Carlos Fernández-Vega
Dada la magnitud del problema, que anualmente obliga la erogación de cantidades igual de espeluznantes que de improductivas, la noticia recién divulgada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se asemeja a una aspirina para combatir el cáncer. Sin embargo, en materia de deuda pública todo es importante, especialmente cuando de ahorrar se trata.
Resulta que el funcionario anunció que el gobierno federal refinanció en los mercados internacionales 3 mil 250 millones de dólares de deuda pública, con lo que las amortizaciones programadas para 2023 se reducen 69 por ciento y se extiende el plazo de vencimientos, de acuerdo con los números de la Secretaría de Hacienda, institución que subraya que la operación realizada no genera endeudamiento adicional.
En el detalle, Hacienda explicó que el monto de la transacción de refinanciamiento e intercambio se ubicó en 3 mil 250 millones de dólares, en la que participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares (2.3 veces el monto colocado). El refinanciamiento permite al gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor. Con estas operaciones se redujeron casi en su totalidad las amortizaciones programadas de deuda externa de mercado entre 2021 y 2023, pasando de 12 mil 890 millones de dólares a 2 mil 600 millones.
La dependencia que encabeza Herrera señaló que la citada operación tuvo tres componentes: la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por un monto de 2 mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.28 por ciento; esa cantidad se utilizará en su totalidad para reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023; y los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán intercambiar sus bonos por el nuevo.
Esa sería la aspirina para combatir el cáncer, aunque todo descuento ayuda, sin olvidar que la deuda pública legada por el régimen neoliberal no solo resulta monumental, sino que representa un enorme fardo para las finanzas de la nación y, desde luego, para los mexicanos, pues de sus bolsillos, año tras año y quiéranlo o no, salen los recursos para pagar dicho débito, aunque en realidad 98 centavos de cada peso destinado a dicho fin se canalizan sólo al pago de intereses.
En los últimos tres gobiernos –por llamarles así, porque en realidad no pasaron de ser gerencias de los grandes corporativos– la deuda pública se incrementó 550 por ciento (de 2 a 11 billones de pesos, en números cerrados), con el consecuente cuan asfixiante aumento de los intereses y sin beneficio alguno para el país. Pero como el grupo compacto creyó que se mantendría eternamente en el poder, la contratación de débito siguió y siguió. Total, pagan los mexicanos.
En su sexenio, el ranchero mariguanero aumentó 53 por ciento la deuda pública (proporción equivalente a un billón 845 mil millones); el Borolas Calderón 88 por ciento (2 billones 756 mil millones) y el copetón enamorado 79 por ciento (4 billones 660 mil millones). En conjunto, 9 billones 261 mil millones de pesos, o 550 por ciento de crecimiento, que sólo por intereses genera pagos anuales verdaderamente escalofriantes.
Por eso, dados el crecimiento y proporción que se anotan, cabe el símil de la aspirina contra el cáncer, aunque a estas alturas de la deuda pública todo ahorro, por pequeño que parezca, es una buena noticia.
Las rebanadas del pastel
Para dar una idea del tamaño del monstruo, el saldo de la deuda externa pública heredada por el régimen neoliberal resulta 5.25 veces superior al registrado en el cierre sexenal de José López Portillo, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que documenta que el costo financiero del débito presenta una trayectoria exponencial. De 1990 a 2018 el pago de intereses sumó 6.6 billones de pesos, de los que la mayor parte (64 por ciento) se cubrió en las dos últimas administraciones. De hecho, con Calderón y Peña Nieto en Los Pinos los mexicanos pagaron más de 4 billones 200 mil millones de pesos por intereses y el débito no dejó de crecer, amén de que el endeudamiento no se reflejó en el desarrollo del país.
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Reforma en materia de subcontratación
Napoleón Gómez Urrutia
Finalmente esta semana y después de mucha oposición, se llegó al acuerdo entre el sector empresarial, el gobierno y los dirigentes sindicales más importantes, sobre la reforma en materia de subcontratación, la cual se había venido retrasando durante casi dos años. Fue necesario pasar por la celebración de cerca de 80 reuniones, foros y sesiones de parlamento abierto en el Congreso de la Unión para llegar a este momento, en el que, si bien el resultado no es la panacea o la solución final a este tema de simulación y abuso, sí constituye un paso adelante, y muy importante, en la justicia laboral, en la transparencia financiera y en evitar la evasión fiscal.
Y no podía ser de otra manera, ya que este sistema se había deformado desde el momento mismo en que nació en las últimas horas del gobierno panista de Felipe Calderón, como una concesión o un regalo a la clase empresarial, sin considerar la explotación que se generaría contra los trabajadores, al violar con este mecanismo sus derechos fundamentales, su libertad y su dignidad.
Hoy con este acuerdo y la aprobación esperada de las cámaras de diputados y senadores se crearán nuevas formas y relaciones de producción, respeto y reordenamiento del mundo del trabajo. En este acuerdo se prohíbe la subcontratación en cualquiera de sus formas (outsourcing e insourcing) excepto en las especialidades técnicas por tiempo y obra determinada. A partir de que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, todas las empresas que actúen conforme a este modelo tendrán que pagar los impuestos correspondientes a sus actividades preponderantes, registrar a sus trabajadores con sus salarios y prestaciones reales y contribuir con el pago de las cuotas correspondientes ante los órganos públicos de salud, de vivienda y de pensiones.
Es importante señalar que las empresas que utilizan la subcontratación, tendrán que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y gozarán de un periodo de 90 días para autorregularse y comenzar a operar sobre estas nuevas bases creadas a partir del acuerdo. Las autoridades laborales tendrán un enorme reto para controlar estas actividades, de tal forma que todos cumplan y respeten el espíritu de esta nueva legislación para que no quede en letra muerta esta trascendental y visionaria reforma.
Conviene recordar que cuando se recibió en el Senado a finales de abril de 2019 la minuta integral aprobada por la Cámara de Diputados y enviada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para modificar la Ley Federal del Trabajo, no se incluyó el tema de la subcontratación o outsourcing y fue necesario que en la tribuna, como presidente de la comisión, explicara las causas por las cuales no estaban incluidos estos valiosos avances y al mismo tiempo comprometerme a establecer un periodo ordinario de sesiones y una reunión de tres días de parlamento abierto (23, 24 y 25 de julio de 2019) para intentar consensuar con los partidos políticos su aprobación.
En ese momento entramos en un periodo de discusión abierta entre los senadores en medio de los ataques mediáticos en contra nuestra por parte de los empresarios outsourceros, que se resistieron durante mucho tiempo a esas modificaciones en la ley para evitar salir de su nicho de conformidad y privilegios al que estaban acostumbrados desde el inicio de ese sistema de simulación laboral y evasión fiscal en el que convirtieron las relaciones económicas de producción y el contubernio y complicidades entre autoridades y los propios outsourceros.
La situación será distinta a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Aunque no es perfecta, sí cumple en este momento con la nueva Ley Federal del Trabajo y constituye un paso adelante en la búsqueda de una mejor democracia y una mayor justicia para todos. Ni en México ni en ningún lugar del mundo las leyes son estáticas ni permanentes. Por tanto, habrá que diseñar ese mecanismo de vigilancia y supervisión para que todos cumplan y se alcancen las metas de una sociedad más justa y balanceada entre los actores y las prioridades de la política económica nacional.
Todos esperamos que con este procedimiento la situación general del país mejore, porque es algo que el pueblo exige y está esperando. También que los empresarios colaboren para reducir la desigualdad, respeten los derechos de todos y así se consolide una nueva mentalidad y visión para contribuir más efectivamente al desarrollo del país, con un enfoque menos egoísta y con una mayor dimensión social. México lo necesita y el pueblo lo merece.
