Alejandro Alegría
Periódico La Jornada Sábado 10 de septiembre de 2022, p. 14
Por segunda ocasión en el año se registró una entrada de capitales en el mercado de bonos, con un ingreso en agosto de 26 mil 100 millones de pesos para la compra de títulos emitidos por el gobierno federal en el sistema financiero local.
Después de seis meses seguidos de salidas de inversión extranjera en este sector, en el octavo mes se reportó el aumento en la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros.
Al citar datos del Banco de México (BdeM), Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis en Grupo Monex, destacó que se trata del segundo mes en lo que va del año, pues el primero fue enero, cuando se registró un ingreso de 14 mil 200 millones de pesos.
La experta subrayó en su cuenta de Twitter que la entrada de capitales de México por 26 mil 100 millones de pesos de agosto es la mayor para un octavo mes del año desde el 2012.
Sin embargo, señaló que este movimiento ocurre tras la salida acumulada de 115 mil 200 millones de pesos en los seis meses previos.
Quiroz Zamora apuntó que de acuerdo con los datos del BdeM en el acumulado de enero a agosto de este año, la salida de capitales suma 74 mil 880 millones de pesos.
Destacó que dicho monto se encuentra muy por debajo de las observadas durante el mismo periodo en 2020 y 2021.
La subdirectora de análisis de Monex comentó que con datos reportados hasta agosto, en comparación con los niveles previos a la pandemia, específicamente al 31 de diciembre de 2019, la salida de capitales de México suma 589 mil 700 millones de pesos, monto que implica una caída de 27.5 por ciento.
De acuerdo con los datos del banco central, julio se ha colocado como el mes con la mayor migración de capitales extranjeros en lo que va del año, pues salieron 56 mil 57 millones de pesos.
Lo anterior se dio después de que en junio también migraron 18 mil 2 millones de pesos, a pesar de que en mayo apenas salieron 646 millones de pesos en el mercado de bonos.
En días recientes, el BdeM señaló que la tendencia de salida de capitales había reportado una pequeña reversión, pero no lo especificó con datos, pues aún no se tenían disponibles.
Incluso la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, consideró que los retiros de inversión se explicaban por factores externos.
Esto coincide con la política monetaria emitida por la institución, la cual llevó a que la tasa de interés de referencia se colocara en 8.5 por ciento, como medida para contener la inflación.
Retos de la procuración de justicia en Hidalgo
Santiago Nieto Castillo
En su toma de protesta, el 5 de septiembre, el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, se pronunció a favor de la reconstrucción del estado de derecho en la entidad; erradicar la corrupción y la impunidad; apostar por la conciliación entre las y los hidalguenses; hacer un gobierno cercano a la gente, y garantizar sus derechos y libertades.
El nuevo gobierno de la entidad tiene el reto de generar las condiciones para la debida operación de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo como un órgano constitucional autónomo que opere de manera eficiente en el marco del sistema de justicia penal acusatorio, el cual se implementó en la mayor parte del país, a raíz de la reforma constitucional de 2008, donde hasta el momento Baja California Sur, Tlaxcala e Hidalgo continúan funcionando como procuradurías.
El sistema de justicia penal acusatorio exige que las policías investigadoras tengan perfiles especializados que ayuden al Ministerio Público a aportar valor técnico y científico a los hallazgos de las líneas de investigación y, por otro lado, a fiscales que tengan niveles altos de competencias de litigación oral para acusar y defender su teoría del caso ante el juez de control. Es decir, debe distinguirse con claridad la función de cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso penal, en particular la del Ministerio Público, cuya autonomía radica en la nueva función que desempeña como órgano acusador, y no en una autonomía orgánica mal entendida. La política criminal de Estado implica seguridad, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ejecución de sanciones y, por supuesto, la participación de la ciudadanía.
A partir de estos elementos, entre otros, se podrá establecer un plan de persecución penal que, además, atienda el fenómeno delictivo de la entidad y no caso por caso, como actualmente se actúa, así como incorporar la participación y reforzar el apoyo de las víctimas que, en el sistema acusatorio, juegan un rol preponderante al igual que el fiscal, el imputado y su defensor.
Por mencionar algunas cifras, en 2020 se identificaba a los delitos de extorsión y fraude como los más cometidos en el estado de Hidalgo y se estima que durante ese mismo año, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 5 mil 358.3 millones de pesos1. Asimismo, llama la atención que los delitos con mayor incremento de 2021 a 2022 fueron aquellos cometidos por servidores públicos, narcomenudeo, extorsión, robo a transeúntes en la vía pública y secuestros.
Por otro lado, las modificaciones que se requieren para transitar a un modelo constitucional de autonomía deben incluir el servicio profesional de carrera que contemple el ingreso, desarrollo, evaluación, promoción, separación y reincorporación. Tal y como se puede desprender de cada una de las fases, uno de los pilares del servicio profesional de carrera es la permanencia en el empleo, porque asegura la independencia y autonomía técnica de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de sus casos. Si no se cumple con cada una de las fases, no existirán las condiciones óptimas para desarrollar un servicio de carrera de manera integral como mecanismo de gestión del desempeño y desarrollo del personal de la fiscalía.
De igual manera, un tema pendiente es la operación plena de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que actualmente se ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual debe constituirse como una unidad administrativa que obtenga de primera mano información patrimonial y económica existente en las diversas instancias de la entidad con la finalidad de analizarla y transformarla en información de inteligencia para detectar, prevenir y combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y, con ello, debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en Hidalgo.
Tomando en cuenta lo anterior, así como el abatimiento del rezago, la instrumentación de controles, evaluación y rendición de cuentas, será parte de los retos que el nuevo gobierno del estado enfrentará de cara al mejoramiento de su sistema de justicia, lo cual es impostergable y evidentemente tendrá un impacto en la calidad de vida de la población. Lo más importante es que hay voluntad política y el respaldo de la ciudadanía hidalguense. Ese es el primer paso para el verdadero cambio social.
1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021. Véase en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_hgo.pdf
