Es pertinente recordar que desde noviembre del año pasado, el titular del Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas ha permitido a los empleadores eludir obligaciones legales para con sus trabajadores. Tal medida generó expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, lo cual llevó al inicio, el mes siguiente, de negociaciones entre gobierno, sindicatos y la parte patronal.
En el curso de las pláticas se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.
En esta materia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso en la reunión de ayer la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Asimismo, dijo que hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
En suma, la autoridad federal, las organizaciones laborales presentes en el encuentro y los representantes de la iniciativa privada parecen haber encontrado una fórmula que, sin afectar negativamente el desempeño de las empresas, permita poner fin a extendidas y añejas injusticias laborales que han afectado a incontables trabajadores y que se derivan de la permisividad tanto de las leyes como de los responsables de aplicarlas para con el outsourcing, el cual se ha convertido en un verdadero tráfico de trabajadores y en un mecanismo para burlar derechos laborales básicos.
Cabe esperar que el acuerdo de ayer sea incorporado a la brevedad al paquete de reformas que López Obrador envió al Legislativo desde noviembre del año pasado y que en breve la subcontratación sea sólo un mal recuerdo.
Negocios y empresas
EU: estado benefactor
Miguel Pineda
El dilema actual en la economía de EU consiste en definir el modelo a seguir para superar la crisis. Mientras Trump se inclinó por apoyar a la iniciativa privada con la baja de impuestos, Biden piensa lo contrario y solicita un incremento para incentivar el gasto público.
Si el Congreso aprueba el nuevo plan de infraestructura de Biden ( American Jobs Plan) por 2.25 billones de dólares, el gobierno creará 12.8 millones de nuevos empleos en cuatro grandes ejes:
1. La reconstrucción de infraestructura (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, transporte colectivo y red eléctrica) con inversión de 620 mil millones de dólares.
2. Tecnología de la información, acceso universal a banda ancha, redes de agua potable, electricidad y escuelas, con inversión de 650 mil millones de dólares.
3. Cuidado a discapacitados y a adultos mayores, con 400 mil millones de dólares.
4. Investigación y docencia, con 580 mil millones de dólares.
Ahora comienza una discusión entre demócratas y republicanos sobre el camino a seguir, porque los recursos para realizar las obras no existen, lo que se puede traducir en un incremento de la inflación y en la caída de la producción en el sector privado.
Para conseguir el dinero se pretende aumentar el impuesto a las empresas, al pasar de 21 a 28%, incremento que no quieren avalar los republicanos. Sin embargo, en caso de que se apruebe, el gobierno espera recuperar los recursos en un plazo de ocho años.
La discusión se centra en el manejo de los recursos. ¿Es mejor administrador el gobierno al desarrollar infraestructura básica o más vale dejar el dinero a la iniciativa privada para que genere directamente empleos productivos y más riqueza?
En términos generales, los demócratas piensan que el gobierno tiene una visión de conjunto y que administra mejor la riqueza que la iniciativa privada para superar la crisis, evitar la recesión y mantener el crecimiento del PIB y del empleo. Sin embargo, los republicanos piensan que al cobrar más impuestos a las empresas el gobierno frenará el desarrollo de las empresas privadas y provocará una crisis con la caída de la producción y el empleo productivo.
La moneda está en el aire.
miguelpineda.ic@hotmail.com
