EU rechaza proyecto de resolución de Francia en el Consejo de Seguridad
▲ Devastación en el sur de la franja de Gaza por los bombardeos de Israel.Foto Xinhua
Afp, Ap, Reuters y Xinhua Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2021, p. 27
Washington. El presidente estadunidense, Joe Biden, declaró ayer que espera una significativa desescalada en el conflicto militar entre Israel y los palestinos, mientras el premier Benjamin Netanyahu advertía que todas las opciones siguen sobre la mesa, al continuar la ofensiva israelí contra Gaza y el lanzamiento de cohetes desde el enclave palestino a territorio israelí.
En 10 días, al menos 219 personas, incluidos 63 niños, han muerto en los ataques israelíes contra Gaza, según el ministerio de Salud.
En Israel los cohetes han provocado 12 muertos, incluidos dos menores.
Agencias de noticias calculan que 5 mil personas han resultado heridas en el conflicto.
El presidente expresó al premier que espera una significativa desescalada de violencia para encaminar un cese el fuego, indicó la Casa Blanca tras la cuarta conversación entre Biden y Netanyahu desde el comienzo de la crisis.
La declaración marcó una agudización en el tono público de la Casa Blanca hacia su aliado.
Sin embargo, no se aclaró lo que Biden considera significativo en su llamado a atenuar el bombardeo contra Gaza, que Israel asegura está dirigido al grupo islamita Hamas.
Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, tampoco explicó qué respuesta habría si no ocurre ningún cambio.
El gobierno de Biden ha insistido en que Israel tiene derecho a defenderse, incluso después de que fueron destruidas las oficinas de la agencia noticiosa estadunidense Associated Press en Gaza, y a pesar de que a la comunidad internacional exige a Israel un alto el fuego inmediato.
Al respecto, Francia presentó un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas; sin embargo, Estados Unidos atajó la iniciativa con el argumento de que no apoyará acciones que socavan los esfuerzos para desescalar la violencia.
La embajadora estadunidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, declaró el martes que un pronunciamiento del Consejo no ayudará a aliviar la crisis.
Ante embajadores en Tel Aviv, Netanyahu afirmó –tras el llamado de Biden– que no descarta ir hasta el final contra el movimiento islamita Hamas, si la opción disuasiva que aplica ahora no rinde frutos.
Al menos seis personas murieron ayer en ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza, mientras continuaba el fuego de cohetes lanzados desde el territorio gobernado por Hamas, aparte de una nueva andanada proveniente de Líbano. El mando militar israelí indicó que uno cayó en una zona abierta, dos en el mar y uno fue interceptado por la defensa antiaérea.
El Ministerio de Salud de Gaza recuperó varias vacunas contra el Covid-19 después de que resultó dañado el único centro de pruebas diagnósticas del territorio, y que sirve como centro de inoculación.
Continúan, además, los enfrentamientos entre judíos, palestinos y árabes israelíes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania.
Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y prometió demandar ante la Corte Penal Internacional.
EU debe cesar la injerencia
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que el gobierno de Estados Unidos ya se está tardando en dar respuesta a la nota diplomática enviada el 6 de mayo pasado, en la cual solicita aclarar el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como a otros grupos políticos disfrazados de asociaciones civiles. El mandatario recordó que la entrega de dinero a organizaciones políticas por parte de un gobierno extranjero es una clara muestra de intervencionismo en asuntos que sólo competen a los mexicanos, por lo que urgió a Washington a suspender de inmediato el financiamiento canalizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a esos grupos.
Por el poderío económico y los vínculos políticos de sus integrantes, Mexicanos contra la Corrupción se ha convertido en el más emblemático de los grupos de interés que recurren al membrete de organización no gubernamental o asociación civil para hacer política, y que no titubean en pasar por encima de la ley y de la soberanía nacional para empujar su agenda de enriquecimiento privado a expensas de las arcas públicas.
Ante la derrota del régimen neoliberal en 2018 y el total descrédito de sus representantes, estas entidades han suplantado las funciones de los partidos de oposición hasta erigirse en sus verdaderos coordinadores durante la campaña electoral en curso. Al hacerlo, desnaturalizan y pervierten la democracia, ya que sacan la disputa política de sus espacios previstos en la ley (los partidos) y la transfieren a supuestos organismos que se encontrarían fuera del escrutinio de las autoridades electorales. Tal escenario, grave en sí mismo, cobra un cariz alarmante por la omisión del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ejercer sus tareas de fiscalización y regulación sobre entidades que a todas luces participan en el proceso político.
En lo referente al plano externo, la reticencia de Washington a cortar el financiamiento ilegal a grupos políticos mexicanos podría ser la primera desavenencia significativa en una relación bilateral que, a contrapelo de quienes auguraban un choque bilateral, ha marchado hasta ahora por cauces de entendimiento institucional. A la fecha, la realidad ha desmentido a comentaristas e intelectuales vinculados a la oposición empeñados en sostener la especie de que el gobierno de López Obrador está condenado a chocar con el de Joe Biden, pero dicho desencuentro podría materializarse si la administración demócrata prolonga el financiamiento a un poder fáctico disfrazado de sociedad civil.
Para conjurar este choque, la Casa Blanca debería revisar, al menos en lo que concierne a México, el funcionamiento tradicional de su política injerencista de respaldo a grupos opositores disfrazados de otras cosas. Poner fin a esa conducta es una elemental medida de respeto a la legalidad mexicana, a su soberanía y al derecho a la autodeterminación, en tanto que mantenerla resultaría particularmente deplorable en el contexto de una relación bilateral en la que han primado los acuerdos y la voluntad de cooperación.
