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Guatemala, 19 de mayo .-- El Departamento de Estado estadounidense publicó el martes un informe en el que señaló públicamente a funcionarios y políticos centroamericanos vinculados con delitos como la corrupción y el narcotráfico.
Aunque el documento no deriva en ninguna sanción para los involucrados, es relevante porque reitera un mensaje que el gobierno de Joe Biden ha intentado dejar claro: el fortalecimiento de la democracia como uno de los pilares de su política hacia Centroamérica, porque la corrupción desenfrenada es una de las causas fundamentales de la inmigración ilegal.
El informe nombra a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que estarían comprometidos o que facilitaron “grandes actos de corrupción” o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos del narcotráfico para sus campañas y a los supuestos facilitadores de estos delitos.
Por Honduras designó a cinco diputados del Congreso que están acusados actualmente en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La mayoría de las acusaciones fueron desestimadas. También designó al actual diputado del Congreso hondureño, Oscar Nájera, por supuestos nexos con el cartel de ese país “Los Cachiros”. Su caso fue desestimado en los tribunales hondureños.
Nájera dijo este martes a The Associated Press que la congresista estadounidense Norma Torres, quien gestionó la publicación de la lista, fue sorprendida, porque él jamás ha cometido actos reñidos con la ley a lo largo de su vida personal y política. "Yo me someto a la justicia terrenal y mi mejor juez es mi conciencia”, expresó Nájera.
Por Guatemala el informe designó a seis políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos como Mario Estrada, excandidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía del expresidente Jimmy Morales, quien habría lavado cerca de 10 millones de dólares del narcotráfico.
También incluyó a Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde del municipio guatemalteco de Ocós San Marcos, acusado de narcotráfico y extraditado desde Panamá en febrero de este año. Los actuales diputados Felipe Alejos y Boris España fueron incluidos en el informe. Ambos integraron la Junta Directiva del Congreso y han sido acusados de corrupción.
España dijo a periodistas que el informe es un tema político. “Viajo a Estados Unidos para visitar o por una iglesia, no tengo algún negocio (allí)” explicó.
También aparece Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele, acusada de corrupción.
Tiziano Breda, analista para Crisis Group, dijo a The Associated Press que el listado es simbólico y conservador. “No tiene consecuencias prácticas, aunque podría servir de base para la famosa lista Engel que saldrá en junio”, explicó el analista que dijo que “se queda con muchos sospechosos habituales”, ya señalados y hasta sancionados en algunos casos. La lista Engel incluye los nombres de funcionarios vinculados con la corrupción y violaciones a los derechos humanos en el Triángulo Norte a los que Estados Unidos les retira la visa.
"Manda una señal a las autoridades judiciales nacionales, ya que hace énfasis en que muchos de los señalados o han sido investigados en los Estados Unidos o acusados por misiones internacionales... pero no investigados en sus países”, agregó Breda.
El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del senado estadunidense que seguirán examinando las denuncias de corrupción y utilizando “todas las demás autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”.
Con información de AP
El clientelismo político en Honduras atiza la migración hacia EU
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SAN PEDRO SULA, Honduras, 19 mayo .-- Bolsas de arroz y frijoles llegaron a un vecindario pobre de San Pedro Sula en abril de 2020, la segunda ciudad más grande de Honduras, una ayuda del Gobierno para los residentes que luchaban durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
César López y su familia no obtuvieron nada. La comida, denunció, fue solo para los seguidores del gobernante Partido Nacional, del que es opositor. Explicó que sucede algo muy similar con los trabajos que ofrece el Gobierno y otros beneficios.
López partió hacia Estados Unidos a principios de este año, motivado en parte por la distribución injusta de la ayuda durante la complicada situación causada por la epidemia y dos devastadores huracanes que azotaron el país el año pasado.
"Solo los que apoyan el Gobierno reciben ayuda", afirmó López a Reuters en marzo, mientras tomaba un descanso en un pueblo de Guatemala, en su camino rumbo a Texas.
El partido gobernante niega favoritismos y aclaró que tales acusaciones son típicas de opositores que buscan hacer quedar mal al presidente Juan Orlando Hernández.
Lo que es indiscutible es que el conservador Partido Nacional, desde que llegó al poder luego del golpe militar de 2009, ha construido una formidable maquinaria política que ejerce una gran influencia sobre las vidas de los casi 10 millones de habitantes de Honduras.
Este "clientelismo" ayuda a impulsar la migración a Estados Unidos, al despertar la desazón entre aquellos que resultan privados de los beneficios públicos, dijeron migrantes y especialistas en políticas públicas.
"A veces, el equilibrio entre quedarse y salir es la esperanza de que las cosas mejoren, y el clientelismo destruye esa esperanza", dijo Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute, con sede en Washington, que apoya políticas liberales de migración.
El Partido Nacional utiliza habitualmente su control de las instituciones y los fondos gubernamentales para recompensar a sus partidarios, castigar a opositores e influir en las elecciones, según entrevistas de Reuters con funcionarios y exfuncionarios, políticos de la oposición, exmiembros de la fuerza oficialista, diplomáticos, investigadores anticorrupción y académicos.
Decenas de hondureños, algunos en ruta hacia Estados Unidos, señalaron a Reuters que el sistema influyó en ellos o en sus familiares para migrar.
La corrupción está arraigada en Centroamérica.
Durante años, los políticos se han visto envueltos en escándalos de corrupción y juicios por tráfico de drogas.
La administración de Joe Biden ha hecho de la lucha contra la corrupción un elemento central de su estrategia de 4,000 millones de dólares para abordar las "causas fundamentales" que impulsan la migración desde los países del llamado Triángulo Norte centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras.
El economista Julio César Raudales se desempeñó como secretario técnico de Planificación y Cooperación Externa en el Gobierno liderado por el Partido Nacional de 2010 a 2014.
El exfuncionario relató que el gasto contra la pobreza era dirigido principalmente a áreas donde el partido tenía las mejores posibilidades de ganar las elecciones, aunque los funcionarios de alto nivel del partido no discutieron abiertamente esa práctica en las reuniones del gabinete.
"Toda la parte de inversión pública pasaba por mi oficina. No era difícil ver para mí el resultado de las decisiones que se tomaban", dijo Raudales, ahora vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Si bien la práctica no es nueva, se ha vuelto "muy descarada" bajo el mandato del Partido Nacional, denunció.
La agrupación rechazó las acusaciones de que distribuye ayuda basada en el apoyo político.
"Eso es totalmente falso", aseguró Fernando Anduray, portavoz y secretario ejecutivo de la comisión política del partido.
La ley hondureña exige que las municipalidades participen en la ejecución de los programas sociales. El Partido Nacional logró el 58% de las alcaldías de la nación en los comicios más recientes en 2017. Anduray dijo que cualquier caso de funcionarios locales que favorecieran a los seguidores del Partido Nacional fueron situaciones aisladas.
UNA PRÁCTICA FLORECIENTE
El clientelismo tiene una larga historia en América Latina. Fuerzas políticas como el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Revolucionario Institucional de México, que ocupó el poder durante siete décadas hasta el 2000, lo han utilizado para ejercer influencia, aseguran politólogos.
También lo ha hecho el antiguo rival del Partido Nacional en Honduras, el Partido Liberal.
"Todos somos cómplices", reconoció Juan Carlos Elvir, candidato vicepresidencial del Partido Liberal para las elecciones de noviembre. Los programas de bienestar del país, señaló, obligan a los ciudadanos a depender de los partidos políticos para obtener ayuda, un impedimento para combatir la pobreza.
Apoyar al partido gobernante no garantiza tener acceso a recursos ni alimentos, ni oponerse a él significa necesariamente una pérdida permanente de beneficios públicos, de acuerdo con analistas políticos y residentes.
Aun así, los migrantes hondureños dijeron que la práctica se ha vuelto particularmente desalentadora en medio de la turbulencia del año pasado, y un factor en su decisión de irse.
María García, quien partió hacia Estados Unidos en febrero con sus dos hijos pequeños, afirma que no recibió nada de la asistencia alimentaria que llegó a su pueblo en el suroeste de Honduras.
"Los que reciben ayuda son de él (el presidente)", aseveró García, una simpatizante del Partido Liberal, que habló con Reuters en la frontera entre Guatemala y México.
La presidencia hondureña, en un comunicado, aseguró que el objetivo de Hernández es dispensar ayuda social independientemente de afiliaciones políticas.
Académicos e investigadores anticorrupción que han estudiado Honduras dicen que el acceso a todo tipo de beneficios estatales, desde la entrega de alimentos hasta contratos públicos multimillonarios, requiere lealtad al Partido Nacional.
Los 12 años en el poder del partido le han permitido expandir y consolidar tales prácticas, muestran sus estudios.
Los operadores locales del partido están a cargo de dispensar los programas de bienestar del Gobierno, que luego son usados para cimentar el apoyo de los ciudadanos pobres antes de las elecciones, según un informe de marzo de 2021 del Centro de Documentación de Honduras, un instituto privado de investigación con sede en Tegucigalpa, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, un grupo estadounidense prodemocracia.
Un estudio de 2019 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt encontró que Honduras tenía el segundo nivel más alto de clientelismo en América Latina, después de República Dominicana.
El informe encontró que más del 18% de los 1,561 votantes hondureños encuestados en 2014 dijeron que les fue ofrecido un obsequio, favor o beneficio a cambio de su voto en las elecciones presidenciales de 2013. Sin embargo, la encuesta no indicó qué partidos políticos hicieron las supuestas ofertas.
UN CASO AISLADO
Mauricio Arias ha sido testigo de este arreglo como alcalde de la ciudad Copán Ruinas, en el oeste de Honduras.
Miembro del opositor Partido Liberal, sostiene que su administración está excluida de la toma de decisiones sobre un programa de asistencia federal llamado "Vida Mejor".
Arias asegura que los operadores locales del Partido Nacional deciden y dirigen la mayor parte de la ayuda a la base de votantes de la agrupación.
Tras la victoria de Hernández en 2013, el Gobierno implementó un plan de distribución de paquetes de alimentos conocidos como "bolsa solidaria".
La ayuda gubernamental fue canalizada en gran medida a ciudadanos identificados en un "censo" interno del Partido Nacional como probables votantes, dijo Raúl Pineda, exlegislador de esa fuerza política.
"Si usted no está en el censo, no tiene acceso a la bolsa solidaria", agregó Pineda, quien ahora se desempeña como analista político.
Anduray, el portavoz del Partido Nacional, explicó que su grupo tiene una extensa base de datos de sus miembros y simpatizantes, pero enfatizó que el Gobierno no utiliza esa información para la distribución de asistencia y que este no discrimina a los votantes de la oposición al entregar apoyos.
Entre quienes ayudan al partido gobernante a forjar conexiones con los votantes se encuentran activistas como Sogeri López, una simpatizante desde hace mucho tiempo en Chamelecón, un suburbio de San Pedro Sula.
Antes de las primarias de marzo de este año, recordó, el Partido Nacional le ofreció un estipendio por tocar las puertas en su vecindario, que fue duramente golpeado por los huracanes de noviembre.
López dijo que su trabajo era obtener información de contacto de posibles simpatizantes del partido, para ayudar a movilizar la participación. Además, fue instruida de informar a los votantes que recibirían alimentos, colchones nuevos y materiales de construcción para reparar sus casas.
El Partido Nacional "prometió ayuda a cambio de que uno fuera a votar", afirmó López, a quien también le prometieron un trabajo para su hijo Daniel, de 21 años.
Anduray, del Partido Nacional, sostiene que habría sido una situación aislada en caso de que efectivamente se hubieran hecho tales promesas. "No es una estrategia del Partido Nacional".
López se ha desilusionado desde entonces.
Lamentó que algunos de los apoyos que les fueron prometidos a los votantes nunca llegaron. Tampoco su estipendio ni el empleo de Daniel, quien emprendió el viaje hacia el norte el mes pasado con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
con información de Reuters
