En los primeros 26 meses de la actual administración se ha refinanciado el equivalente a 610 mil millones de pesos para reducir las amortizaciones de pasivos externos e internos en el corto plazo
▲ El titular de la SHCP, Arturo Herrera, realiza un manejo responsable de la deuda, a tal grado que según información del FMI, el aumento del déficit como porcentaje del PIB en México ha sido de 7.3 puntos porcentuales, nivel que se encuentra por debajo de economías avanzadas como Japón (21.4 puntos) y EU (18.9)Foto
Braulio Carbajal
Periódico La Jornada Lunes 12 de abril de 2021, p. 18
En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 a 2014) el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo (2018 a 2020) de la administración de Andrés Manuel López Obrador, revelan datos oficiales.
Lo anterior, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ocurrió en un ambiente en el que durante 2020 la economía
Según cifras de la dependencia, para el caso de la deuda interna el saldo se incrementó entre 2012 y 2014 un billón de pesos, mientras que de 2018 a 2020 el aumento fue de 700 mil millones de pesos.
En lo que se refiere a la deuda externa del sector público (convertida a pesos), el saldo total se incrementó en la primera etapa del gobierno de Peña 560 mil millones de pesos, cifra superior respecto de los 457 mil millones de pesos registrados en el mismo periodo de López Obrador.
Según la SHCP, considerando el peso real de la deuda en la economía como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la variación en la deuda del sector público en los primeros tres años de la administración anterior fue de 10.1 por ciento del PIB mientras que al cierre de 2021 se estima que esta variación sea de 4.4 por ciento del producto.
La dependencia que encabeza Arturo Herrera destacó que desde el inicio de esta administración se ha enfocado en implementar una política de manejo responsable de la deuda pública con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas y la deuda en una senda de sostenibilidad.
Bajo esta estrategia, indicó, en 2019 la deuda pública como porcentaje del PIB se ubicó en 44.5 por ciento, nivel menor en comparación con el 44.9 por ciento de 2018.
No obstante, explicó la SHCP, para 2020 pasó a 52.3 por ciento del PIB, variación que se explica por la contracción económica derivada de la pandemia de Covid-19 y por el incremento promedio del tipo de cambio de las monedas en que se encuentra denominada la deuda externa, lo que generó un efecto de valuación sobre el saldo de la deuda externa.
La deuda pública, preve la dependencia, continuará con su tendencia a la baja, pues estima que hacia 2027 se ubicará en 49.6 por ciento del PIB.
Aseguró que pese a la crisis sanitaria y económica, durante 2020 el gobierno no utilizó endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso, además de que las afectaciones de la pandemia no modificarán la trayectoria descendente de la deuda pública. Para estabilizar el incremento acelerado que tuvo la deuda entre 2012 y 2018, el gobierno de México estableció una política de balances primarios positivos, aseguró la dependencia.
Agregó que el gobierno ha implementado una estrategia activa y continua de refinanciamientos para mejorar el perfil y costo de la deuda; se ha evitado el uso de endeudamiento adicional al autorizado en los paquetes económicos, y se ha mantenido un superávit primario positivo y balances presupuestarios en una senda de sostenibilidad.
Como resultado, México es uno de los países emergentes cuya posición fiscal es más sólida y con menores incrementos en los niveles de endeudamiento en la etapa pos-Covid, lo cual ha sido reconocido por instituciones financieras internacionales e inversionistas internacionales, apuntó la SHCP.
Según información del Fondo Monetario Internacional, el aumento de la deuda como porcentaje del PIB en México ha sido de 7.3 puntos porcentuales, nivel que se encuentra por debajo de otros países de la región como Brasil (11.3 puntos), Colombia (10.5 puntos) y Perú (8.3 puntos porcentuales).
También está por debajo de otras economías emergentes como Sudáfrica (14.9 puntos porcentuales) y de economías avanzadas como Japón (21.4 puntos) y Estados Unidos (18.9 puntos porcentuales).
Para mantener la deuda en niveles bajos, explicó Hacienda, México tiene una política activa de manejo de pasivos y monitoreo continuo de los mercados internacionales con el objetivo de encontrar ventanas de oportunidad para reducir el riesgo del portafolio, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero de la deuda.
Bajo esta estrategia, informó que durante los primeros 26 meses de la actual administración (diciembre de 2018 a febrero de 2021) ha refinanciado el equivalente de 610 mil millones de pesos para reducir las amortizaciones de deuda externa e interna en el corto plazo.
De esta forma se han refinanciado el equivalente a 10 mil millones de dólares de la deuda externa a través de operaciones de mercado y 408 mil millones de pesos de la interna mediante permutas entre instrumentos denominados en pesos y UDIs.
México SA
¿Corporativos mineros=atraco a la nación // No más concesiones; con las vigentes arrasan // Lavalle tendrá amiguitos en el Reclusorio
Carlos Fernández-Vega
El presidente López Obrador anunció que su gobierno no otorgará nuevas concesiones para explotación minera por la alta cantidad autorizada en el periodo neoliberal, en el que, sin más, se entregaron alrededor de 120 millones de hectáreas (una tercera parte de ellas en el sexenio de Felipe Calderón), o lo que es lo mismo, cerca de 60 por ciento del territorio nacional a unos cuantos corporativos nacionales y foráneos, quienes, en el mejor de los casos, sólo en él, reparten migajas sin beneficio alguno para esta República agujereada.
Excelente noticia, pero la mala es que fue tal el número de concesiones (50 años, con derecho a prórroga por un periodo igual) del régimen neoliberal que transcurre el tiempo y las autorizadas por Miguel de la Madrid (desde 1983) permanecerán vigentes, cuando menos, hasta 2033 y las de Enrique Peña Nieto en 2063, de tal suerte que el daño a la nación está hecho. Eso sí, la Ley Minera (cortesía de Carlos Salinas de Gortari) subraya que la riqueza mineral del país (la que permanece en el subsuelo) pertenece al dominio directo de la nación.
El anuncio presidencial (ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales) intentaba dar por concluido el festín neoliberal de los neolatifundistas disfrazados de corporativos mineros nacionales y foráneos, o viceversa, pero la realidad –salvo que se renegocien las concesiones– apunta a que esos grupos seguirán saqueando y contaminando a la República. Es tal el poder de esos barones, que, por ejemplo, uno de ellos, el tóxico Germán Larrea, impuso a su abogado como secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) en tiempos del Borolas, lo que no quiere decir que otros por el estilo (por ejemplo, Alberto Baillères, Carlos Slim y los consorcios extranjeros, con los canadienses a la cabeza) no hicieran su luchita por imponer funcionarios y decidir el rumbo del país.
Como en la mafia neoyorquina y con los políticos a su servicio, la famigia de barones de la minería se repartió el pastel de forma muy civilizada: Baillères, zar de la plata; Larrea, zar del cobre; Slim, zar de lo que encuentre en los territorios concesionados; canadienses, zares del oro, y así por el estilo. Por cierto, en 2016 Minera Frisco (del Slim) ordenó el desalojo violento ( bulldozers incluidos) de 80 familias que poblaban Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, y las despojó de 4 mil 500 hectáreas, porque el subsuelo era rico en oro ( La Jornada Zacatecas ha realizado una extraordinaria investigación periodística sobre el tema), y para ello contó con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales.
Un año después, Roberto de la Rosa, campesino y líder de los desalojados, documentó que la mina Ocampo Minning (del Grupo Frisco Tayahua) no tenía antecedentes registrales, es decir, que las escrituras de ésta son apócrifas, sin validez jurídica, por lo que su asentamiento y acciones eran ilegales. La empresa se sigue adueñando de todo el territorio, ha hecho todo de manera fraudulenta ( La Jornada Zacatecas).
Y lo anterior. ¿a qué viene al caso? De entrada, porque los consorcios mineros que operan en el país han arrasado, pero también porque el anuncio presidencial no pasará de eso si no se toman medidas definitivas para detener el saqueo.
Muestra de ello es la información publicada por La Jornada (Braulio Carbajal): hace una década, Bacanora Lithium adquirió de un particular los derechos de explotación de más de 3 mil hectáreas en el noreste de Sonora. Para la cesión desembolsó cerca de 7 millones de pesos, un precio de ganga para hacerse con el control de lo que a la postre se reveló como el más grande yacimiento de litio en México, proyecto que, estima la minera, dejará ingresos por mil 200 millones de dólares. Según la empresa minera, ha recibido permiso del gobierno local y los propietarios de los ranchos mencionados para realizar trabajos de exploración, autorización que, por lo demás, sólo corresponde al gobierno federal.
Las rebanadas del pastel
El panista Jorge Luis Lavalle está feliz, porque en breve tendrá a sus compañeritos blanquiazules en el Reclusorio Norte. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, los candidatos, hasta ahora, son Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Salvador Vega Casillas.
cfvmexico_sa@hotmail.com
