Carlos Fernández-Vega
La industria nacional de fertilizantes fue desmantelada por la política privatizadora del salinato, que benefició a dos barones (Alonso Ancira y Fabio Covarrubias) quienes la destrozaron sólo para regresarla al Estado, por medio de operaciones fraudulentas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El resultado fue más que dañino para el país: de la autosuficiencia, pasó a ser importador neto de esa producción y la del campo nacional fue en picada.
Por ello, una meta del gobierno federal es recuperar y fortalecer a la industria de fertilizantes para que los productores del campo incrementen sus cosechas (en especial alimentos de consumo popular, con el maíz en primer lugar), de tal suerte que se ha comprometido a aumentar la dotación de estos productos, mediante la rehabilitación y fortalecimiento de las plantas que la administración anterior recompró a precio inflado a Covarrubias y Alonso.
Así, ha logrado aumentar la producción nacional de fertilizantes así como la exportación, lo que se traduce en una mejoría financiera de las empresas recompradas (Agronitrogenados y Fertinal) y el consecuente aumento de ingresos y márgenes de ganancia.
Sin embargo, dichos resultados positivos contrastan con el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT) que Pemex Fertilizantes (ahora integrado a Pemex Transformación Industrial) tiene con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, en concreto con su sección 274 con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que el 26 de agosto pasado estalló la huelga en la empresa por falta de acuerdos en el reparto de utilidades, violaciones al CCT y pésimas condiciones de seguridad para los trabajadores (parece que estamos en Chernobyl, aseguran algunos de ellos). El 5 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente, pero la organización obrera se amparó y logró la suspensión provisional, por lo que el paro de labores se mantiene.
Los integrantes de la sección 274 del sindicato minero que preside Napoleón Gómez Urrutia indican que, a pesar de las pésimas condiciones laborales, hemos superado las metas de producción fijadas por la empresa en la planta de Lázaro Cárdenas, y califican de falsa e injusta la versión de los directivos de que no hay utilidades para repartir, por tratarse de una empresa sin ganancias, pues se dedica exclusivamente a apoyar programas sociales.
El líder nacional de los mineros, también senador de la República, detalla que el reparto de utilidades, además de ser posible, es un tema importante, pero también lo son las violaciones al CCT, de tal suerte que la decisión de iniciar la huelga se tomó, no por mayoría, sino por unanimidad de los mil 200 sindicalizados, que se juegan la vida todos los días, dadas las pésimas condiciones de seguridad e higiene. Reconocemos y apoyamos el papel de interés social que tiene Fertinal, pero la ley establece un pago hasta de 90 días cuando no se tienen utilidades, en compensación al esfuerzo de todo el año, y los trabajadores han mejorado la productividad, han incrementado los niveles de producción considerablemente en estos últimos años y no han bajado el ritmo a pesar de estar expuestos a un accidente o una tragedia.
La Sección 274 del sindicato que preside Gómez Urrutia informó que la planta de Lázaro Cárdenas produce fertilizante que se exporta a España, Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Rumania. Detalló que sólo en 2021 se vendieron más de 647 mil toneladas de fosfato monoamónico, independiente de lo entregado en el mercado interno.
Además, produce explosivos de alta y baja densidad que se distribuyen a empresas mineras del país para realizar voladuras (300 mil toneladas en 2021); ácidos nítrico y fosfórico (150 mil y 40 mil toneladas, respectivamente); amoniaco (151 mil toneladas) y mucho más, por lo que pedimos una auditoría interna a fondo al corporativo Agroindustrias del Balsas, pues el presidente López Obrador no tiene información correcta sobre lo que esta empresa produce y de lo que vende fuera y dentro del país.
Las rebanadas del pastel
Quienes endeudaron hasta la coronilla al país ahora se muestran críticos por el costo financiero de ese débito, que incluye el Fobaproa y todo tipo de rescates privados. Por ello, el presidente López Obrador revira: ¿ya se les olvidó ese compromiso?
cfvmexico_sa@hotmail.com
Dos caras de la misma moneda
Santiago Nieto Castillo
En julio de este año, el Congreso de Estados Unidos publicó el informe México: Organizaciones d el crimen organizado y el narcotráfico, en el que se da cuenta de la amenaza que representan los cárteles del narcotráfico mexicanos en ese país y la variedad de delitos que les permiten generar recursos con otras fuentes además del trasiego de drogas, como la extorsión, la trata de personas, el robo de hidrocarburos y el mercado negro de armas, entre otros.
Destaca también los aumentos en la tasa de homicidios en México que se atribuyen ampliamente a la violencia desatada por estos grupos delictivos. Lo anterior es interesante si compartimos la visión sobre los efectos del aumento de la violencia y su expansión debido en gran medida al uso de armas adquiridas precisamente en suelo estadunidense por parte del crimen organizado como moneda común, sin ningún tipo control real por parte de dicho país para evitar o restringir que los cárteles de la droga sigan abasteciéndose de arsenales y, en cambio, fortalecer en conjunto la estrategia de seguridad de ambos países.
Sin duda, en el informe se evidencia el impacto la violencia relacionada con los grupos de delincuencia organizada en la seguridad fronteriza, así como la evaluación de algunos congresistas estadunidenses acerca de los costos y la eficacia de la asistencia antinarcóticos de ese país en la estrategia de seguridad entre Estados Unidos y México.
Asimismo, se expresa preocupación respecto de la manera en que la violencia vinculada a los cárteles de la droga está afectando peligrosamente a algunos sectores económicos lícitos y a la relación comercial entre ambos países, lo que sí es de llamar seriamente la atención por el impacto negativo en el desarrollo económico del país.
Sin embargo, aun cuando se reconoce que la administración del presidente Joe Biden y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están colaborando en el nuevo programa de seguridad bilateral en el marco de Entendimiento Bicentenario, así como el compromiso del Congreso de aquel país para dar seguimiento a dicho acuerdo, se omite la problemática en torno de las empresas de armas y su responsabilidad corporativa en el tráfico ilegal a nuestro país y su influencia directa en la ola de violencia en México.
En ese sentido, por mencionar algunos datos, de acuerdo con Small Arms Survey: México es el quinto país con más armas de fuego sin registrar, superado sólo por China, India y Estados Unidos.
Actualmente, siete de cada 10 homicidios en México se cometen con artefactos de balas y seis de cada 10 asesinatos de mujeres se perpetran con un arma de fuego. En la demanda civil que presentó el gobierno de México, por conducto del canciller Marcelo Ebrard, en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas ante la Corte Federal de Massachusetts, se calcula que cada año se trafican alrededor de medio millón de armas de Estados Unidos a México. De igual manera, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense, reporta que entre 70 y 90 por ciento de las armas de fuego aseguradas en escenas del crimen en México, son rastreadas a Estados Unidos.
Como nunca, nuestro país está forjando un liderazgo internacional mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores para entablar un diálogo diplomático sobre el tema y, al mismo tiempo, emprender acciones contundentes ante organismos internacionales, así como acciones legales y campañas de concientización a fin de frenar el trasiego de armas que ingresan ilegalmente al país y afectan la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas. El tema es ya impostergable.
Discurso en Mítin de Magna Movilización en el Zócalo 12 IX 2022
