No son flor de un día. Tampoco fruto de la temporada electoral o respuesta a la 4T. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen más de 70 años de vida en México. Por supuesto, a lo largo de tiempo y las distintas coyunturas políticas han modificado su misión, estructura de funcionamiento y modos de intervención social. Pero cualquier debate sobre ellas, debe considerar su larga historia.
Como ha explicado Luis Lopezllera, uno de los padres fundadores de la cooperación al desarrollo en México, en Sociedad civil y pueblos emergentes, las ONG nacen en la década de 1950, de la mano del Secretariado Social Mexicano de la Iglesia católica, formado para atender asuntos sociales. Fruto de este extensionismo es el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, y la fundación de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, dedicada a formar el personal especializado en esta labor. A finales de la década nació el Centro Nacional de Pastoral Indígena, antecedente del Centro Nacional de Asistencia a las Misiones Indígenas (Cenami), que ha desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento a la reconstitución de los pueblos indios (https://bit.ly/3cJBEqY).
En los 60, en un continente sacudido por la revolución cubana y los movimientos de liberación nacional, la encíclica Populorum progressio y las protestas estudiantil-populares, surgen, inspirados en principios cristianos de solidaridad, organismos como el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, Promoción del Desarrollo Popular, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Estudios Educativos y Desarrollo Económico y Social del Mexicano.
En la década siguiente, la Compañía de Jesús cierra el Instituto Patria y compromete sus recursos en Fomento Cultural y Educativo, iniciativa al servicio de proyectos populares. Se crean también instituciones como Análisis, Desarrollo y Gestión y el Equipo Pueblo. Iluminados por la teoría de la alfabetización liberadora de Paulo Freire, centenares de grupos de base construyen un vigoroso movimiento de educación, salud y vivienda popular.
Las ONG se convirtieron, en el espacio asociativo para que sectores de la intelectualidad crítica se vincularan al campo popular. Y, más allá del trabajo organizativo y de concientización que realizaban, funcionaron como bisagras que enlazaban mundos distintos y construían circuitos de mediación social y laboratorios de desarrollos alternativos.
Durante los 80, los organismos civiles se desarrollaron teniendo como objetivo central intervenir en el movimiento popular, con las herramientas de la educación popular. Se concibieron como instrumento del movimiento social y actuaron con él desde una perspectiva autogestiva, clasista y de movilización de masas (https://bit.ly/2Pnnjrv).
Los sismos de 1985 modificaron sensiblemente el mundo de las ONG. El inmenso protagonismo ciudadano propició el surgimiento de un mito refundador: la autorganización de la sociedad civil como semilla y cimiento de un nuevo orden. Se produjo a partir de entonces una proliferación sin precedentes de ONG y apoyos de la cooperación internacional.
Este asociacionismo se financió (y se hace hasta ahora) con recursos de la asistencia oficial al desarrollo de los países del primer mundo, mediante embajadas e instituciones privadas, multilaterales, no lucrativas, así como de sus propias campañas de fondeo. Recibir recursos del exterior no los convirtió en agentes al servicio de potencias extranjeras o de intereses corporativos. Aunque agencias como Usaid y la NED tienen una agenda injerencista y algunos de sus donatarios están dispuestos a servir a esos propósitos, la inmensa mayoría de las ONG no se presta a ello.
El auge neocardenista de 1988 fue el nuevo terremoto en el horizonte de los organismos civiles. Muchos revaloraron la política partidaria y la lucha electoral. Su acercamiento a la política institucional terminó provocando que se les cayera la N y sus integrantes en funcionarios públicos.
Simultáneamente, con el triunfo del foxismo, el viejo asociacionismo empresarial articulado alrededor de instituciones de asistencia privada y de filantropía, cambió radicalmente su misión y se lanzó de lleno a la disputa del espacio de la cooperación internacional, asumiéndose como los representantes de la sociedad civil. Organismos como Mexicanos Primero o Mexicanos contra la Corrupción, ambos encabezados en distintos momentos por Claudio X. González, fueron punta de lanza de esta iniciativa. Su poder y recursos les permitieron ocupar con relativa facilidad buena parte de este espacio en áreas claves como la educación (https://bit.ly/39FnR2F). Hoy desempeñan un papel relevante en la articulación de un bloque electoral opositor de derechas.
La ofensiva de la derecha empresarial para asumirse como vocera de la sociedad civil no quiere decir que no exista en el país una amplia constelación de ONG (especialmente en el área de los derechos humanos) y movimientos ciudadanos que defienden genuinamente las causas populares, más allá de la esfera estatal.
No hay que confundirse. Una cosa es avalar, como hacen irresponsablemente algunos, la inadmisible intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en asuntos internos, y otra funcionar con las legítimas reglas del juego de financiamiento de la cooperación internacional.
Twitter: @lhan55
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Durante la gestión de Diana Álvarez Maury, directora general del Banco del Bienestar, se ha dado de baja a más de 500 trabajadores, muchos de la plantilla directiva, a quien, sin más, se despidió sin respetar sus derechos laborales.Foto José Antonio López
Parece que en el Banco del Bienestar se tomaron muy en serio –sólo para algunas cosas, desde luego– la Ley Federal de Austeridad Republicana, porque en su nombre, y desde que a la dirección general arribó la abogada itamita Diana Álvarez Maury –sin experiencia alguna en cuestiones bancarias ni financieras–, ha dado de baja a más de 500 trabajadores, con buena parte de la plantilla directiva en primer lugar, a quien, sin más, despidió sin respetar sus derechos laborales, sin considerar que sus contrataciones fueron autorizadas por el respectivo consejo de administración, que preside el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
¿Por qué Álvarez Maury –también licenciada en semiología y, antes de ocupar su actual posición, consultora de una preparatoria– arrasó con los ejecutivos de primera línea? (aquellos que transformaron al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, en el Banco del Bienestar). Bueno, se le hizo fácil proceder en tal sentido para así poder cubrir mayoritariamente las plazas vacantes con egresados del ITAM, al tiempo que, ilegalmente, decidió ahorrarse las liquidaciones correspondientes. A la calle y a quejarse a su casa, porque los que causaron baja ni siquiera fueron notificados oficialmente. Los afectados se enteraron por la vía de los hechos.
¿Qué hace una abogada del ITAM, ex consejera de Santiago Creel en el IFE (ahora INE) y consultora y comunicadora certificada en semiología de la vida cotidiana al frente de una institución social como el Banco del Bienestar? Quién sabe, porque la misma pregunta se hicieron –sin obtener respuesta– en la Secretaría de Gobernación cuando, padrino de por medio, fue designada como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
Pero más allá de esa incógnita, el punto es que los itamitas incrustados en el régimen neoliberal contribuyeron de forma decidida a destrozar el bienestar de los mexicanos, aunque hoy, con una administración distinta, quién sabe cómo lograron colarse a la que desde un principio fue catalogada como una joya de la política social. Como tiempo atrás se planteó en este espacio, ¿quién convenció al presidente López Obrador de que Álvarez Maury era la pieza faltante para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, como lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana?
Pero como Álvarez Maury aplica esa ley a contentillo, por un lado despide a un buen número de trabajadores del Banco del Bienestar sin liquidación y por otro hace como que no ve lo establecido en el artículo 12, fracción V, porque contrató dos despachos externos de abogados (Zárate García Paz y asociados, y Bargalló Cardoso y asociados) para que le saquen las castañas del fuego, las demandas laborales entre ellas, con todo y que el área jurídica de la institución financiera cuenta con más de medio centenar de personas de planta que, supuestamente, se dedican a lo que ahora atienden los dos despachos citados.
El artículo 12, fracción V, deja en claro que “la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados…”. Pero ella los contrató. Y lleva menos de un año en el puesto.
Otra perla de Álvarez Maury: como su coordinador de asesores, por medio de outsourcing, designó a un personaje relacionado con el chanchullo priísta con las tarjetas Monex en la elección presidencial de 2012. Se trata de Alfredo Orellana (también itamita). Y como ésas, muchas más.
El nuevo gobierno de la República realizó un gran esfuerzo para crear un banco con altísimo contenido social, pero a veintiocho meses de distancia nadie sabe ya en qué terminará.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, sólo en los últimos días de marzo en tres sucursales del Banco del Bienestar (Jiquilpan, Michoacán; Valle de Bravo, y Tehuantepec, Oaxaca) se robaron casi 10 millones de pesos, y contando.
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