AP frontera Méxiuco US niños.jpeg
Foto/AP
Washington, 12 Mayo 2021 .--- Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos y México alcanzaron en abril su máximo en 15 años ante el poco éxito de la administración de Joe Biden para disuadir los viajes de los migrantes, según revelan datos oficiales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que interceptó el mes pasado a 178.622 personas intentando entrar a Estados Unidos sin los papeles oficiales de migración, 5.000 más que las cifras ya muy altas registradas en marzo.
Esta cantidad supera también en más de diez veces a la de abril de 2020, cuando estaba vigente una dura represión por parte del gobierno de Donald Trump.
Pero migrantes de todos los tipos -adultos solos, familias y menores no acompañados- trataron de aprovechar lo que parecía un mejor trato por parte de la nueva administración de Biden e intentaron entrar en Estados Unidos.
En abril, el número de adultos solos que trataron de ingresar al país por la frontera suroeste desde México aumentó un 10% respecto a marzo hasta alcanzar los 111.301, afirmó el CBP.
Los migrantes mexicanos representan una mayor proporción de detenciones que en el pasado reciente, mientras que los centroamericanos representan una proporción menor. A manera de ejemplo, alrededor de cuatro de cada diez (42%) de los detenidos en la frontera suroeste en febrero eran personas de origen mexicano, frente al 13% en mayo de 2019, el mes pico más reciente para las detenciones mensuales, según un informe de Pew Hispanic Research.
Los migrantes que llegaron en unidades familiares, frecuentemente con niños muy pequeños, alcanzaron los 50.000, un 8% menos que en marzo.
Y los menores no acompañados, a los que la administración de Biden está permitiendo permanecer con familiares en Estados Unidos, sumaron 17.171, un retroceso respecto a los 18.890 de marzo.
Pero estos números eran ya mucho más altos que los de los meses anteriores a que Biden llegara a la Casa Blanca el 20 de enero, por lo que sus críticos aseguran que su gobierno ha provocado una "crisis" en la frontera.
"El CBP continúa viendo un gran influjo de migración ilegal en la frontera suroeste", afirmó el comisionado interino del CBP, Troy Miller.
El organismo afirmó que el 62,5% de los detenidos fueron enviados de vuelta al otro lado de la frontera debido a los controles por la epidemia de covid-19.
No dijo cuántos de los restantes fueron autorizados a quedarse ni a cuántos se les negó la entrada en base a otros protocolos o leyes.
Cuatro quintas partes de los migrantes son de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayoría de quienes proceden de los tres países de Centroamérica dicen estar escapando de la pobreza y la violencia en sus países, y solicitan asilo cuando llegan a Estados Unidos.
Biden encargó a la vicepresidenta, Kamala Harris, tratar de negociar acuerdos con los líderes de esos países para reducir el flujo de migrantes hacia el norte.
Su administración admitió, sin embargo, que atacar las causas profundas de la migración, la pobreza y la violencia tomará mucho tiempo.
Además, ha tenido dificultades para reubicar a las decenas de miles de niños que cruzaron la frontera sin padres o familia.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el CBP tenían más de 21.000 niños en sus instalaciones temporales, cantidad que no varió sustancialmente en el último mes.
Stephen Miller, que lideró la dura represión de Trump a toda la inmigración, afirmó en un tuit que los números del CBP "muestran que la catástrofe en la frontera está aún más fuera de control".
Revira México; en EU los jornaleros mexicanos son víctimas de abusos
Trabajadores del campo en imagen de archivo. Foto Afp
Ciudad de México. México reviró a Estados Unidos por las recientes denuncias de violaciones a acuerdos laborales del T-MEC.
La administración mexicana informó que ha detectado diversos incumplimientos de la normativa estadunidense en materia laboral en perjuicio de los trabajadores migrantes de las industrias agrícolas y de procesamiento y empacado de proteína, como la falta de pago de horas extra, incapacidad para negociar de manera colectiva o falta de protocolos contra el Covid-19.
Ante ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso al de Joe Biden abrir un espacio de cooperación en el marco del acuerdo comercial para resolver las violaciones a las leyes.
Esto se da después que Washington interpusiera una denuncia bajo el tratado comercial alegando posibles violaciones laborales en la planta de General Motors en Silao, en Guanajuato, convocando a México a investigar y resolver el caso.
La réplica mexicana se presentó mediante una misiva enviada por el embajador Esteban Moctezuma al secretario del Trabajo estadunidense, Martin J. Walsh, en la que subrayó que si bien a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los empleados, independientemente de su situación migratoria, en la práctica la situación es distinta.
“Factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”, apuntó el diplomático en la carta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el embajador transmitió los comentarios e inquietudes que ha detectado México con respecto a la falta de aplicación de leyes laborales.
Como la falta de pago de salario y el tiempo extraordinario correspondiente; la exclusión de los jornaleros del pago de tiempo extra, de salario mínimo en supuestos específicos y del derecho a organizarse y negociar colectivamente.
El incumplimiento de los empleadores de los protocolos de descansos e instalaciones para trabajadores del campo; la falta de regulación federal respecto al estrés por calor en la industria agrícola; disparidad salarial entre los trabajadores de las empacadoras y los trabajadores de las plantas de procesamiento de proteína.
Acceso limitado a estaciones de lavado de manos y sanitarios; incumplimiento de empleadores de los protocolos de Covid-19 y la falta de medidas de seguridad y salud para evitar el contagio y propagación; la imposibilidad de acceso para trabajadores indocumentados a ciertos recursos legales como la reinstalación o el pago de salarios caídos, insuficiencia en la atención a los casos de violencia y acoso sexual.
Frente a ello, el gobierno mexicano planteó un espacio de cooperación en el marco del T-MEC, conforme a los términos previstos en el artículo 23.12, “en aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del Tratado”.
Esto, añadió en su carta el embajador en Washington, sin renunciar a los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el acuerdo comercial para Norteamérica, y reconociendo la importancia de la cooperación como mecanismo para la implementación efectiva de derechos laborales.
"El gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”.
La cancillería mexicana recordó que el T-MEC promueve la aplicación de los derechos laborales fundamentales, procura garantizar la protección a los trabajadores migrantes, impulsa una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales internacionales y fomenta el diálogo para atender diferencias relativas a la aplicación de los compromisos de su capítulo 23.
