Carlos Fernández-Vega
▲ Personeros de Grupo México recorren las poblaciones afectadas por el desastre ecológico causado por ese corporativo ocho años atrás en los ríos Sonora y Bacanuchi, a fin de comprar el silencio de los damnificados. En la imagen, el pueblo de Cananea.Foto Alfredo Domínguez
Chequera en mano, personeros de Grupo México, propiedad del tóxico barón Germán Larrea, recorren las poblaciones afectadas por el desastre ecológico causado por ese corporativo ocho años atrás en los ríos Sonora y Bacanuchi, para ofrecer dinero a los damnificados (hasta un millón de pesos en algunos casos) a fin de silenciar reclamos, archivar denuncias, romper la unidad de las poblaciones afectadas, aparentar que la empresa ha cumplido cabalmente con la remediación de la zona dañada y, lo más importante para ella, evadir su responsabilidad, mantener la impunidad y seguir derramando tóxicos por toda la República.
Paralelamente, la misma empresa que se niega a respetar los derechos laborales de los mineros de la sección 65 de Cananea, en huelga desde 2007, maniobra de forma por demás burda para intentar romper su unidad, ofrecer dinero y olvidar todo lo ocurrido, en complicidad con las autoridades estatales que no han movido un dedo para encontrar soluciones a un conflicto que se prolonga por 15 años, y contando. ¿Cómo lo hace? Todo con la chequera, nada con inteligencia.
El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre (antes Minera Cananea, propiedad de Larrea) derramó más de 40 millones de litros de ácido sulfúrico, tóxicos y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Fue tal la magnitud que hasta el propio titular de la Semarnat peñanietista Juan José Guerra Abud, se vio obligado a reconocer que se trataba del mayor desastre ecológico provocado por la minería en México. Con todo, no fue mucho más allá para remediar y sancionar el ecocidio de Grupo México. Nadie tocó al corporativo.
Según las investigaciones científicas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora, con tal derrame Grupo México afectó a más de 20 municipios y poblados de la entidad y dejó alrededor de 25 mil damnificados que –más allá del grave daño físico, económico, productivo, ecológico y a la salud– permanecen expuestos a la contaminación de los ríos, que no ha desaparecido, cubriendo un área de más de 270 kilómetros y afectando la cuenca de muchos municipios, incluida la capital del estado. Las poblaciones de esos lugares sólo fueron avisadas cinco días después del derrame y tampoco existió se-ñalamiento alguno advirtiendo del peligro por metales tóxicos en los ríos afectados. Al ácido sulfúrico derramado hay que agregar que se hallaron arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en el río Sonora en cantidades superiores a las permitidas según las normas oficiales. Pese a las contundentes evidencias, en su informe oficial a la Bolsa Mexicana de Valores de 2015, Grupo México declaró superado el siniestro de 6 de agosto de 2014.
La realidad no se tapa con declaraciones o chequeras, pero el corporativo cree que si reparte dinero entre los damnificados (y las autoridades, desde luego) todo quedará en el olvido, como en apariencia quedó el compromiso de la actual administración de revisar a fondo el manejo del Fideicomiso Río Sonora –creado en el sexenio de Peña Nieto tras el derrame– con un fondo de 2 mil millones de pesos, de los que 800 millones fueron devueltos a Grupo México por el propio gobierno peñanietista, porque sus fines fueron cumplidos (Guillermo Haro Bélches, a la sazón titular de la Profepa).
Por cierto, como senador de la República el actual gobernador sonorense, Alonso Durazo, se comprometió a meter en cintura a Grupo México para que resarciera a los damnificados y la remediación ecológica fuera rápida y efectiva. En realidad, parece que el corporativo fue el que metió en cintura al propio mandatario estatal: nada ha cambiado, especialmente ni la impunidad del corporativo.
Algo similar pasó con el coordinador en Sonora de Programas de Desarrollo del gobier-no federal, Jorge Taddei Bringas (padre del fla-mante director de LitioMx), quien, tiempo a-trás, en entrevista con un medio, dijo: “revisaré cómo se gastó el dinero (del Fideicomiso Río Sonora), los actores involucrados y dónde quedó el recurso faltante … sospecharía (…) que hubo algunos arreglos tras bambalinas y debió existir malversación”. Por ello, “vamos no sólo a preocuparnos, sino a ocuparnos… para que se haga justicia, premisa esencial del nuevo gobierno”.
Y todo sigue en el aire.
Las rebanadas del pastel
¿Quién es el cínico funcionario de la Secretaría de Gobernación que pregona: Grupo México es un mal necesario para el país?
cfvmexico_sa@hotmail.com
El paquete nos compete
León Bendesky
El presupuesto para 2023 entregado recientemente por la Secretaría de Hacienda al Congreso está configurado en un complicado escenario económico y político.
El documento es, por su naturaleza, de carácter técnico; proyecta las intenciones y acciones en materia de los ingresos y el gasto de los recursos del sector público.
Pero no es sólo un instrumento administrativo y es erróneo tratarlo así. Es una declaración explícita de las opciones sobre las fuentes y los usos de los recursos que tiene repercusiones financieras, productivas y sociales de corto, mediano y largo plazos. Cada una de las cifras que indican el origen y el destino de los recursos públicos para el año presupuestal expresa una decisión de poder emanada del Ejecutivo y que se avala en el Congreso.
En este sentido, los Criterios Generales de Política Económica que enmarcan el paquete económico del año entrante constituyen una visión apocada y contenida de la economía y de sus derivaciones materiales y sociales. Esto es consistente con el desempeño económico registrado en lo que va del sexenio y, aun más, con la visión del país que se mantiene en el gobierno desde las decisiones tomadas a mediados de 2018 y que se extenderá, queda claro, hasta el fin de esta administración.
Las previsiones presupuestales contrastan con las expectativas que recoge la encuesta mensual del BdeM. La tasa de crecimiento del producto para este año se ha fijado de modo puntual en 2.4 por ciento y en 3 para 2023. La encuesta de agosto la sitúa en 1.9 y 1.3, respectivamente. En cuanto a la inflación, las previsiones oficiales son 7.7 por ciento este año y 3.2 el entrante; la encuesta indica 8.15 y 4.62 por ciento en cada año. La tasa de interés se prevé al cuarto trimestre de cada uno de esos años en 9.50 y 8.50 en los Criterios y 9.70 y 9.17 por ciento en la encuesta.
El presupuesto mantiene el énfasis en el equilibrio fiscal. El costo de la deuda pública se ha incrementado por el alza de las tasas de interés. Restringir la deuda es una postura fiscal que reduce costos, pero no endeudarse es, en ciertas condiciones, costoso también. La estimación de los ingresos fiscales tributarios puede ser excesiva si no se cumplen los objetivos de crecimiento y se ha dicho que no habrá alzas de impuestos.
Para que sea útil, todo presupuesto depende de las proyecciones de los flujos de ingresos y egresos e, igualmente, de la gestión de los acervos, como son los activos acumulados en formas distintas de inversión real o financiera.
Esto tiene que ver inevitablemente con la correcta valuación de dichos componentes. Lo que se advierte de la presentación del paquete de Hacienda es que parece haber discrepancias en cuanto a dicha valuación. Al respecto es relevante la manera en que mide la Presidencia los ahorros que supuestamente se han conseguido a lo largo de su gestión. Los ingresos excedentes a la hacienda pública los ha valuado en un billón 700 mil millones de pesos (mmdp), derivados de diversos rubros como se señaló en el cuarto Informe de gobierno. El caso es que ni en Hacienda, ni en la Tesorería de la Federación parece haber cómo comprobar esas cifras. Llamo la atención a la nota que al respecto se publicó en este diario el pasado 9 de septiembre (https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/economia/020n1eco). Sobre todo, debe verse la explicación que al respecto se ofreció desde la propia oficina presidencial.
Si esto es así y no hay relación y consistencia entre esas cifras y las del presupuesto, se abre un cuestionamiento sobre las consecuencias de dos realidades paralelas: las decisiones sobre el uso de los recursos públicos, de una parte, y las perspectivas presupuestales, de la otra parte. El caso es que Hacienda debe cumplir con la ley relativa al presupuesto. No es, pues, un asunto menor en materia de gestión de los recursos y del conocimiento mismo de lo que pasa en el país.
Volviendo a la materia presupuestal y el sentido de las asignaciones de los recursos que deberán estar disponibles el año entrante, puede llamarse la atención a ciertos casos de relevancia. Me refiero, aquí, a la asignación de fondos a diversos rubros: a Pemex, por ejemplo, irán 678.4 mmdp; a CFE, 437.7. Al Tren Maya, 143 mmdp; a Dos Bocas, 47.2; y al AIFA, 836 millones, todas éstas, obras que devoran recursos de más y sin freno. Estas cifras contrastan con las asignadas a cuestiones sociales: a Bienestar irán 408.2 mmdp; a Educación, 402.2; a Salud, 209.6; a Defensa, 111.9 ; a Agricultura y Desarrollo Rural, 70.5. Tan sólo al pago de pensiones está comprometida una quinta parte del presupuesto.
Esta economía muestra dinamismo en dos rubros sobresalientes. Uno es el comercio con Estados Unidos y el otro el enorme flujo de remesas que proviene de ese mismo país. En el primer caso hay toda una serie de cuestiones que deberían estar arriba en la agenda de un esquema de crecimiento, productividad y empleo. Promover más inversión y aprovechar la recomposición global de las cadenas de suministro, asunto en el que México tiene una ventaja institucional en el T-MEC y geográfica únicas. En cuanto a las remesas, que son flujos que esquivan al gobierno y cuyo costo de transacción pagan los usuarios, han servido de apoyo para aminorar la presión social apoyando los ingresos de una parte relevante de la población. Estos dos elementos deben dar cabida a una reflexión acerca del funcionamiento de la economía y sus consecuencias presupuestales.
