Iberdrola reconozca en su página web que el bombeo hidráulico sirve para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ante la intermitencia de otras fuentes de energía renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica.
De ese tamaño es el escándalo que la LIE provocó entre la buena sociedad de rentistas y cabilderos que creía dominar la conversación pública. Pero hubo otro efecto colateral en esta batalla incipiente.
La iniciativa presidencial reforzó la idea de que este gobierno no sería otro comité al servicio de una minoría rapaz. El tiempo de Iberdrola, o las puertas giratorias entre el cártel español y el Estado mexicano, debía llegar a su fin. Sepultada la LIE en avalancha de amparos, esta escaramuza eléctrica sirvió de cruel recordatorio: sin mayoría parlamentaria, no habrá soberanía energética. Ni reforma constitucional. Pronto sabremos si funcionó el envite. Aunque algo es seguro; esta guerra apenas ha empezado. Y no estaría mal ganarla.
* Periodista. Autor de El cártel español: historia crítica de la reconquista económica de México y América Latina (1898-2008)
